Sucede que los asesinatos de periodistas siguen incrementándose en este gobierno, autodenominado de la 4T, y sucede, lamentablemente, que solo vuelven a ser nota periodística por algunos días cada vez que acontece un nuevo asesinato de un miembro del gremio, como ahora el de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el pasado 23 de enero en Tijuana, Baja California. Una vez pasado el lamentable suceso el “rio vuelve a su cauce” como si nada hubiera pasado y pocos abordan el tema.
La impunidad, parte consustancial de nuestro sistema de impartición de justicia, campea a sus anchas. Sí, es cierto, se habla que el asesinato de tal o cual periodista no va quedar impune, que no se permitirá que se atente contra la libre expresión, que se les dará garantías a los periodistas para que ejerzan su profesión, y, no sé cuántas cosas más.
Se hacen protestas, que no hay que demeritar muy al contrario son importantes, como las que se hicieron recientemente en 47 ciudades del país con las consignas en apoyo a los periodistas: “¡justicia!”, ¡no estás solo!”, “no disparen, soy periodista”. Una llamarada que tan pronto se aviva como se apaga quedando en cenizas. Pero el fenómeno, el asesinato de periodistas, se presenta una y otra vez de manera recurrente.
Las cifras e informes en relación al asesinato de periodistas son escalofriantes. Veamos: Según datos aportados por organizaciones que están atentas a la violencia ejercida contra el gremio periodístico, como el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica señala que, desde el año 2000, se han asesinado en nuestro país a 148 periodistas. En los poco más de tres años de esta administración se ha recrudecido: “De acuerdo con la Segob, desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se tienen 47 periodistas asesinados a octubre de 2021” (INFOBAE, 26 de enero). En cuanto a la misma impunidad ese mismo medio nos precisa: “Sin embargo, sólo en cinco casos se ha dictado sentencia, siete siguen en judicialización, 33 en fase de investigación y dos no tienen ejercicio de la acción penal”. Concluye: “el 95 por ciento de los crímenes contra periodistas quedan impunes de acuerdo con el Comité para la Protección de los periodistas, con sede en Nueva York”.
Más datos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), México ocupa el segundo lugar como país más mortal para periodistas, solo después de Siria, país que estuvo en guerra. La ONG, Reporteros Sin Frontera (RSF) en su “Clasificación Mundial de Libertad de Prensa” posicionó a México en el lugar 143 dentro de 180 países evaluados donde los periodistas corren más riesgo por ejercer su profesión.
Demos sucintamente el contexto que envuelve el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado y que el lector saque sus propias conclusiones. En una mañanera celebrada en el 2019, ésta pidió la protección del presidente López Obrador, le dijo: “Vengo para pedir apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida”. “Vengo a pedirle ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos”. La periodista denunciaba al exgobernador de Baja California, morenista y allegado al presidente de la república, Jaime Bonilla, como “un transa, un corrupto de lo peor”, que pagaba impuestos ni prestaciones para sus trabajadores. “Yo trabajé con él seis años y nunca me pagó seguro, ni SAT, ni Infonavit y no paga Hacienda, al SAT, a la gente le paga en efectivo (…) es un transa, un corrupto de lo peor”. Pues bien, ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado (y dos más en lo que va del año, el de Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa), y, sobre todo, ante este tenebroso panorama en que se desenvuelven los periodistas en que corren peligro por ejercer su profesión, el presidente, con la desfachatez que le caracteriza solo se limita a decir a pedir de no hacer “politiquería” en el caso de la periodista asesinada. “No hay impunidad y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”. Así, AMLO pretende acallar el clamor que pide justicia por los periodistas asesinados.
Vivimos en una sociedad profundamente injusta, que se ha polarizado aún más bajo el régimen neoliberal de la 4T: por un lado, un puñado de hombres opulentos que concentran cada vez más la riqueza, los dueños del dinero y del poder político, y por otro, decenas de millones de hombres que sobreviven a duras penas; un régimen en que ha crecido la corrupción de funcionarios públicos de todos los niveles; una sociedad en que se promueve como principio sagrado el de enriquecerse, hacerse de bienes materiales, a toda costa y pasando por encima de lo que sea; un régimen en donde el crimen organizado “sienta plaza” y se habla, a partir de las elecciones pasadas de narcogobiernos. En síntesis: en nuestro país, como en todas las sociedades llamadas “de libre mercado”, “democráticas”, hay poderosos grupos de poder económico y político que no van a dejar que se les denuncie en los medios de comunicación y menos se toque sus intereses.
Y en ese entorno, quiéralo o no, se mueven los periodistas. Su labor toca en muchas ocasiones los intereses de esos poderes fácticos. Sabemos que el periodismo crítico, y sobre todo el poder político y económico establecido, es perseguido, denostado y, llegado el caso, eliminado mediante el asesinato. Solo un régimen social que acabe con la desigualdad social y económica, con la corrupción pública y privada, puede generar condiciones donde el periodista pueda ejercer con seguridad y libremente su profesión.
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