En Hidalgo, de 2015 a 2023, la construcción de vivienda económica popular presentó una caída del 77 %, entre 2018 y 2023, y el precio de las viviendas aumentó un 59.5 %, de acuerdo con el director general del Infonavit, Carlos Martínez.
Es evidente en nuestro estado la necesidad de miles de familias de una “vivienda digna y decorosa” con las condiciones que les permitan una buena calidad de vida, establecidas por la Constitución, es decir, que:
“… cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos, y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple ciertos criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.
En la entidad, el 45.6 % de las viviendas particulares habitadas tienen problemas estructurales de humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos.
Pero no hay manera para miles de hidalguenses de comprar o construir una vivienda, los altos costos y los bajos salarios lo impiden.
Según la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, en Hidalgo, 47 % de la población tiene que rentar una vivienda particular, principalmente porque no tiene acceso a crédito hipotecario o no cuenta con recursos económicos.
Es decir, miles de hidalguenses se ven forzados a gastar la mayor parte de su salario en pagar una humilde morada, que nunca será suya a pesar de su sacrificio y esfuerzo.
Frente a esta situación, vemos la otra cara de la moneda: miles de casas abandonadas. Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el corte más reciente de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, al menos 14 mil 100 viviendas están catalogadas como “abandonadas” en la entidad, y algunos de los principales factores son el costo de movilidad, la falta de fuentes de empleo y la ausencia de una oferta educativa cercana.
Para las familias que, gracias a las miles de horas de trabajo conjuntas, a los sacrificios de generación tras generación que han invertido sus salarios en construir un patrimonio, la situación tampoco es halagüeña.
En las últimas fechas, en las que los eventos climatológicos han arreciado presentando lluvias constantes e intensas, a través de los medios de comunicación fuimos testigos de las afectaciones que sufrieron familias en la Sierra Otomí-Tepehua, Zacualtipán y la Huasteca. Sus casas, hechas de endebles materiales, presentaron goteras, resquebrajamientos, y los daños llegaron hasta inundaciones debido a la mala infraestructura de sus hogares.
Los datos concuerdan: en la entidad, el 45.6 % de las viviendas particulares habitadas tienen problemas estructurales de humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos.
En tanto, el 43.4 % reporta grietas o cuarteaduras.
Ya ni hablar de la falta de servicios básicos, que de acuerdo al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2020, indica que al menos 9 % de la población de Hidalgo vive en domicilios sin acceso al agua, y el 8.4 % de los hogares no cuenta con drenaje.
Según el organismo, unas 635 mil personas carecen de acceso a servicios básicos en las viviendas hidalguenses.
Así, el panorama es desolador para los hidalguenses. No alcanza el salario para obtener un crédito hipotecario, ni siquiera de las casas “pichoneras” de Infonavit; los que logran obtenerlo los abandonan por la falta de fuentes de empleo cercanas, y los que tienen una vivienda propia no cuentan con las condiciones elementales para una vivienda digna.
En la lamentable y desigual realidad que se vive en nuestro país, podemos decir con toda seguridad que estamos lejos de que se cumpla este derecho humano y elemental, y no porque sea irrealizable, sino simple y sencillamente porque cubrir esta necesidad es ir en contra de las leyes del sistema económico que impera.
Por eso, ni las autoridades ni la parte de la sociedad que tiene el dominio económico promueve el desarrollo de vivienda digna, a menos que sea por un alto costo que no está al alcance de la mayoría de las familias.
En Antorcha, no nos cansaremos de insistir con las autoridades de los tres niveles de Gobierno que se busquen los mecanismos necesarios para garantizar que las familias puedan contar con una vivienda digna.
Durante dos años hemos pedido al Gobierno de Hidalgo que escuche y resuelva las demandas de los hidalguenses, entre las que se incluyen obras y servicios básicos para cientos de hogares en la entidad (agua potable, drenaje), apoyos a la vivienda para familias que necesitan ampliar sus hogares y escrituración y regularización para asentamientos “irregulares”.
A la fecha estas demandas no se han resuelto, por eso iremos al informe del gobernador Julio Menchaca, el próximo 6 de septiembre, para nuevamente solicitarle audiencia y solución.
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