El próximo domingo 15 de noviembre, la Cámara de Diputados definirá la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ejercer en el año 2016 que, como se sabe, asciende a 4.746 billones de pesos, es decir, 146 mil millones de pesos más, en comparación con el PEF del año 2015, cantidad que resulta, pese a las restricciones económicas del país, francamente cuantiosa e impresionante. Antorcha, como se sabe, desde hace siete años ha venido planteando y negociando que se etiqueten recursos en las comunidades rurales y urbanas de todo el país donde tenemos presencia, especialmente en las más marginadas, con el objeto de hacer obras que cambien sustancialmente la vida de pueblos, ranchos, colonias y barrios marginados, que llevan hasta 30 años o más en el más absoluto olvido. Las peticiones están bien estudiadas en cuanto a buscar la mayor rentabilidad social por su costo-beneficio, es decir, elegimos aquellas acciones que mejorarán la vida del mayor número posible de mexicanos, al costo más bajo posible y, dada nuestra ya larga experiencia, presentamos proyectos técnicamente viables con el objeto de facilitar su ejecución durante el año en que el recurso del PEF está vigente, de manera que no se genere un subejercicio por falta de previsión. En ese sentido, nuestra efectividad está asegurada al 100% como les consta a las autoridades federales.
Ahora bien, como ya lo hemos dicho otras veces, el Movimiento Antorchista Nacional surgió a la palestra política del país con el objeto de trabajar y luchar en contra de la pobreza, pobreza que sólo puede combatirse mediante cuatro líneas de acción (pleno empleo, mejores salarios y pago equitativo de impuestos), entre las cuales se encuentra el llamado gasto social, que consiste en que el presupuesto que manejan los tres niveles de gobierno (alcaldes, gobernadores y presidente de la República) se invierta sobre todo en beneficio de las clases populares de la ciudad y del campo pues, salvo honrosas excepciones, generalmente el dinero del erario sigue dos caminos: una parte sustancial se ejerce en obras que favorecen a la clase del dinero (por ejemplo carreteras, autopistas, distribuidores viales, segundos pisos, puertos y aeropuertos, y obras de relumbrón) y otra parte sustancial se destina a engordar los bolsillos de la clase política, de sus amigos, compadres y familiares, o sea, a la corrupción, problema que ha colocado a México en el nada honroso segundo o tercer lugar entre los países más corrompidos ¡del mundo! Y no se vale porque, como también ha reiterado Antorcha, el dinero que manejan los tres niveles de gobierno tiene dos fuentes principales: el 70% procede de los impuestos que paga el pueblo trabajador (por ejemplo el pago del 16% del IVA y el pago del Impuesto Sobre la Renta -el ISR- que le descuentan al empleado directamente de su cheque); la otra fuente, que equivale aproximadamente al 30% de lo que recauda el Estado, ingresa por la venta de petróleo al extranjero, de donde se deduce que los multimillonarios prácticamente no pagan nada; por tanto, si el dinero del erario proviene de los impuestos del pueblo y del petróleo que, se dice y está en la ley, es de los mexicanos y, de los mexicanos, menos del 1% pertenece a las clases ricas, luego entonces, dicho dinero debería emplearse para cubrir las necesidades del pueblo.
En ese sentido, nuestra larga experiencia enarbolando las demandas más sentidas de los campesinos, colonos y estudiantes pobres del país, tanto en las comunidades más alejadas y marginadas del campo como en los bolsones de pobreza más representativos de las ciudades, sea como gestores o bien como alcaldes de varios municipios pequeños y algunos grandes del país, dicha experiencia nos permite afirmar, sin falsa modestia, que los antorchistas tenemos bien afinada la puntería para detectar las demandas ciudadanas, para depurarlas y elegir aquellas que arrojarán, sin duda, el mayor costo-beneficio; sin menospreciar a otras agrupaciones, el trabajo de nuestros activistas y plenistas (líderes naturales de cada comunidad) al ras del suelo, continuo y desde mero abajo en las comunidades, nos permite localizar las demandas más sentidas de la población, por ejemplo, la falta o escasez de agua entubada, de drenaje sanitario y pluvial, de luz eléctrica, de escuelas, de pavimentación de calles primarias, secundarias y de carreteras, de áreas recreativas, de vivienda (lotes, mejoramiento y pies de casa), en fin, de todo aquello que contribuya a crear un ambiente más sano, más cómodo, más agradable y si se puede más bello, por qué no, en el seno de las comunidades. Esta cualidad de los antorchistas se conjuga con otra más que es ya fama pública entre los funcionarios de todos los niveles: el hecho de que nuestra organización ejerce honradamente los recursos ahí donde tiene el timón de los ayuntamientos, o bien, cuando se asignan apoyos en especie o en monetario a nuestros comités de obras. A diferencia de muchas otras agrupaciones, Antorcha sí es confiable y las autoridades lo saben, saben que a través de nuestra organización, con el mismo presupuesto se hace mucha más obra que en otros lados sin demérito de la calidad. Prueba de ello es que ninguno de nuestros activistas, a nivel nacional, ha sido acusado de fraude.
