No tan sólo ha sido el ambicioso proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denominado el Tren Maya, partiendo a la mitad el ecosistema de la nación. Siguiendo ese ejemplo, también hay otros incurriendo en similares hechos, como la llamada Reserva Santa Fe, que se presenta como una reserva pero en realidad es una inmobiliaria que está despojando a las comunidades originarias y dañando nuestro medio ambiente; comprometiendo la integridad de los ecosistemas locales, de la biodiversidad nacional y violando los derechos de los habitantes.
Miles y miles de mexicanos se han pronunciado por la expulsión de Reserva Santa Fe del bosque Otomí-Mexica, refiriendo que en la lucha por la justicia socioambiental y cultural, se torna imperativo destacar la realidad detrás de lo que se presenta de esa forma y aunque se autodenomine “reserva”, en realidad opera como una inmobiliaria que, bajo la máscara de la sustentabilidad ambiental, lleva a cabo el despojo territorial y la apropiación cultural de las comunidades originarias situadas en parte de la sierra de las cruces.
La Reserva Santa Fe representa un ejemplo flagrante de cómo intereses económicos pueden prevalecer sobre la preservación cultural y ambiental.
Cabe señalar que ese proyecto no sólo está construyendo viviendas para personas de alto poder económico, sino que también está privando a las comunidades originarias de su valioso bosque.
Las consecuencias futuras de esta acción son alarmantes y abarcan desde la creciente expansión urbana de la Ciudad de México hasta la amenaza de gentrificación en la zona. Además, se traduce en el despojo de tierras comunales y la privatización de extensas áreas boscosas en beneficio de unos pocos privilegiados.
La situación plantea también un riesgo ambiental significativo, ya que la voracidad de la Reserva Santa Fe podría contribuir a la degradación del entorno natural.
La violación de los derechos de los pueblos a la libre autodeterminación en sus territorios es evidente, ya que la privatización del bosque crea una brecha socioambiental abismal.
En este nuevo escenario, sólo aquellos con el poder adquisitivo para comprar tierras en la zona tendrán acceso a aire y agua limpios, mientras que las comunidades originarias quedan marginadas y enfrentan posibles impactos negativos en su calidad de vida.
Es crucial denunciar estas prácticas que amenazan no sólo la supervivencia de las comunidades originarias, sino también la integridad de la biodiversidad y el equilibrio ecológico en la región.
La Reserva Santa Fe representa un ejemplo flagrante de cómo intereses económicos pueden prevalecer sobre la preservación cultural y ambiental, por lo que se necesita una acción urgente para proteger los derechos de las comunidades originarias y salvaguardar nuestro patrimonio natural.
Hasta el momento esas voces no han sido escuchadas por autoridad alguna, lo que hace pensar que existe de por medio algún acuerdo realizado en lo oscurito, que deberá ser investigado y sancionado de forma ejemplar.
Pero como se dijo al principio, si el propio mandatario mexicano ha incurrido en ese tipo de prácticas, qué puede esperarse de quienes no guardan ningún respeto por el ecosistema del país.
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