A tres semanas de la elección del 2 de junio del presente año, en la que se elegirá al mayor número de funcionarios, no cesa el bombardeo por todas las vías y todos los medios posibles para convencer al electorado de que voten por tal o cual candidato.
Todos, cada quien a su modo, haciendo sus promesas de lo que, como siempre dicen, van a realizar a favor de los ciudadanos si el voto los favorece.
Según los candidatos de los distintos partidos, todos son los mejores y tienen las mejores propuestas; por lo tanto, consideran que los ciudadanos deben votar por ellos con los ojos cerrados.
Conocedor de sus alcances intelectuales, pero sobre todo de sus ambiciones personales, AMLO abusa del poder Legislativo, perjudicando seriamente a todos los mexicanos.
Para convencer, manifiestan tener los resultados de encuestas que les dan el triunfo, obviamente pagadas por ellos a alguna encuestadora “patito”.
Pese a la cascada de spots, espectaculares en carreteras y avenidas principales, propaganda en vallas, trípticos impresos, entrevistas en radio y televisión, publicidad en internet, etcétera, de los candidatos, el menos interesado y el más ausente del proceso electoral, porque está aburrido y harto de campañas de promesas y mentiras, es precisamente el electorado, el que va a emitir su voto, el pueblo de México.
Para ello, los tres candidatos que compiten por la presidencia de la república tienen asignada una cantidad de poco más de mil 800 millones de pesos; dinero que obviamente no sale de sus bolsillos, que no es fruto de su trabajo o que hayan obtenido de alguna herencia o algún entierro, no.
Cada peso y centavo que gastan los candidatos es de los impuestos que el gobierno cobra a los ciudadanos por trabajar, a pesar de recibir un salario miserable, llamado Impuesto Sobre la Renta (ISR), o por adquirir cualquier mercancía en el mercado, es decir, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Según el INE, el financiamiento público federal total para los partidos políticos ronda por arriba de los 10 mil 400 millones de pesos, de los cuales, 3 mil 304 millones de pesos son destinados para sus gastos de campaña, 198 millones de pesos son para las llamadas actividades específicas, 264 millones de pesos son para franquicia postal, 693 mil 490 pesos para la franquicia telegráfica, y 6 mil 600 millones de pesos son para actividades ordinarias.
Contrario a lo que constantemente ha dicho el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de que el “pueblo de México es el más politizado del mundo”, sin negarlo completamente, algo tiene de falso, pues se ha dejado seducir con halagos tramposos y manipuladores para hacer sentir al pueblo “importante” y hacerle creer que, por ser sabio, eligió correctamente al votar mayoritariamente por su 4T.
Y cierra sus hipnóticos discursos insistiendo en que “el pueblo manda”, que “el pueblo pone y el pueblo quita”, y otros discursos pensados para atrapar la voluntad de la gente que, sin darse cuenta, cae en la sumisión e inacción, sin protestar por los graves errores y abusos que comete su Gobierno.
Lo mismo hace el presidente con los legisladores, pues, conocedor de sus alcances intelectuales, pero sobre todo de sus ambiciones personales, abusa del poder Legislativo, perjudicando seriamente a todos los mexicanos.
Los legisladores se deben a los mexicanos que votaron por ellos, no al presidente en turno. El poder Legislativo está representado por un Congreso general integrado por 500 diputados federales, 300 electos por mayoría y 200 por el sistema de representación proporcional, y 128 senadores, 96 electos de manera directa y 32 por representación proporcional.
Todos deben cumplir con la función principal de legislar, anteponiendo los intereses de todos los ciudadanos, y respetar y hacer respetar la Constitución Política, sin distingos, a favor de los mexicanos, sin importar los deseos e intereses del propio presidente.
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