Se podría decir que fue en el estado de Chihuahua donde comenzaron las desapariciones forzadas, con mujeres secuestradas y asesinadas para posteriormente ser enterradas en despoblado. Después siguió el Estado de México, pero ahora, como si se tratase de un cáncer con diversas ramificaciones en todo el país, el número de desaparecidos se ha acrecentado durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
La estrategia de seguridad, bajo un sistema judicial mexicano débil y la falta de voluntad política para frenar esa situación o para castigar a los responsables, ha fallado.
Hay familias que cuentan cómo hombres armados llegan a sus colonias y con lujo de violencia se llevan a las y los jóvenes que se encuentren jugando en las calles, sin que los padres de familia logren impedirlo pues cuando se oponen son arteramente asesinados en presencia de todos.
A esos jóvenes los utilizan como carne de cañón, los drogan y les proporcionan armas de fuego para ponerlos frente a los soldados o elementos policiacos y permitir así la huida de capos importantes. Esa es una de sus tantas artimañas.
En otras ocasiones, simplemente los desaparecen después de haberlos sometido a cruentas torturas y los abandonan en cualquier parte, cuando no los entierran para que nadie dé con su paradero, no sin antes extirparles los órganos para venderlos al mejor postor.
Algunos grupos musicales han abordado ese problema en sus canciones, como el caso de Maná o los jóvenes coahuilenses del grupo “Tripas, Corazón y Bofe”, clamando una justicia que parece no llegar.
En la canción “Desapariciones” de Rubén Blades se dice: “Que alguien me diga si han visto a mi esposo, preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene cuarenta años, trabaja de celador en un negocio de carros, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió anteanoche, y no ha regresado, y no sé ya qué pensar, pues esto antes no había pasado.
Llevo tres días buscando a mi hermana, se llama Altagracia, igual que la abuela, salió del trabajo pa' la escuela, llevaba unos jeans y una camisa clara, no ha sido el novio, el tipo está en su casa, no saben de ella en la PSN ni en el hospital”.
De acuerdo con la estadística publicada en la columna Avatar de la periodista Maritza Pérez de El Economista, las desapariciones forzadas se han incrementado en el Gobierno de AMLO.
La violencia por la que atraviesa nuestro país ha dejado un impacto sin precedente en la vida de al menos 105 mil familias que desde 1964 a la fecha han visto desaparecer a algún ser querido, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es decir, desde el 1 de diciembre del 2018 y hasta el 28 de agosto, se han presentado 81 mil 634 reportes de desapariciones, de los cuales 35 mil 748 casos seguían pendientes de resolver.
Aunque queda claro que las desapariciones en México no son eventos exclusivos del gobierno del presidente López Obrador —ya que los datos indican que fue a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa cuando la tendencia de personas desaparecidas o no localizadas creció—, resalta que actualmente las desapariciones llegan a máximos históricos, al punto de duplicarse o triplicarse los casos en comparación con las dos administraciones anteriores.
Según los datos de Segob, en el periodo equivalente del mandato de Enrique Peña Nieto —1 de diciembre de 2012 al 28 de agosto de 2016—, se reportó la desaparición de 59 mil 678 personas, de las cuales 18 mil 174 siguen sin ser localizadas.
En tanto, entre el 1 de diciembre del 2006 y el 28 de agosto del 2010, lapso similar para la administración encabezada por Felipe Calderón, desaparecieron 15 mil 810 personas y siguen sin localizarse 6 mil 633 personas.
En general, de las 105 mil 20 personas desaparecidas y sin localizarse registradas desde 1964 hasta ayer, 74 % (78 mil 269) son hombres y 24 % (26 mil 16) mujeres.
Asimismo, el comunicador Fernando Landeros, realizando un reportaje muy amplio en “Buzos de la noticia”, aborda el tema de los desaparecidos y la indiferencia del gobierno, con falta de voluntad política de los gobiernos federal, estatales y municipales, de encontrar a los desaparecidos; y revela, además, la extrema debilidad del sistema judicial mexicano.
El 17 de marzo de 2019, Nilda Rosario Francisco de la Cruz, quien cursaba el noveno semestre de la carrera de veterinaria zootecnista en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sostuvo su última conversación telefónica con su padre, a quien informó que iría a comprar su vestido de graduación. Sólo su cadáver pudo ser localizado el 18 de marzo de 2020 en un predio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, después de que sus padres intentaran localizarla inútilmente en Michoacán y en la vecina entidad de la región sur de México.
La madre de Nilda contó a “Buzos…” que el asesino de su hija, identificado como Nicolás “N”, fue sentenciado únicamente a seis años de prisión porque ella y su esposo llegaron a un acuerdo con el juez para que el crimen fuera calificado como homicidio doloso; para evaluarlo como feminicidio, el victimario debió revelar el paradero de Nilda, lo que no realizó.
Actualmente las desapariciones llegan a máximos históricos, al punto de duplicarse o triplicarse en comparación con las dos administraciones anteriores, pero los más de 100 colectivos de personas buscadoras no tienen ningún apoyo gubernamental.
Este suceso y la falta de voluntad política de las autoridades, tanto del Gobierno Federal como de los estatales y municipales, son una muestra de la extrema debilidad del sistema judicial mexicano, denunció la madre de Nilda, quien se dedicó a buscar a su hija durante un año antes de localizar su cadáver.
En agosto pasado se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; y decenas de miles de mexicanos demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que su gobierno actuara en los trabajos de búsqueda de los ciudadanos desaparecidos.
En las múltiples marchas organizadas en las principales ciudades del país, participaron madres y padres que cumplieron 20 años buscando a sus hijos y también los que en las semanas recientes se incorporaron a esa dramática tarea, como el caso de los familiares de cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.
En la república mexicana existen más de 100 colectivos de personas buscadoras que, por falta de apoyo gubernamental, arriesgan sus vidas. María Ivón Gutiérrez González, fundadora de la organización jalisciense Buscando Corazones, informó que el Gobierno se comprometió a apoyarla para localizar a su sobrina, pero el apoyo nunca llegó, y ella, junto con otras madres, ha realizado los hallazgos independientemente.
Del 1° de diciembre de 2018, cuando AMLO asumió la Presidencia, a la fecha, han desaparecido 101 mil 365 personas; cifra que se desglosa así: 48.6 víctimas diarias, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Las entidades con más desaparecidos fueron el Estado de México, con 14 mil 325; Jalisco, 11 mil 590 y Nuevo León, 10 mil 670.
A Dónde Van los Desaparecidos publicó un mapa donde los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (esta ciudad, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga) reportan la mayor alza en lo que va del sexenio, y una concentración del ocho por ciento de este problema social se desarrolla en Jalisco.
Lo cierto en todo esto es que los desaparecidos siguen aumentando frente a un gobierno de cuarta transformación que parece haber abandonado a los mexicanos, familias llenas de temor que se van sumando a los buscadores de sus seres queridos, después de que la seguridad en esta patria ha fracasado.
Las preguntas que se hacen los ciudadanos en ese sentido es ¿cuántos más faltan? ¿Dónde están los desaparecidos?
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