Llama poderosamente la atención la manera en que “agentes” de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado de Quintana Roo realizaron una “orden” de verificación o inspección el pasado 29 de julio a la colonia Fraternidad Antorchista en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco.
Nos enteramos de esta “inspección” por el “acta de verificación” que dejaron pegada a un costado del domo deportivo de la colonia. Según el documento, se trata de una orden emitida por Alonso Fernández Lemmen Meyer, quien funge como Procurador de Protección del Medio Ambiente en el estado de Quintana Roo.
El Gobierno de Quintana Roo, que encabeza la gobernadora Mara Lezama, intimida a humildes colonos que viven al día y que representan una fuerza laboral importante para el estado, mientras los ecocidios del Tren Maya y el puente Nichupté quedan impunes.
Los agentes de la PPA no avisaron a nadie de su llegada a la colonia; mucho menos se dio a conocer, antes de su visita, el motivo de la “verificación”. Es decir, entraron a la colonia a escondidas, como si fueran unos viles delincuentes, como quien va a hacer algo indebido o porque no querían informar a nadie para que su visita fuera “sorpresa” o para que tuviera el efecto intimidatorio que le quiere dar la PPA a este tipo de “inspección”.
La colonia Fraternidad Antorchista tiene al menos quince años de formación. Es una colonia que está en el estatus de “irregular”, como cientos de colonias en el estado, porque le faltan completar algunos trámites para que se municipalice y pueda gozar de los beneficios de las colonias regulares.
Sin embargo, cumple el objetivo de brindar un hogar digno a más de mil 500 familias, que en su momento el Gobierno, que es el obligado, no les ofreció ninguna alternativa para vivir dignamente.
La Fraternidad cuenta con la mayoría de las calles pavimentadas, domo, alumbrado público, electrificación, preescolar, primaria y secundaria, todas oficiales, y una pujante actividad económica que da vida a toda la zona que por años estuvo completamente olvidada por las autoridades locales.
Ahora, por arte de magia, se le ocurre a la PPA, después de muchos años de formada la colonia, “revisar” si cuenta con la correspondiente “autorización en materia de impacto ambiental”.
En su documento citan un centenar de artículos correspondientes a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, los cuales, más que informativos o aclaratorios, sólo sirven para echarle polvo en los ojos a los humildes colonos.
Luego, rematan diciendo: “Por lo que el propietario del lugar deberá brindar todas las facilidades e informes relacionados con la inspección, así como permitir el acceso a las oficinas... habitaciones, documentos y demás, apercibiéndole que de no hacerlo, se procederá a solicitar el auxilio de la fuerza pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 215 del Código Penal del estado de Quintana Roo”. ¡De nuevo, la amenaza!
Los agentes mencionan en el documento que nadie los atendió porque no había gente en la colonia, pero eso no es cierto. La colonia está completamente habitada, y si nadie los atendió fue porque no avisaron de su llegada. Los líderes de la colonia viven allí y son ampliamente conocidos por los colonos. Pero, insisto, la actuación de los agentes de la PPA fue completamente sospechosa e intimidatoria.
En fechas posteriores, este mismo acto intimidatorio se realizó en la colonia Mártires Antorchistas de Chetumal, donde, bajo el mismo modus operandi, “clausuraron” la colonia mediante sellos y dejaron un “documento” pegado en un área del domo anunciando el tan “heroico” acto de los agentes de la PPA.
También la colonia Esperanza Antorchista, ubicada en la capital del estado, fue “visitada” por los agentes de la PPA, y el 16 de agosto fueron impuestos los sellos de “clausura” por supuestamente, igual que en las otras colonias, “detectar la presencia de un riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública”.
Rematan en el documento que la clausura es total de las actividades que se llevan a cabo en las colonias antorchistas. Según ellos, esto es para “garantizar” que, ante la sospecha de riesgo de daño grave a los recursos naturales, la “autoridad ambiental” tome las medidas necesarias.
Y para hacer más interesante todo, ponen la conocida leyenda:
“Se hace del conocimiento que a quien o quienes quebranten los sellos se les impondrán penas que van desde seis meses a tres años de prisión y sanciones de 20 a 70 días de multa”.
