El gobierno de la llamada “cuarta transformación”, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asestaron un nuevo descalabro económico a estados y municipios del país, generando con ello mayor pobreza en México y la nula realización de obras que beneficien a millones de familias.
Lo anterior se da en un momento difícil, en que el país se encuentra sumergido en el caos y la destrucción, tanto por fenómenos naturales como por la aplicación de políticas públicas erróneas que reman en contra de todo avance hacia mejores niveles de bienestar para los mexicanos.
Porque no se trata de ordenar desde el escritorio la cancelación de programas y fideicomisos o de recursos para que gobernadores y alcaldes puedan hacer el trabajo que les corresponde en sus respectivas administraciones, tal como lo han hecho los morenistas en el poder; para hacerlo primero se deben medir las consecuencias, cosa que evidentemente no se ha hecho, enterrando de esa manera el progreso de la nación con la generación de mayor miseria, inseguridad, hambruna y desesperanza.
Quitarle millonarias participaciones federales a estados y municipios del país representa una grave medida para los mexicanos que se deben conformar con las migajas y entrar en la falta de obras importantes como mayor número de hospitales o servicios médicos, escuelas o universidades, mayor equipamiento para las corporaciones policiacas con la finalidad de tener seguridad, falta de oportunidades para los campesinos, falta de vivienda para la gente; en una palabra, es frenar el desarrollo de nuestros pueblos.
Ello únicamente se puede traducir en un descarado atentado en contra de los mexicanos, proveniente de un Gobierno federal caprichoso e insensible que lejos de pugnar por abatir los grandes problemas económicos que se tienen en todos los rincones del país, está empeñado en aumentarlos para a su vez poder sufragar el enorme costo que representan las obras faraónicas del presidente, es decir, de aeropuertos, termoeléctricas o el Tren Maya, que hasta la fecha se muestran inútiles o inservibles.
Por supuesto que hubo legisladores federales que alzaron la voz en defensa de los estados del país, frente a la propuesta de presupuesto presentada por el Gobierno federal de Morena para el ejercicio fiscal de 2024.
Ellos destacaron que los estados y municipios recibirán siete mil millones de pesos menos en comparación con el presupuesto asignado en 2023, subrayando así el nivel de descuido que plantea esta propuesta gubernamental para las entidades federativas y la solución de los múltiples desafíos que enfrentan los ayuntamientos a lo largo del territorio nacional.
“Ese es el nivel de descuido del presupuesto que plantea este gobierno para las entidades federativas y para resolver los miles de problemas que tienen los ayuntamientos en todo el territorio nacional”, señaló el diputado coahuilense Jericó Abramo Masso.
El legislador puso como ejemplo a Coahuila, diciendo que en dicha entidad el gasto federalizado contempla una reducción de más del dos por ciento, generando interrogantes públicas sobre el motivo de castigar a Coahuila de esta manera.
Cabe destacar que el estado aporta el 3.7 % del producto interno bruto nacional y ha sido reconocido en los últimos años como un ejemplo de paz social, seguridad pública y desarrollo, donde cuestiones como la salud, educación y desarrollo no son politizadas.
Finalmente, dicho legislador informó que la comisión de Turismo que preside, compuesta por diversas fracciones parlamentarias, había aprobado por unanimidad una modificación al presupuesto para destinar diez mil millones de pesos de forma inmediata a la reconstrucción de Acapulco y otras comunidades en el estado de Guerrero tras el paso del huracán “Otis”.
Sin embargo, esta modificación fue rechazada por la mayoría parlamentaria conformada mayoritariamente por legisladores de la 4T, lo que implica que no habrá más apoyo para los damnificados y la reconstrucción de las áreas afectadas.
Lejos de destinar a estados y municipios lo que por derecho les corresponde, el Gobierno de la 4T persiste en arrebatarle recursos a unos para la generación de obras suntuosas así como para alimentar mañosamente las campañas electorales que se avecinan con el único fin de seguir regalando dinero a quienes les representan votos en las urnas y así continuar manejando el poder de la nación.
Frente a ello habrá que esperar a ver las consecuencias de esas medidas impuestas desde Palacio Nacional, con un mandatario alimentado por la ambición de poder, pero con un pueblo sumergido en el abandono y la pobreza.
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