La noticia, para un importante sector de los mexicanos, ya es conocida, pero la repito para que no queden dudas: a las 7:45 de la noche, del viernes 17 de mayo, un comando de cuatro sicarios o tiradores al servicio de lo más podrido de la política de Hidalgo, que viajaba en dos motocicletas, realizó varios disparos contra las oficinas del Movimiento Antorchista en Hidalgo y contra la casa particular de la dirigente estatal de nuestra organización en el estado, la compañera Guadalupe Orona Urías, en la colonia popular Luz del Carmen Ocón, en la ciudad de Pachuca.
Se trató, desde luego, de un acto de intimidación que busca sembrar el terror entre el antorchismo hidalguense, mismo que desde hace dos años ha pedido soluciones a necesidades básicas al gobierno de Morena, que encabeza Julio Menchaca Salazar. Se trata de un acto de represión para que, previo a las elecciones de junio de este año, se ponga un alto inmediato a las protestas de la gente humilde, de esa misma gente a la que, en teoría, Morena le daría prioridad en su gobierno de “primero los pobres”, según el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.
Si un antorchista de Hidalgo, un activista o nuestra querida compañera Guadalupe Orona, son lastimados de cualquier manera, el culpable será el gobierno estatal y exigiremos justicia
En efecto, los antorchistas de Hidalgo desde septiembre de 2022 han buscado al señor gobernador para que le puedan plantear, una a una, sus modestas demandas que son escuelas en colonias y comunidades pobres, hospitales y clínicas para que la gente se cure de las enfermedades y tenga doctores y medicinas, redes de agua potable, energía eléctrica y drenaje, así como pavimentaciones y algunas otras necesidades que cualquier persona debería tener resueltas para aminorar la pobreza en la que vive. No se trata, desde luego, de lujos. Nada de eso.
Aun así, el gobernador Julio Mencaha Salazar (ex priista convertido al morenismo hace unos años) no los ha querido atender, siguiendo la política de represión y golpeteo que desde el inicio del sexenio aplicó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el antorchismo nacional.
Debido a esa política de oídos sordos, el antorchismo hidalguense inició de nueva cuenta sus jornadas de lucha. El pasado 17 de abril, realizó manifestaciones simultáneas en la capital, Pachuca, y en el municipio huasteco de Huejutla, exigiendo que el gobierno estatal accediera a entablar una mesa de diálogo. Pero lo cierto es que solo encontraron cerradas las puertas del Palacio de Gobierno. Y nadie salió a atenderlos, ni a recibirlos, ni a preguntarles que qué querían.
De manera que los antorchistas hidalguenses instalaron un plantón en la plaza principal de Pachuca, como una forma de decirle al gobierno: aquí estamos y exigimos soluciones. Durante 20 días, el gobierno los ignoró. Pero a unos días de las elecciones de junio, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, pidió que se levantara el plantón con la promesa de una mesa de diálogo. Leyó usted bien: no les prometió soluciones, sino solamente una mesa de diálogo. A pesar de eso, los antorchistas hidalguenses pensaron que estaría bien destensar las cosas y el 7 de mayo levantaron el plantón y esperaron la llamada del secretario de Gobierno para acordar la reunión. Nada pasó. Guillermo Olivares Reyna se olvidó de su promesa de negociación y no los volvió a llamar.
Al contrario, 10 días después, por la noche, el comando llegó a la bien ubicada casa de la líder antorchista para rafaguearla y dar un mensaje al estilo Morena: alto a las protestas.
Los antorchistas de Puebla estamos inconformes con ese trato y exigimos alto a la represión de Morena. Además, de una vez decimos que, si un antorchista de Hidalgo, un activista o nuestra querida compañera Guadalupe Orona, son lastimados de cualquier manera, el culpable será el gobierno estatal y exigiremos justicia. No lo duden. Pedimos obras para la gente humilde, para aquellos que pagan sus salarios en el gobierno. Denles las obras y así paramos las protestas. Nada más, pero nada menos.
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