El primero de los artículos de la Constitución General de la República establece “que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta misma Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá ser restringido ni suspendido, salvo en casos y bajo las condiciones que lo establezca la propia constitución”. Entre esos derechos destacan lo especificado en los artículos octavo y noveno que señalan puntualmente, la obligación que tienen los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que este se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; estando la autoridad obligada a dar respuesta en forma escrita en un breve término. Igualmente, “la autoridad no podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; no se considerará ilegal, y por lo mismo tampoco podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto contra una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea”. Sobra decir, que entre esos mismos derechos humanos, están el de contar con un nivel de vida decoroso lo que implica tener garantizado un empleo bien remunerado, servicios básicos como: agua potable, electrificación, drenaje, vivienda digna, educación y salud de calidad, sólo por señalar algunos de los más elementales.
Ateniéndose a estos derechos constitucionales que los gobernantes a todos los niveles, protestan respetar; el pasado jueves 17 de febrero de los corrientes, una comisión de alrededor de 300 colonos y campesinos organizados en el Movimiento Antorchista Hidalguense, acudieron en forma pacífica a las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) del gobierno estatal que encabeza el Licenciado Omar Fayad Meneses, en busca de una respuesta a las demandas que fueron planteadas desde el inicio de la actual administración y que hasta ahora, a casi seis años después, no han sido atendidas, violando así acuerdos y compromisos contraídos por la propia autoridad e incluso promesas de campaña que en su momento hiciera como candidato. Hay que destacar que ninguno de los titulares de las citadas dependencias de gobierno se encontraba (eso dijeron) en sus oficinas.
Los inconformes, después de una marcha, arribaron a la sede de estas secretarías en forma pacífica y respetuosa procurando un dialogo con los titulares respectivos, José Ventura Meneses Arrieta de la SOPOT, Carlos Muñiz Rodríguez de Sedagro y Daniel Jiménez Rojo de Sedeso, con el único y claro propósito de obtener respuesta a sus necesidades de agua potable, drenaje, pavimentación de caminos, construcción y/o ampliación de centros de salud, apoyo con semilla mejorada y fertilizante a pequeños productores, apoyos para mejorar y/o ampliar vivienda, despensas, maíz para consumo humano, entre otras. Hay que agregar que todas estas demandas son competencia de las dependencias ya señaladas e incluso algunas de ellas ya priorizadas para ser ejecutadas desde el 2019.
La respuesta fue exactamente la misma que los inconformes han encontrado en múltiples ocasiones en palacio de gobierno: Nula atención y ninguna solución a sus demandas.
“El secretario está en una supervisión en el puente atirantado” dijo una secretaria de la SOPOT, luego salió un funcionario de menor nivel a decirle a los inconformes “el secretario no se encuentra en su despacho”. “No tenemos ordenes de atenderlos” dijeron en la SEDAGRO y con un portazo del policía, cerraron la puerta a los manifestantes. Así se obedecen las órdenes del titular del ejecutivo, que imitando la política del inquilino de palacio nacional, ha dejado a los mexicanos en plena crisis sanitaria y económica en el abandono total.
Así también se respeta la Constitución General de la Republica y la del estado de Hidalgo y las leyes que de ellas emanan, como se comprometió el gobernador Omar Fayad cuando le tomaron la protesta al cargo. Así se le cumple a los que con su voto lo encumbraron en el poder, así se burla la autoridad del pueblo a quien por ley está obligado a servir.
La diferencia entre los reyes de ahora y el de Francia a mediados del siglo XVII, Luís XIV, sólo radica en el nombre y la edad, pues este último tenía escasos dieciséis años cuando en abril de 1655 (hace ya 367 años) declarara: “El Estado soy yo”, pretendiendo recordarle al pueblo -a quien poco antes se le había sofocado en la sublevación de la Fronda- (1648-1653), quien era el que mandaba. Como bien se ve, solo ha cambiado la forma de ejercer el poder. El abuso de poder, la soberbia y la indolencia siguen estando presentes en la actualidad.
No hay duda, la maniobra es más que clara, los reyezuelos de ahora intentan desalentar la organización consciente del pueblo trabajador por la vía de negarle atención y solución a sus demandas; se trata de inducir a los que protestan y demandan soluciones a que arriben a la conclusión de que no tiene ningún sentido estar organizados, de que tampoco se consigue nada con protestar y por tanto orillar a la gente a que abandone la organización y la lucha.
Ateniéndonos a las leyes del desarrollo social y a la historia de los pueblos, la maniobra no prosperará, las masas aprenden de la historia y de su lucha si hay quien se lo explique pacientemente; los hidalguenses organizados y conscientes han entendido eso y por ello seguirán reclamando hasta el último día de la administración del actual gobierno como lo han anunciado. No se les olvide, Antorcha, a diferencia de los gobiernos en turno, si sabe cumplir lo que promete.
El actual sexenio está a escasos meses de concluir; Omar Fayad terminará su mandato sin haberle cumplido a sus gobernados más marginados prácticamente ninguna de sus promesas de campaña y así será recordado. La organización y la conciencia del pueblo no sólo no acabarán, se acrecientan cada día que pasa, y a ello contribuye –en contra de su voluntad- la política del gobernador y sus funcionarios.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario