El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo por tierras hidalguenses, la semana pasada. El miércoles 7 en el municipio de Metztitlán y el sábado 10 en Huejutla. Acudió, junto con el gobernador, Julio Menchaca, y el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, a inaugurar el Hospital de Metztitlán, que tenía 13 años en construcción. Según se informó en el evento, el Hospital funcionará mediante el modelo “Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – Bienestar”.
El gobernador Julio Menchaca Salazar señaló que, “durante muchos años, instalaciones como la clínica de Metztitlán estuvieron en descuido y corrupción […] asimismo, indicó que se visualizaba la obra pública como “una posibilidad de moche y corrupción”, por lo que los proyectos no cumplían el objetivo para el que fueron pensados”.
Mi única duda al respecto es si el gobernador le habría hecho énfasis a López Obrador, que, quizás, según señalan medios de prensa, uno de los personajes involucrados en esos actos de “descuido, moches y corrupción” podría ser el anterior gobernador de Hidalgo, aliado del actual mandatario y a quien, se dice, piensa premiar con una embajada en Israel.
Pero más que lo anterior (que es solamente una duda ingenua), me interesa destacar de dicha visita, para información de mis escasos lectores, tres cuestiones: por un lado, la presencia de vecinos de Metztitlán y de otros municipios aledaños, exhibiendo pancartas donde demandan atención y solución a problemas de agua potable, construcción de carreteras, etc.; se pudieron observar carteles con consignas como “Juchitlán no tiene agua”, “solicitamos la carretera a Tahie”, entre otras. En dichas peticiones nada se oyó en los micrófonos.
¿Será que los Siervos de la Nación irán a cada una de las comunidades y visitarán a cada vecino y le resolverán en lo “individual” un metro de la carretera o camino solicitado? O ¿será que las autoridades están pensando que la gente construya su carretera o su sistema de agua potable con el importe que reciben en las tarjetitas?
Metztitlán, donde se llevó a cabo el evento, es colindante con el municipio de Zacualtipán de Ángeles, ubicado a escasos 13 kilómetros en línea recta, y 24 por carretera. Fue precisamente en Zacualtipán, tierra del General Felipe Ángeles Ramírez, donde el presidente López Obrador, en su visita número 10 al estado de Hidalgo, en septiembre de 2019, prometió, entre otras cosas, a los habitantes de este hermoso municipio, enclavado en la sierra alta de Hidalgo, que, cuando vendiera el avión presidencial, tendría el presupuesto para dotarlos de agua potable, ya que del total de sus habitantes (alrededor de 50 mil), el 35 por ciento, carece de servicios básicos, es decir, 17,500 mil personas, y esencialmente de agua potable, situación que en estos últimos meses se ha agudizado, pues aún las familias que tienen red de distribución de agua potable, tampoco cuentan con el servicio desde hace ya, en algunos casos, tres meses. Así que los vecinos de Zacualtipán, al enterarse de que el ilustre personaje que les hizo la promesa estaría por su región (y que ya vendió el no menos ilustre avión), intentaron, infructuosamente, hacerse presentes para reclamar, con toda razón, el cumplimiento, pero fue imposible, se cerraron los accesos a dicho evento para los habitantes de Zacualtipán. ¿No que, por el bien de todos, primero los pobres?
Y, curiosa coincidencia, el mismo medio que informa del evento en Metztitlán, también da cuenta, en esa misma edición (Criterio, 7 de junio), de la inconformidad de los vecinos del municipio de Tula de Allende: “Pese a las exigencias de agrupaciones y sociedad civil en general, ayer Tula cumplió un año, nueve meses sin contar con el Hospital de Zona 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con cabecera en la demarcación, cuyas instalaciones resultaron con pérdida total producto de la inundación del 6 de septiembre de 2021”. Todos, creo, recordamos la tragedia de Tula, donde, además de la inundación y de grandes pérdidas materiales para miles de familias, perecieron 15 hidalguenses en dicho hospital, pues no fueron rescatados de la inundación.
La misma nota añade “[…] han alzado la voz (población y organizaciones) en demanda de la reposición de la unidad médica pérdida; sin embargo, no ha hecho eco entre las autoridades. En su momento, el director general de la dependencia, Zoé Robledo Aburto, mencionó que el antiguo sanatorio no volverá a funcionar como tal y que, en su lugar, el IMSS construirá un centro recreativo en el lugar”.
La conclusión se la dejó a usted, que tiene la amabilidad de leer estas tortuosas líneas. Pero, aquí, aún hay más: “El 3 de febrero de 2022, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el hospital del IMSS, que se perdió durante la inundación de Tula, sería repuesto en terrenos de la fallida refinería Bicentenario, en la localidad Doxey, Tlaxcoapan”. Esa propuesta, su posible construcción en la comunidad de Doxey, no la avalan los habitantes de Tula, por una simple razón: los servicios médicos les quedarían muy lejos; el gobierno se quiere ahorrar el gasto en terreno y cargarselo a los vecinos en el costo de su traslado, y quizás en vidas, ante una emergencia. ¿Quiénes, en lo fundamental, se atienden en las clínicas u hospitales del IMSS? Como ya lo sabemos, los mexicanos con menos recursos económicos, a quienes es prácticamente imposible asistir a atenderse a centros de salud privados, y resulta que a casi dos años de la tragedia siguen sin hospital en Tula y sin muchas esperanzas de contar en breve con su construcción.
Así las cosas, en esto de atender las necesidades de la gente, de los más pobres, de esos que supuestamente son primero. Y a propósito de hospitales y necesidades de atención a pacientes, no deja de percibirse la alarmante sintomatología de una mezcla de autismo y amnesia política que padece la cúpula del poder. Y mientras el pueblo espera… y desespera. No olvidar esto último.
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