El próximo primero de octubre, terminará el mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La toma de posesión fue el día 1 de diciembre de 2018, y ante diputados federales y senadores de la república, reconoció al expresidente Enrique Peña Nieto “el hecho de no haber intervenido, como lo hicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones presidenciales”.
En la ceremonia, López Obrador acusó que antes habían sufrido ese atropello antidemocrático, pero a partir de esta fecha se llevaría a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, “porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”.
AMLO nada dice, desde luego, de la corrupción de connotados morenistas como Layda Sansores, Martín y Pío López Obrador, así como Ramón López Beltrán o Ana Guevara en la Conade.
Luego pasó a definir las tres grandes transformaciones de la vida del país:
En seguida, dijo que a él le tocaba convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de Gobierno. Aseguró que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, pero también por la corrupción de la vida pública y privada.
Con ese discurso convenció a cerca de 31 millones de mexicanos que lo llevaron a la Presidencia de México. Durante su larga campaña por casi doce años, aseveró que la corrupción era la causa de los problemas, y por lo tanto había que quitar a los funcionarios mañosos que le daban moche a los recursos, y decretó la desaparición de las organizaciones civiles que daban curso a las demandas ciudadanas de acuerdo a los derechos consagrados en la Carta Magna.
Pero como lo demuestran los hechos, hay evidencias y denuncias de corrupción en instituciones creadas con un objetivo preciso, como sucedió en Seguridad Alimentaria Nacional (Segalmex), donde Ignacio Ovalle, exdirector de la dependencia, fue acusado por un fraude millonario que asciende a 9 mil 500 millones de pesos.
El consuelo es que no fueron los 15 mil millones que se decía; o sea, que en la 4T sí se roba, pero poquito, como dijo Layín, el expresidente de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva.
En la conferencia mañanera del día de ayer, AMLO aceptó el fraude en Segalmex: “Yo diría que esa es la mancha que me llevo, pero es un caso aislado, no hay nada que haya significado un acto de corrupción mayor”. Agregó que siempre hay traiciones, sobre todo en épocas de decadencia.
En su momento, López Obrador salió en defensa de Ignacio Ovalle, diciendo que se confió y cometió el error de trabajar con personas corruptas; es decir, según el mandatario convertido en juez, el exfuncionario no es corrupto, sino que lo son las personas con las que trató y abusaron de su inocencia y buena fe.
Pero nada dice, desde luego, de la corrupción de connotados morenistas como Layda Sansores, Martín y Pío López Obrador, así como Ramón López Beltrán (hermanos e hijo del presidente) o Ana Guevara en la Conade.
Mientras tanto, sigue afirmando “no somos iguales”, y parece que no, los morenistas son peores y el mandatario oculta estos actos de corrupción.
Han pasado casi seis años de su Gobierno y los escándalos de corrupción siguen siendo minimizados con el discurso de que en la 4T todo es distinto.
Lo increíble es que la gente crea esa mentira, pero lo peor es que aplaudan al mandatario, por lo que no es temerario afirmar que esto se debe a la entrega de dinero en efectivo que reciben las personas de los sectores más vulnerables, que en su mayoría aceptan la política de ayudas y que, según se ha adelantado, dará continuidad la virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo a esto, AMLO ha fracasado, porque si no se terminó con la corrupción y si las obras grandes como la Refinería Dos Bocas tampoco funcionan, el mandatario está reprobado al no alcanzar los objetivos y promesas que vendió a los mexicanos que confiaron en él.
La desaparición de programas federales y de instituciones que eran ejecutados por estados y municipios como el Ramo 23, el 3x1, el Fondo Minero, las Estancias Infantiles y el Fonden, etcétera, demostraron su utilidad durante muchos años, pero dejaron de existir por decreto.
No se corrigieron los errores ni se castigó a los culpables de corrupción, solo se eliminaron sin proponer un sustituto que recogiera estos vicios en concreto.
En Zacatecas, el 19 de julio se efectuó la visita dieciséis de López Obrador. Se renovaron las promesas de ayudar al estado, se afirmó que todo está bien y hubo intercambio de elogios y buenas vibras, pero en los hechos se olvidó de la presa Milpillas tras años de sufrir la sequía extrema, donde se ocupan alrededor de 3 mil 500 millones de pesos para su ejecución.
En cambio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que se construyen proyectos hídricos en Durango, Coahuila, Sinaloa y otros, ninguno en Zacatecas.
Por eso, los mexicanos debemos reclamar recursos para construir obras de infraestructura pública en todo el país y estar en contra de que se gaste el dinero de todos en los programas electoreros, dejando para después proyectos urgentes.
Ya han pasado seis años; ya no se puede alegar que están entrando y hay que esperar. Los problemas actuales del país son de su entera responsabilidad y deben demostrar su capacidad para resolverlos.
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