El 15 de diciembre pasado los diputados de la XVI Legislatura aprobaron el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2022, derivado del Proyecto de Decreto presentado el 20 de noviembre por el gobernador Carlos Joaquín González, el cual debió ser analizado, discutido y evaluado por nuestros representantes legisladores, resguardando y privilegiando el bienestar superior de los quintanarroenses, principalmente de los más vulnerables y marginados, considerando que la soberanía del Estado reside originariamente en su pueblo, quien la ejerce por medio de los poderes constituidos en los términos de nuestra Ley Fundamental en la entidad, en la que los Diputados juegan un papel muy importante pues son quienes en representación de los ciudadanos dictaminan, modifican, corrigen y aprueban dicho presupuesto.

Al respecto, destacamos que mediante este decreto, el Gobierno del estado de Quintana Roo, por lo menos en discurso, propone en el 2022 continuar impulsando políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de nuestras familias, de tal forma que, en este sentido, se prevé hacer una asignación y ejercicio eficiente de los recursos, orientándolos a programas o acciones que produzcan bienes y servicios que atiendan las necesidades prioritarias de la sociedad; apoyándose en el registro de programas que son ejecutados por las dependencias y entidades de la administración pública, mismas que coadyuvan a dar cabal satisfacción de las necesidades reales de la población.

No obstante, para conocer la tendencia de cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno estatal para el siguiente periodo basta hacer una comparación de la distribución de las asignaciones de los recursos considerados en este presupuesto para el 2022, ya aprobado por los diputados, y las ejecutadas en el pasado 2021, derivado de lo que se observan algunas orientaciones e inconsistencias entre el discurso dado y los hechos concretos, entre lo que resaltamos lo siguiente:

Partimos de que el gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos 2021 fue de 33 mil 860 millones 864 mil 890 pesos, y en el presupuesto recién aprobado para el 2022 es de un monto de 34 mil 611 millones 211 mil 821 pesos, lo que representa un incremento de 750 millones 346 mil 931 pesos que equivalen, a un moderado pero sensato aumento del 2.17% con relación al presupuesto anterior; recordemos que, a nivel federal, el presupuesto estimado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el 2022, por monto de 7,088,250 millones de pesos, representa un incremento irresponsable de 8.5% en términos reales (tomando en cuenta la inflación) con respecto al presupuesto aprobado en 2021, destacando que en la última década no se había visto un incremento presupuestal federal de tales dimensiones, por lo que, a pesar del discurso de austeridad de López Obrador, este es el gobierno que gastará más recursos desde que se tiene registro.

En el caso de Quintana Roo, las observaciones se realizan no en cuanto al incremento propuesto, sino referente al interrogante de algunas priorizaciones de la asignación de los recursos, así como a la pasividad de los legisladores, principalmente de la mayoría que representa la alianza morenista, ante la propuesta del Ejecutivo, demostrando falta de firmeza y aceptación inobjetable de lo propuesto, salvo que se demuestre lo contrario en la publicación oficial de dicho Decreto, no obstante, por lo que se ha informado al respecto, solo una diputada de los que conforman la alianza de la 4T voto contra el presupuesto, los demás manifestaron su voto a favor.

Con un enfoque más riguroso nos cuestionamos ¿qué fue lo que aprobaron los diputados?, en este sentido, destaca en la propuesta de egresos, el incremento del 30% de los recursos asignados a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) pasando de 773 millones 884 mil 714 pesos ejercidos en 2021 al monto de Mil 021 millones 836 mil 192 pesos para el 2022, lo anterior, considerando que en este presupuesto la Oficialía Mayor, la que en 2021 ejerció 312 millones 641 mil 447 pesos, actualmente ya está incorporada a la SEFIPLAN, reestructura con la que se está reduciendo el gasto administrativo entre estas dos dependencias con un ahorro de 64 millones 689 mil 969 pesos, recursos que habría que saber hacia dónde se canalizaron en el presupuesto actual.

Lo que es seguro es que no fue asignado a la Secretaría de Educación, toda vez que se le redujo el recurso programado disminuyendo un monto de 32 millones 840 mil 330 pesos que equivalen al 7.5% de su presupuesto anterior, considerando que esta dependencia en 2021 ejecutó un monto de 435 millones 858 mil 735 pesos, y en para el 2022 tiene programado la cantidad de 403 millones, 018 mil 405 pesos; esto a pesar del enorme reto que representa el regreso a clases en modalidad presencial ante la contingencia sanitaria de covid-19 aún vigente, y las múltiples necesidades que afronta el sector educativo, el cual actualmente es incapaz de garantizar una educación de calidad a nuestros niños y  jóvenes, y mucho menos a aquellos que habitan en condiciones de marginalidad y vulnerabilidad.

Asimismo, es relevante comentar que el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), órgano supuestamente “autónomo” encargado de organizar las elecciones locales, registra el incremento de 94 millones 932 mil 276 pesos que equivalen a un 20.7% adicional a su presupuesto anterior. Por otra parte, en cuanto al financiamiento de los partidos políticos actuales, lastimosamente costosos al erario del estado y que en nada contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre, cabe resaltar que en el presupuesto 2022 solamente para 7 partidos políticos: PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PT y Morena y candidatos independientes, se considera el monto de 85 millones 947 mil 837 pesos; lo que es alarmante, ya que en el ejercicio 2021, en el que estaban considerados en la entidad la vigencia de 13 partidos políticos (nacionales y estatales) se les designó un presupuesto de solamente 47 millones 838 mil 809 pesos, situación bastante incongruente con el discurso del Gobierno del Estado de impulsar el desarrollo social y combate a la desigualdad, así como la atención de las necesidades prioritarias de la población.

Entre otros, este es un motivo fundamental, el aumento de los recursos a los partidos que solamente benefician a los políticos de siempre, del color que sean, por el que se infiere la domesticación y sumisión de los diputados de la XVI legislatura, apócrifos representantes del pueblo, a la propuesta del Ejecutivo, salvo una excepción, demostrando que la lealtad de estos no es con el pueblo que los eligió mediante el sufragio, sino que manifiestan su obediencia tácita hacia aquella clase minoritaria que ejercen el predominio político y económico, y que se enriquece desigualmente a base del esfuerzo de la clase trabajadora, la cual permanece sumida en la pobreza.

Por esta razón, previniendo la falta de conciencia y responsabilidad de los diputados ante la gran tarea de analizar, dictaminar y resolver sobre el Presupuesto de Egresos 2022 propuesto por el gobernador del estado, el Movimiento Antorchista en Quintana Roo mediante la persona moral que agrupa a más de 35 mil habitantes de toda la geografía estatal principalmente en colonias periurbanas y localidades marginadas, con nuestro propósito inminentemente social para realizar las gestiones necesarias para el diseño, ejecución, operación y seguimiento de acciones públicas y privadas encaminadas a combatir la pobreza, promover la salud, mitigar la migración, prevenir la delincuencia, y fomentar la promoción de los derechos humanos y de las garantías individuales, principalmente de los más pobres; nos hemos presentado ante la H. XVI Legislatura del estado, para notificar a esta representación social las demandas prioritarias de la población vulnerable que se agrupan en el Movimiento Antorchista para que puedan ser programadas, atendidas y ejecutadas por las dependencias y entidades de la administración pública, lo anterior en el marco de la legalidad y atendiendo las disposiciones normativas de la operación de los programas que correspondan.