El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (Copenhague, Dinamarca, 1910), en la que Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres obreras que habían dado su vida para exigir mejores condiciones laborales. Con su propuesta, Zetkin pretendía honrar a 146 obreras textiles de la fábrica estadounidense Cotton Textile Factory, que el 8 de marzo de 1857 murieron calcinadas por un incendio que se generó al interior de la planta, ya que los patrones les impidieron abandonar su trabajo, en el que las mantenían encerradas bajo llave. Un crimen en toda la extensión de la palabra.
Los movimientos sindicales de las mujeres de entonces, pedían un mejor salario, mejores condiciones de trabajo y el derecho femenino al voto. En nuestro país, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, incorporó en 1935 la fecha del 8 de marzo al calendario cívico. Este año, en México se llevaron a cabo diversas manifestaciones; en la Ciudad de México se calculó un contingente de aproximadamente 75 mil mujeres que pretendían llegar a las puertas del Palacio Nacional, hoy convertido en residencia privada del presidente López Obrador. Pero al igual que el año pasado no lo lograron, ya que estuvo blindado por altas vallas de metal y custodiado por tres mil policías de la Ciudad de México y hasta por fuerzas de la Marina. Así fue el recibimiento del presidente que un día prometió que su periodo sería el “sexenio de las mujeres”.
El contingente más numeroso estuvo integrado por mujeres jóvenes, estudiantes y profesionistas, pero también estuvieron presentes madres de desaparecidas o asesinadas, quienes llevan años buscando desesperadamente a sus hijas o exigiendo justicia pronta y expedita contra las manos asesinas que les cortaron de tajo la vida; en ambos casos, sobrellevando su pena como sólo ellas, en su profundo dolor, pueden saber cómo. También marcharon aquéllas que han sido violadas, las que sufren de acoso sexual -no únicamente en sus empleos, sino también en espacios públicos, en el transporte y hasta para poder contar con el servicio médico como derechohabientes-, las que han tenido que abandonar su hogar junto con sus hijos y esconderse por sufrir golpizas, maltrato y hasta amenazas de muerte por parte de sus parejas, y las que exigieron demandas de carácter exclusivamente feminista. En solidaridad con todas ellas, se unieron al grande contingente muchas más. Pero, ¿qué pueden esperar ellas, y la sociedad en general, que resuelva AMLO y su 4T para poder decir que, ahora sí, sus voces serán escuchadas?
Nuestro país suma ya tres años, o sea, lo que lleva gobernando López Obrador, como epicentro mundial de la violencia homicida urbana y es el que más ciudades violentas tiene (36 por ciento); el año pasado, las ocho ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas (Consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal, A. C., 7 de marzo de 2022). En este violento escenario, las niñas y las mujeres ocupan un lugar relevante. En los años de 2019 y 2020 fueron asesinadas siete mil 561 mujeres, la mitad de los casos fue investigado como feminicidio; mientras que de enero a noviembre de 2021, fueron víctimas de homicidio doloso 3 mil 462 (un promedio de 10 por día) y 922 de feminicidio. En suma, en los tres años que lleva AMLO al frente del Ejecutivo (sin contar aún con datos de diciembre de 2021), según cifras oficiales, 12 mil 945 mujeres han sido asesinadas. Sin embargo, con toda seguridad la cifra de víctimas de estos dos delitos es, desafortunadamente, mucho mayor, pues como sabemos las averiguaciones previas abiertas no reflejan el número real de mujeres asesinadas.
Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, desde el sexenio de Vicente Fox la cantidad de mujeres y niñas desaparecidas ha ido en aumento. Desde que López Obrador asumió la presidencia de la república hasta el 7 de marzo de 2021, se habían contabilizado cuatro mil 300 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas, alcanzando en ese periodo un máximo histórico. Por su parte, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), después de haber visitado 13 estados de la república y de haber realizado muchas reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, emitió una declaración en la que asienta que “de acuerdo con cifras oficiales, al 26 de noviembre de 2021, había más de 95 mil 121 personas desaparecidas en México… Observamos que ha habido un aumento en el número de niños y niñas y mujeres desaparecidas, tendencia que se ha agravado durante el COVID-19”, para concluir urgiendo a las autoridades de nuestro país a localizar “rápidamente a las personas desaparecidas”. ¿Hará caso el gobierno federal o simplemente, en el caso de las adolescentes, no las buscará porque la mayoría “se va con el novio”, como dijo el insensible gobernador de Puebla, Miguel Barbosa?
Por lo que toca a las víctimas de delitos sexuales que, como se sabe, no todas se atreven a denunciar en buena medida porque las propias autoridades que se encargan de recibir la denuncia y darle seguimiento las tratan no como víctimas sino como culpables, en 2020 se denunciaron 54 mil 342 delitos de este tipo, que representó el 36 por ciento de las denuncias de los últimos tres años; en los primeros once meses de 2021 las violaciones crecieron respecto al mismo periodo del año 2020 en 28 por ciento, ascendiendo a 19 mil 484 mexicanas víctimas de este delito. La violencia al interior de los hogares también incrementó, en 24 por ciento en los primeros seis meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2020; el 76 por ciento de las lesiones por violencia ocurrieron en el hogar, de acuerdo con un estudio realizado por la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
Antes de iniciar el actual sexenio, existía en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) una partida financiera para los programas de igualdad y combate a la violencia. Con la llegada de AMLO llegó también la política de austeridad, que vino a dar al traste no solo con esos programas sino con muchos más. ¿Qué pasó con los recursos que se destinaban a las mujeres víctimas de violencia? El 89 por ciento de ellos se sumaron a las ayudas monetarias directas, que es una descarada compra de votos y que no han logrado sacar de la pobreza a quienes las reciben. Por si eso no fuera suficiente, el presidente es contrario a la lucha de las feministas, la estigmatiza y, en consecuencia, se niega a recibirlas y escucharlas porque, desde su punto de vista, se trata de un movimiento que está infiltrado “por el conservadurismo de derecha”, que persigue atacar el bienestar (¡!) del país. Y, así, bajo ese argumento, desecha el clamor de las madres, las hijas y hermanas de las mujeres desaparecidas, de las que exigen justicia para las que fueron asesinadas, de las que claman por políticas de prevención para no volver a ser víctimas de violación, de las que requieren de un refugio seguro para ellas y sus hijos ante un hombre abusador y violento. Bajo ese argumento, pues, el presidente se lava las manos.
Pero el caso es que la violencia generalizada sigue en aumento, que las ayudas directas en dinero no han servido para remediar la pobreza, que la política de austeridad -menos para los proyectos faraónicos del presidente- tiene al país entero sin obras, sin servicios, sin atención médica de calidad, sin arreglo de escuelas abandonadas por el Covid, sin nuevos proyectos de infraestructura, sin inversión privada, etcétera, etcétera. Por ello, para que la lucha de las mujeres verdaderamente alcance un carácter nacional, es necesario que se organicen y luchen junto con los hombres que, como ellas, también son víctimas de un sistema que explota su fuerza de trabajo, que los discrimina por razón de clase social, que les niega un trabajo digno y bien remunerado, en fin, que padecen de los mismos males. Solo un movimiento así, podrá exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones. Ojalá que así lo entiendan.
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