MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Somos la voz de nuestros muertos

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El viernes pasado se cumplió un año del triple asesinato cometido contra dos líderes antorchistas y su pequeño hijo. La tarde del 12 de abril de 2023, Conrado Hernández Domínguez, Mercedes Martínez Martínez y el pequeño de casi seis años Tlacaélel Vladimir Hernández Martínez, fueron asesinados a golpes y por estrangulamiento por sicarios profesionales, en Ojo de Agua, un punto de la carretera México – Acapulco, cerca de Chilpancingo. El antorchismo se enteró al día siguiente por la mañana, cuando generó preocupación que ni Conrado ni Meche llegaron a su reunión del Comité Estatal. Entonces comenzó la búsqueda y la noticia a todos nos golpeó en el alma: dos líderes antorchistas, sencillos, estudiosos, trabajadores, jóvenes y abnegados, así como su niño de cinco años, habían sido asesinados.

Marchamos porque exigimos justicia ante este crimen: queremos que los asesinos materiales e intelectuales de Conrado, Meche y Vladi, sean encontrados, encarcelados y paguen su culpa conforme lo dicta la ley.

De inmediato iniciamos la exigencia de justicia ante el gobierno del estado, que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda; ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, cuando la titular era la teniente coronel Sandra Luz Valdvinos. Hubo muchas reuniones y muchas promesas de que habría justicia. Pero nunca hubo detenidos, ni investigación seria sobre el crimen contra nuestros compañeros. Por eso, el 6 de junio de ese año fuimos 10 mil antorchistas a protestar a Chilpancingo, porque ese día recordamos a los “Mártires antorchistas”. Fue una marcha gigantesca que abarrotó la plaza central y el Comité Ejecutivo de Antorcha pidió una entrevista con la gobernadora para revisar el avance de las investigaciones. Pero nada: el gobierno no dijo nada y nadie nos recibió. El 25 de mayo, ante el nulo avance para encontrar a los asesinos, protestamos en el Zócalo de la capital durante la “Conferencia mañanera” del Presidente de México. A una comisión antorchista los recibió la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien se comprometió a investigar. Pero todo se quedó en una promesa más. Y el problema es que, con promesas, el país no avanza.

En la Fiscalía de Guerrero no hay una sola investigación seria para encontrar a los asesinos de nuestros compañeros. Hace unos días, el vocero nacional de Antorcha, en una protesta frente a Palacio Nacional que volvió a denunciar el crimen, dijo: “En la Fiscalía del Estado de Guerrero están protegiendo a los delincuentes. (Vamos a ver si) el nuevo fiscal Jesús Torres Ojeda, verdaderamente va a investigar o no el crimen de nuestros compañeros”.

Este domingo, la revista buzos publica en su portada “Un año de impunidad en Guerrero” y denuncia en el texto de Olvia Ortiz: “El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señaló que del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 en Guerrero se registraron mil 401 homicidios dolosos, cifra que lo colocó entre las entidades más violentas de México. Guanajuato, Estado de México y Baja California ocupan los primeros tres lugares de homicidios, según la consultora TResearch. La FGE de Guerrero registró mil 408 homicidios dolosos, es decir, siete asesinatos más. En lo que va del sexenio de la “Cuarta Transformación”, esta entidad ha registrado ocho mil 604 homicidios. Sin embargo, “lo más alarmante de la situación es que, en 2023, la Fiscalía no logró esclarecer ni una sola investigación abierta, registrando cero sentencias condenatorias, lo que habla de una impunidad del 100 por ciento en este delito”, consignó el medio Infobae México. Otro hecho que revela que la situación en Guerrero está fuera de control es que “de mil 171 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, sólo 12 investigaciones fueron judicializadas con detenido”, según el mismo medio, quien solicitó información vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a la vicefiscalía de Investigación del estado.

Y los que sufren la inseguridad son los guerrerenses, todos los días y a todas horas. Son bastantes los días en que ciudades del estado como Chilpancingo, Acapulco o Coyuca de Benítez son zonas de guerra entre los grupos criminales. Y el gobierno o influyentes funcionarios no hacen nada para frenar la ola de asesinatos o, como se lee en las narcomantas que los sicarios dejan al lado de los cuerpos, son amenazados porque antes trabajan con un cártel y ahora se cambiaron de bando.

Dice buzos, en el mismo texto: “Los medios nacionales acusan a la gobernadora Evelyn Salgado de tener nexos con un grupo delincuencial. Su padre, Félix Salgado, quien realmente gobierna Guerrero, está acusado de abusos sexuales, corrupción y nexos con la delincuencia organizada”.

¿Por qué marchamos este domingo en Chilpancingo? Marchamos porque exigimos justicia ante este crimen: queremos que los asesinos materiales e intelectuales de Conrado, Meche y Vladi, sean encontrados, encarcelados y paguen su culpa conforme lo dicta la ley. Pero esta exigencia de justicia del antorchismo es también la exigencia para que el gobierno detenga la ola de violencia, de asesinatos, de secuestros y de asaltos, que se ha apoderado de México entero y que nos ha colocado como uno de los países más inseguros para vivir, porque en el sexenio de Morena y López Obrador se asesina a un mexicano cada 15 minutos, a 95 personas al día y en los últimos cinco años se han cometido cerca de 180 mil homicidios. ¿Y la ley? “El reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal criticó la política de “abrazos, no balazos” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la cual, se indicó, permite a los grupos criminales ejercer violencia con casi absoluta impunidad”, dice una nota de El Economista del 22 de febrero pasado. Esta impunidad casi absoluta y la nula investigación de los crímenes le dan rienda suelta a todos los que cometen asesinatos, cobijándose bajo la ola general de violencia que, en la prensa, se le achaca casi por defecto a los grupos delincuenciales.

Urge un cambio en la política de seguridad. Pero ese cambio real, radical, solo lo podrá empujar el pueblo unido, organizado y educado para transformar de fondo a este país, cuando tome el poder. Mientras tanto, todos los antorchistas somos las voces de nuestros nuestros muertos y pedimos castigo para los sicarios.

Como dijo Neruda: “Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. / Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. / Para los que defendieron este crimen, pido castigo”. En esa plaza, en ese estado, miles vamos hoy a pedir castigo.

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