El pasado 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral determinó la asignación final de diputaciones federales y senadurías por el principio de representación proporcional (plurinominales) a cada uno de los partidos políticos, procedimiento con el cual entregó el control absoluto del Poder Legislativo a Morena y a sus aliados: Partido Verde y PT.
Con la resolución del INE, Morena y sus aliados se quedaron con 364 diputaciones federales (256 por mayoría relativa y 108 plurinominales) de las 500 que componen la Cámara, mientras que los partidos de oposición únicamente tendrán 136 diputados.
De esta manera, la 4T controlará totalmente la Cámara de Diputados, pues cuenta con la mayoría calificada, es decir, con más de las dos terceras partes de los votos necesarios para reformar la Constitución de la República y para aprobar cualquier otro capricho presidencial.
Lo que se necesita es una amplia organización popular que encabece la lucha por los derechos de las clases trabajadoras y que sea capaz de denunciar las mentiras del Gobierno morenista.
Mientras tanto, en la Cámara de Senadores, de 128 escaños disponibles, la 4T dispondrá de 83 (64 por votación directa y 19 plurinominales), mientras que el resto de partidos obtuvo únicamente 45 senadurías. En la Cámara Alta, la 4T no tiene la mayoría calificada, pero solo le faltan dos curules para conseguirla.
La nueva legislatura entrará en funciones el próximo 1 de septiembre y tan pronto asuman el cargo, los nuevos diputados aprobarán las reformas constitucionales que desea el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejará el cargo hasta el 30 de septiembre.
Dichas reformas proponen modificaciones administrativas y políticas a la estructura del Estado, con el objetivo de poner todo su poder represivo en manos de un solo partido político y, por tanto, de la facción de la clase dominante agrupada y representada por este.
Una vez asegurado el control del Poder Legislativo, la 4T reformará la Constitución de la República para desmantelar al Poder Judicial, removiendo de sus cargos a los actuales ministros de la Corte, magistrados de tribunales colegiados y especializados, así como a jueces de distrito, para colocar en su lugar a juzgadores pro 4T, electos por “voto popular”, en realidad mediante la manipulación y coacción de los votantes a través de los programas sociales y otras prebendas.
Es más, si las elecciones para el Poder Judicial se realizan como las del pasado 2 de junio, seguramente una inmensa cantidad de los nuevos juzgadores estarán al servicio del crimen organizado.
Además, se eliminarán diversos organismos autónomos, es decir, dependencias que no pertenecen a ninguno de los tres poderes principales del Estado y que sirven como contrapesos a estos.
Los organismos propuestos a desaparecer son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y, según algunos analistas, hasta el propio INE.
Sin estos organismos, habrá mayor opacidad en la asignación de contratos de obra y en la compra de insumos dentro del Gobierno; habrá más corrupción en el manejo de los recursos públicos, una mayor y más rápida concentración del mercado en manos de los monopolios nacionales y extranjeros, no habrá forma de evaluar el desempeño de las políticas educativas y tampoco de conocer el número de mexicanos cada vez más pobres.
Asimismo, habrá un aumento desmedido del precio del gas, la luz eléctrica y la gasolina, y de otros productos básicos ante la falta de regulación, e incluso puede que eventualmente las elecciones sean organizadas por la Secretaría de Gobernación, tal como ocurrió la mayor parte del siglo pasado.
La nueva legislatura pro-4T también aprobará la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, con lo que creará un nuevo y poderoso aparato de represión militarizado, cuya función principal no será combatir la criminalidad y la delincuencia en el país, sino servir de garrote contra todo intento de organización y manifestación pacífica.
Estas y otras modificaciones legales para nada beneficiarán a los mexicanos trabajadores y humildes; por el contrario, están dirigidas en su contra.
Es verdad que la democracia corre grave peligro y que muchos empresarios verán afectados sus intereses económicos; sin embargo, los más indefensos ante el poder no serán los ricos ni los políticos encumbrados que dirigen los partidos de oposición, los verdaderamente afectados serán las clases trabajadoras.
Dado que el problema no es de individuos, sino de intereses de clase social, lo más probable es que tarde o temprano la facción de la burguesía confrontada con el régimen morenista llegará a acuerdos con la facción burguesa que está concentrando el poder político, con la intención de proteger sus intereses económicos y, por tanto, terminarán ejerciendo de manera conjunta su dictadura de clase.
Los cambios estructurales al Estado y al aparato de Gobierno que pretende la 4T no buscan modificar en nada el sistema económico vigente ni mucho menos tienen como meta una mejor distribución de la riqueza social.
La 4T busca reconcentrar el poder político para hacer del Estado un mecanismo de represión mucho más eficiente que permita la concentración de la riqueza en unas cuantas manos.
La supermayoría de Morena en el Congreso Federal les permitirá aprobar presupuestos públicos con más recortes al gasto social, para dejar sin obras de beneficio colectivo ni servicios públicos de calidad a los más pobres; también podrán desmantelar sin problemas el sistema de salud y el educativo, afectando a los mexicanos más humildes; podrán gastarse el dinero de los mexicanos en más obras faraónicas como las del presidente López Obrador y muchas otras ocurrencias.
Con el control absoluto del Poder Legislativo y del Poder Judicial, podrán modificar y, en el peor de los escenarios, eliminar de la Constitución de la república derechos laborales, sociales y políticos, dejando en la indefensión total a las clases trabajadoras. Con tal poder, podrán hacer las modificaciones legales que mejor convengan a sus intereses de clase social.
Un día, por ejemplo, al Gobierno morenista puede antojársele crear una nueva ley laboral mucho más favorable para los patrones; otro día, puede ocurrírsele eliminar el derecho a la vivienda social de la Constitución, para que sólo pueda tener casa quien pueda pagar por ella un alto precio.
Incluso, otro día puede que se les ocurra eliminar los derechos de libre expresión, petición, organización y protesta pública para convertir en delitos las manifestaciones y protestas públicas.
Los trabajadores humildes de México corremos grave peligro ante la reconfiguración del Estado que se proponen los morenistas y es claro que nuestra defensa no se encuentra en los viejos partidos políticos, pues no pudieron hacer nada ante la aplanadora morenista.
Lo que se necesita es una amplia organización popular; lo que urge es la formación de una gran fuerza política que de verdad provenga de las clases trabajadoras, que las encabece en la lucha por sus derechos, que represente verdaderamente sus intereses y que sea capaz de denunciar y desenmascarar las mentiras del Gobierno morenista, un régimen neoliberal con careta.
La organización popular será la única y más poderosa arma que le quedará al pueblo para defenderse de los abusos del poder.
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