El presupuesto del que dispone para sus labores, el Gobierno del Estado de Sinaloa, durante el tiempo que lleva Rubén Rocha Moya como gobernador ha ido en aumento. Según las estimaciones de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado lo que en 2023 se gaste será 10.95 % más que en 2022.
Según esta ley, los ingresos y egresos durante este año serán de 64 mil 504 millones 514 mil 576 pesos, lo que es superior en seis mil 365 millones de pesos a lo presupuestado el año anterior. No se puede argumentar, pues, ante las demandas ciudadanas, que no hay recursos para atenderlas.
Ahora bien, diversos grupos han planteado, entre ellos el Movimiento Antorchista, que se respeten las leyes que facultan al Estado para dotar de vivienda a quien la necesita, pero en el presupuesto 2023, lo que se destinó directamente para este fin fue el Programa para Construcción de Pisos y Techos Firmes, con un monto de 25 millones de pesos y lo asignado a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), 31 millones de pesos; sin embargo, a decir de los voceros de esta institución, se les redujo el presupuesto respecto al año anterior y no les alcanzará este año para financiar terrenos para solicitantes de los mismos.
El 5 de marzo, en la instalación del Consejo Estatal de Vivienda “la explicación de motivos estuvo a cargo de la secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, quien dio a conocer que el déficit habitacional en Sinaloa es superior a las 63 mil 230 viviendas, mientras que 81 mil 52 viviendas se encuentran en situación de hacinamiento”. (El Economista)
O sea que si hasta el último peso de que dispondrán en 2023 el programa y la comisión citados fuera destinado a mejorar o adquirir lotes habitacionales para quienes los necesitan, a cada acción pro-vivienda le tocaría la fabulosa cantidad de 388 pesos. Un lote sin servicios de unos 110 metros cuadrados cuesta en la actualidad en Culiacán no menos de 70 mil pesos.
Juzgue usted, amable lector, si los montos aprobados para atender la necesidad de vivienda son suficientes. El problema puede ser más grave, ya que no se deja ver en las cifras manejadas por la SEBIDES si ya se está tomando en cuenta en esa medición de necesidad de vivienda a la gente que está en posesión de un lote irregular.
Ahora bien, tomemos en cuenta la necesidad de vivienda de los sinaloenses desplazados por la violencia. Empadronados por la SEBIDES, según reporta la prensa local, se tiene a tres mil familias; el presupuesto aprobado para atender a esta estoica población en 2023 fue de 70 millones de pesos (mdp), por lo que si se repartiera el recurso sólo entre éstos les tocaría de a 23 mil pesos, lo cual no alcanza ni para el terreno de cada una, y ya ni hablar de servicios y obras para las nuevas colonias. Y hay que añadir que el censo de desplazados no está completo; desde el inicio de la actual administración hemos pedido que se empadrone a más gente con estas características y es la hora en que no se ha avanzado con una sola familia de las que representamos.
Con todo, es posible que se atiendan las necesidades de más sinaloenses que requieren vivienda de los que el presupuesto 2023 augura. Bastaría con ver que fueron destinados 25 mdp a la construcción de una alberca olímpica y fosa de clavados.
Asimismo, 3.6 mdp a pesca deportiva; 31 mdp a Comunicación Social, rubros que me parece no son prioritarios o que pudieran ser ajustados, habiendo necesidades básicas no cubiertas por muchas familias. Además, ¿no podrían las oficinas encargadas de atender derechos humanos y de las mujeres que tienen, en conjunto, un presupuesto de 141 mdp ayudar a garantizar el derecho a la vivienda y disminuir la violencia contra las mujeres que viven en condiciones de hacinamiento, mismo que favorece el abuso contra ellas, destinando parte de su presupuesto a financiar vivienda para quienes la necesiten?
Soluciones puede haber muchas, pero no hemos encontrado ni una, o siquiera el intento de buscarla, por parte de los funcionarios de distinto nivel y oficinas varias que hemos recorrido pacientemente.
No hay acciones concretas que se ofrezcan ante las racionales peticiones de los antorchistas. Por eso, nos vemos obligados a solicitar la intervención del señor gobernador, de quien esperamos sensibilidad y soluciones ante los problemas reales que le planteamos. Así como el sexenio avanza, debe avanzar la atención a las necesidades.
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