En medio de una agresiva campaña del presidente y simpatizantes de Morena, basada en amenazas, persecuciones, detenciones y chantajes, el pasado 11 de septiembre, a un mes de terminar el mandato de López Obrador, Morena, con una mayoría calificada en el Senado, logró imponer la Reforma Judicial, gracias al apoyo de los Yunes, padre e hijos panistas, quienes entregaron su voto traicionando a su partido. Lo que significa que Morena, no sólo dominará el poder Ejecutivo y el Legislativo, también ahora dominará el poder Judicial, anulando de manera total la división de poderes, es decir, estableciéndose así un régimen presidencialista.
Hoy estamos ante el fin de la independencia de los juzgadores y el fin del Estado de derecho en México
Sólo un cierto sector de la sociedad, el más informado, estuvo dando la batalla para oponerse a esta imposición, porque desgraciadamente muchos asuntos de la vida pública pasan desapercibidos o con poca muestra de interés por parte de la ciudadanía, a pesar de que, a esa mayoría, es precisamente a quienes afectarán en primer lugar las decisiones erróneas que se toman en nuestro país.
El descuido y la falta de interés de las grandes mayorías para estar informado obedecen primero, a la fatiga por el trabajo extenuante al que son sometidos una gran parte de los mexicanos, que hace que, el individuo se rehúse a conocer más allá de lo que considera que es su círculo de interés; y, segundo, la falta de politización de millones ciudadanos, que los convierten en presa fácil de la manipulación más descarada por parte de las clases y de los grupos en el poder. Por todos es sabido que millones de mexicanos, lejos de reflexionar su voto, lo venden por una “tarjetita” o por migajas que no les van a servir para resolver los grandes problemas que se le presentan a diario.
La Reforma Judicial, que ya fue aprobada, establece que la mayoría de los jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular, esto suena, quizá, muy “convincente”, sin embargo, Morena ya aprendió el camino para ganar elecciones comprando el voto de la gente. No nos sorprenda que, los “impartidores de la justicia” sean incondicionales del presidente de la República. Además, no olvidemos que, la reforma también considera la disminución de facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); disminuye la facultad de otorgar amparos para proteger a los ciudadanos de posibles abusos de autoridades, así como reducir el número de ministros que la integran, destituyendo a los actuales para sustituirlos por otros, “elegidos por los ciudadanos” en 2025.
Hoy estamos ante el fin de la independencia de los juzgadores y el fin del Estado de derecho en México. Mientras los gobernados podíamos saber cuáles eran nuestros derechos y cuáles eran los límites del poder público, ahora con la reforma, ya no sabremos cuáles son nuestros derechos, cuando nuestras garantías se han perdido, quedaremos indefensos ante las arbitrariedades de funcionarios de gobierno. Quedaremos ante un sistema penal con más margen para omisiones en las investigaciones penales y prácticas ilegales como detenciones arbitrarias, con una nueva ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, es decir, los delitos en que las fiscalías no tengan que justificar la privación de la libertad.
Como mencionó Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: “no sólo se va a elegir a jueces federales, sino también a locales, la lista de jueces federales la hará el presidente y la de los locales, los gobernadores, eso se llama caciquismo, y cabe la posibilidad de que sean los delincuentes los que elijan a sus jueces y entonces estaremos entrando en un problema muy grave, porque entonces los elegidos pueden estar sujetos a la extorsión… en los hechos, a servirle a su patrón”, es decir, la delincuencia.
Los jueces y ministros no son ni deberían ser entes políticos (en los términos en que se conocen los políticos de hoy día); deben ser personas capacitadas para resolver un conflicto en la sociedad. Con la Reforma Judicial queda la duda de qué tanto le va a responder un juez a su electorado por una cuestión popular, en lugar de resolver como las leyes establecen.
Además, esta reforma implica que para ser juez no se requiere de ninguna preparación, ni colegiación, pues estos se elegirán a través del voto popular después de haber tenido la suerte de que su nombre fuera depositado en una tómbola y alguien lo escogiera para ser votado.
De esta forma el gobierno actual pretende conservar el poder a toda costa a través de una reelección de facto, debilitando las estructuras del Estado contempladas por la Constitución, y que representan un estorbo para establecer el presidencialismo exacerbado. Lo que sí nos puede traer esta reforma, son consecuencias catastróficas y un retroceso de hasta 50 años en la impartición de justicia, ésta, que necesita de personas capaces y especializadas.
Como dijo el ingeniero Homero Aguirre, vocero nacional del Movimiento Antorchista, “nos encaminamos al fortalecimiento del presidente de la República como poder único, lo que multiplicará los abusos de poder y aumentará la indefensión de quienes no ven en la 4T otra cosa que un engaño tramado a muy alto nivel del mundo para engañar y mediatizar al pueblo de México, y someter a quien pretenda encabezar otra alternativa de gobierno”.
Los que entendemos la gravedad de esta reforma, no dejemos de alzar la voz. Pues, sin lugar a dudas a ese grupo de aplaudidores que ahora están enquistados en el poder les llegará su hora, aquellos quienes han convertido a la Constitución y sus leyes en un simple papel de baño. Pues la historia los juzgará como el peor gobierno que se haya tenido en México y sus propias acciones los derrotarán, al tiempo.
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