Viajar en el transporte colectivo o público como lo conocemos es casi un reto que cientos de victorenses tienen que soportar todos los días. Al hacinamiento dentro de las unidades y los extensos recorridos por las colonias, que abarcan tiempo muy valioso para todos, hay que sumar las malas condiciones de las calles por las que se transita y las condiciones deplorables de algunas unidades.
Es sabido por la gran mayoría de la población que no es cuestión de suerte que las unidades se descompongan a mitad del viaje, obligando a esperar al siguiente transporte y llegar retrasado al lugar de destino. Si bien esta situación no ocurre a diario, sí es una probabilidad, pues es poco el interés que el Gobierno tiene respecto a este tema, dejando que las unidades realicen el servicio en esas condiciones.
Las inclemencias del tiempo también son factor de peligro para los usuarios. Si hace frío, el aire se cuela por las puertas, ventanas y hasta orificios del transporte. Si llueve, es casi seguro que al sentarte los asientos estén mojados, porque los techos tienen goteras que llevan tiempo sin arreglarse.
Si hace calor, el hacinamiento lo vuelve todavía más insoportable, pues los camiones tienen capacidad de subir hasta 20 pasajeros; sin embargo, estos pueden sobrepasar la cantidad permitida, haciendo que los usuarios accedan a viajar en las escaleras de acceso al vehículo, con las puertas muchas veces abiertas, a expensas de que algún día ocurra un accidente mayor.
Este problema no es un problema nuevo: se viene arrastrando desde hace ya muchos años en la capital de Tamaulipas, y aunque las autoridades se jactan de realizar miles y miles de obras en beneficio de los victorenses, este tema sigue sin ser resuelto, sin tener una verdadera respuesta, sobre todo para los usuarios que tienen que viajar de sus hogares a sus trabajos y viceversa.
Para los estudiantes que de igual manera utilizan el transporte público, la suerte es la misma. En la mayoría de las universidades, excepto las escuelas de nivel básico y medio superior, hay transporte exclusivo que lleve a los estudiantes con seguridad para que puedan tomar sus clases y ayudar a que su regreso sea también seguro.
Este problema no es de quienes conducen los vehículos, pues sigue siendo un trabajo que no ofrece garantías a los choferes, e incluso muchos de ellos no reciben ni seguro médico, ni prestaciones de ley; mucho menos un salario digno y seguro. Aquí todavía se trabaja en la informalidad, cuando no debería ser así.
Para no acabar con el problema, este 3 de octubre fue muy fácil para los concesionarios aumentar el pasaje de forma sorpresiva. Aunque pudiera parecer que este aumento casi insignificante no afecta, es un grave golpe a la economía de muchas familias que utilizan como único medio de transporte este servicio.
Once pesos fue el cobro que se hizo al público en general, mientras que para los estudiantes fue de nueve pesos, siendo que el cobro era de 9 pesos para los usuarios y 6 pesos para los estudiantes y personas con credencial para viajar.
Este aumento causó inconformidad entre los usuarios, pues el incremento, como ya mencioné, parece no ser tan elevado, pero en la suma diaria de los que utilizan el transporte, se vuelve una suma importante, misma que tienen que descontar de sus salarios.
Aquí hay que considerar que las familias casi siempre están conformadas por cuatro integrantes y casi siempre dos de ellos son estudiantes, mientras que el padre y la madre también se desplazan por el mismo medio.
Aunque muchos justifican el aumento al transporte público, pues lleva ocho años manteniendo el mismo precio, debería analizarse con más cautela la situación de pobreza que se vive en el municipio, y con ello, las condiciones de calles y unidades.
Es decir, a la semana hablábamos de poco más de 120 pesos por estudiante, y de los padres 180 pesos: en total, por cuatro integrantes que viajan cinco días a la semana y toman cuatro microbuses cada uno, sería un total de 600 pesos.
Con el aumento al pasaje, considerando los 9 pesos por estudiante y 11 para el público en general, serían 180 para estudiantes y 220 por pasaje general. En total, el gasto a la semana sería de 780 pesos semanales; sólo en transporte público.
Si bien muchos justifican este aumento, pues lleva ocho años manteniendo el mismo precio, debería analizarse con más cautela la situación de pobreza que se vive en el municipio, y con ello, las condiciones de calles y unidades.
Ante tantos atropellos para los trabajadores, que al final seremos quienes paguen este aumento, es necesario la unidad, no solo de los usuarios, sino de los propios trabajadores del transporte que busquen la conquista de sus derechos laborales, pero esto solo podrá llegar con la unidad del pueblo trabajador. De otra forma el gobierno mismo que sigue sin cumplir el mejoramiento de las calles, entre otras cosas, volverá a salirse con la suya, y el aumento será una realidad que tendremos que pagar, nuevamente, los ciudadanos de a pie.
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