Ello, no obstante, dicho sea con franqueza, los antorchistas percibimos cierto menosprecio, cierta minusvaloración de parte de los funcionarios federales actuales, quienes responden con frialdad e indiferencia a nuestros argumentos en el sentido en que se nos hace significativamente menos, cada año, cuando se negocia el PEF. Se ignoran, por ejemplo, argumentos de buena factura como el hecho indubitable de que en los últimos tres años Antorcha ha duplicado su membresía, argumento que tiene su respaldo en los eventos públicos y masivos que se efectuaron el año pasado en las 31 entidades federativas y el CDMX, con motivo de nuestro 40 aniversario, información que seguramente tienen los gobernadores y la misma Secretaría de Gobernación, hasta más precisa incluso que nuestra comisión de estadísticas. Y en cambio, los incrementos anuales del PEF para Antorcha están como el salario mínimo, no pasan del 4 ó 5% y, en el caso de los programas de vivienda, el incremento es igual a cero en tres años. Se soslaya, por ejemplo, también, que el crecimiento de Antorcha se ha reflejado en el doble de distritos federales ganados este año (pasamos de dos a cuatro) y que nuestros diputados no son ni de escritorio ni se dedican al "turismo parlamentario", sino que tienen el reto de regresar a sus respetivos distritos para cumplir con sus compromisos de campaña. Y algo parecido viene sucediendo con el incremento de varias presidencias municipales en San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Puebla y el Estado de México, cuya representación obliga a los alcaldes antorchistas a resolver las necesidades de nuestros afiliados, pero también de la población no antorchista y hasta la que milita en otros partidos políticos o no vota por nadie.
Por lo antedicho y porque nos resta menos de una semana para tomar una decisión sobre el PEF 2016 (incluso, el hecho de que se negocie con el tiempo encima, de llevar las cosas hasta el último día y hasta las últimas horas, es otra prueba indudable del maltrato al que me referí, en tanto que con otras agrupaciones con mucha menor representación de masas ya se negoció desde hace un buen rato y se les privilegia), es que el Movimiento Antorchista se ve obligado, forzado nuevamente por los funcionarios federales, a programar dos manifestaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados, con 30 mil antorchistas cada una, a efectuarse el próximo jueves 12 de noviembre, y a dejar un plantón permanente en ambas dependencias hasta no recibir una respuesta mínimamente satisfactoria. No es amenaza, no es tampoco sobrestimación de nuestras fuerzas; se trata simplemente de un acto de legítima defensa que consideramos justo en la búsqueda de un reparto más equitativo del gasto social que es, en última instancia, una de las cuatro maneras de repartir mejor la riqueza social. Es nuestro derecho, la ley lo establece y nos faculta para no sólo pedir, sino incluso exigir, mediante la protesta enérgica pero pacífica y respetuosa. Ojalá que nuestro pedimento no caiga en oídos sordos y que, además de una respuesta negativa, no se nos aviente a la jauría mediática acostumbrada. Si así ocurre, ni modo, no es nuestra culpa, es el precio que injustamente debemos pagar los antorchistas por nuestra mística de ser congruentes con nuestros principios e ideales, como tampoco será culpa de los dirigentes si en los procesos electorales que están por venir, algún porcentaje de nuestras bases no responde como quisiéramos porque cada antorchista tiene su propio cerebro, registra cada vez mejor lo que ocurre y porque el voto es secreto. Realismo, simplemente realismo, pues lo que se gana es directamente proporcional a lo que se invierte.
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