¿Cómo lo ve usted, estimado lector? ¿Así serán de estrictas las autoridades ambientales y de otras áreas con todos? ¿O, como dice la sabiduría popular, “el diablo sabe a quién se le aparece”?
El Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, intimida a humildes colonos que viven al día y que representan una fuerza laboral importante para el estado.
Ahora resulta que son un peligro para el medio ambiente y, por la forma intimidatoria de la PPA, al parecer no somos “santos de la devoción” del estado. Buscan, a través de una “dependencia”, frenar el progreso de las colonias antorchistas y evitar las “molestosas” gestiones que hacen los líderes para que los Gobiernos también tomen en cuenta a los ciudadanos que buscan mejorar sus condiciones de vida.
No se justifica la actuación de la PPA en contra de las colonias antorchistas, ya que no actúan de manera imparcial, sino a modo. Mientras a algunos los ven como un peligro para el medio ambiente o para el estado, a otros los llevan en hombros y les lamen las botas.
Por ejemplo: nadie puede negar que la construcción del puente que conecta a la ciudad de Cancún con la zona hotelera afecta gravemente la reserva de manglares de la laguna Nichupté porque libera sustancias tóxicas y contaminantes acumuladas por más de cincuenta años; también se incumplen las medidas preventivas y de mitigación.
El desmonte y relleno de manglar, la fragmentación del ecosistema e irrupción al flujo hidrológico hacia los humedales son factores que generan un daño ambiental con consecuencias negativas para los ecosistemas lagunares y la salud humana (El Economista, martes 30 de abril de 2024).
Otro caso: el ecocidio ocasionado en el corazón de la selva de la península de Yucatán por la construcción del Tren Maya. En Quintana Roo, son miles de hectáreas de selva destruidas por esta megaobra del Gobierno de López Obrador; han arrasado unos 10 millones de árboles y afectado manglares, ríos, cenotes y vestigios arqueológicos (Forbes, 16 de octubre de 2023).
¿Dónde estaba la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del estado para poner en su lugar al Gobierno federal por el ecocidio ocasionado? ¿Dónde estaba la PPA para “frenar” la obra del puente Nichupté y poner en su lugar al Gobierno de Mara Lezama por los daños a nuestro ecosistema y poner en peligro la salud pública? ¿Dónde?
Ahora, para justificar su inacción en castigar a quienes verdaderamente dañan nuestro medio ambiente y se mofan de las leyes ambientales, quieren venir a perjudicar a la gente humilde que se gana la vida dignamente y que aporta al engrandecimiento de nuestro querido estado.
¡No, señores del Gobierno! Así no se hacen las cosas. Ese no fue el compromiso del histórico Gobierno de Mara Lezama. El compromiso fue ayudar a la gente humilde, brindando todas las facilidades para buscar la regularización de las colonias populares y, por ende, acabar con el abuso de quienes atacan al débil para proteger al poderoso. Pero los hechos distan mucho de las promesas de campaña de la hoy gobernadora.
Mientras tanto, hago un llamado a mis compañeros de las colonias de Chetumal y colonias populares de la capital que, aunque no fueron formadas por Antorcha, seguramente sufren del mismo acto intimidatorio y de poder del Gobierno del estado. Unámonos y juntos exijamos al Gobierno de Mara Lezama: ¡Alto a la intimidación y agresión a las familias humildes! Exijamos respeto a nuestro derecho de vivir en paz y no ser acosados por el Gobierno.
La fuerza del pueblo radica en su organización y su unidad para defender sus intereses colectivos. Además, la Constitución Política de nuestro país nos da el derecho a la manifestación pública para mostrar nuestra inconformidad ante el atropello de las autoridades.
Por tal motivo, los convoco a que realicemos una marcha pacífica en la capital del estado el próximo miércoles 28 de agosto en punto de las 9 a.m., partiendo del Museo de la Cultura Maya hacia Palacio de Gobierno, con el único objetivo de alzar nuestra voz y exigir respeto a nuestros hogares y paz social. ¡No más, pero no menos! ¿Vale?
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