En Zacualtipán de Ángeles, municipio ubicado rumbo a la Huasteca de Hidalgo, el problema del desabasto de agua es permanente desde hace muchos años. Los gobiernos van y vienen y las familias continúan sin tener garantizado este derecho básico universal.
Desde 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acudió a Zacualtipán donde se comprometió con los habitantes a destinar una parte de los recursos obtenidos de la venta del avión presidencial a garantizar el servicio de agua en la región. Con esta promesa atrajo el apoyo popular y a más de tres años y con el avión presidencial vendido, no se ha solucionado esta problemática, sino que se ha agravado.
El pasado jueves, vecinos de diversas colonias como Cozapa, La Garita, Loma Bonita, Panotlan, Chililiapa y Flor de Campo, se manifestaron frente a la presidencia municipal de Zacualtipán para exigir solución a la falta de agua potable que enfrentan, algunos desde dos semanas y otros desde hace tres meses. Esto ha orillado a los afectados a comprar viajes en pipas y recipientes de mil 200 litros, lo que ha afectado en su economía. Los inconformes fueron atendidos por el presidente municipal quien se comprometió a abastecer de agua a las familias por medio de pipas gratuitas. Sin embargo, los manifestantes claman una solución definitiva, ya que quieren promesas vacías.
En el municipio de Zacualtipán la principal actividad económica es la industria textil, que desde hace más de 20 años ha desencadenado un verdadero problema de contaminación del río que cruza el pueblo, la mayoría de las lavanderías comerciales y maquiladoras locales arrojan a diario sus aguas al drenaje, las cuales contienen jabón y químicos. Además, generan inconformidad en la población porque todos los días las tuberías de la red general se ven colapsadas por las descargas de aguas de colores de las textileras y se riegan sobre la vía pública.
Así, más de 38 mil familias carecen de agua mientras las grandes empresas textileras contaminan el río bajo auspiciadas por los gobiernos quienes otorgan facilidades a los empresarios como exenciones de impuestos y obtener agua a bajo costo para sus procesos sin una regulación apropiada de sus desechos. En el sistema económico actual, con la privatización de los recursos naturales se favorece a la empresa y sus ganancias, aunque el pueblo pague el costo con el agotamiento de sus recursos, la destrucción de sus ecosistemas y más aún, de su salud.
Ciertamente, este caso no es único se repite a lo largo del país. México padece de importantes conflictos de agua que van desde la escasez, contaminación, conservación y, por supuesto, la falta de infraestructura para su distribución. Este último factor ha generado una brecha que afecta a un gran número de hogares sin acceso al agua potable, especialmente aquellos en situación más vulnerable.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 35.2 millones de viviendas que hay en México, 8.1 millones (23.1 por ciento) no cuentan con agua entubada dentro del hogar.
Respecto a la falta de infraestructura, competencia directa del aparato estatal, México tiene un rezago enorme. En las poblaciones rurales menos de la mitad de la población (43.2 por ciento) tiene infraestructura hídrica al interior de su hogar y en las ciudades, el índice aún es bajo, 86.2 por ciento de los inmuebles habitacionales tiene este servicio.
La política de recorte a los presupuestos municipales y la priorización de las mega obras y los programas electoreros de la 4T no permite el combate de este rezago en infraestructura.
En Zacualtipán se necesita la construcción de una presa con una inversión de 450 millones, y los 92 millones de dólares obtenidos de la venta del avión presidencial solo alcanzaban para cumplir el 86 por ciento del costo del avión que se debía en el préstamo a Banobras. Una vez más, se dio al pueblo demagogia y no resultados.
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