La sequía es parte del ciclo natural del agua, es un periodo sin lluvias que ocurre regularmente durante los meses de octubre a abril, aunque en los últimos años este ciclo se ha alterado dramáticamente. La respuesta más difundida es que este suceso se debe, en lo fundamental, al cambio climático. Aunque hay que decirlo, este fenómeno que en principio aparece de manera natural, las actividades económicas a gran escala lo intensifican y se acrecienta con el paso del tiempo. Las sequías están presentes ya en diversas partes del planeta y en nuestro país son cada vez más recurrentes, acarreando graves problemas a la población. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los últimos días de Julio más del 70% del territorio mexicano presentaba algún tipo de sequía, agravada esta, por la geografía física y humana, pues en el sur-sureste del país que abarca el 20% del territorio nacional, recibe el 80% de lluvias anuales, mientras que la región centro-norte, que representa el 80% del territorio recibe solo el 20% de la precipitación pluvial. Del agua existente en nuestro territorio, el 76% se utiliza para la agricultura, el 14.4 para el abasto público, para la industria el 4.9 y para la generación de electricidad el 4.7 %. La zona más afectada del país con la sequía es la de los estados del norte, y están con falta de lluvias Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, junto con Jalisco, Nayarit y Aguascalientes. Esta situación afecta directamente en la vida de los habitantes de esta región, pues pasan días críticos ante la escasez del líquido. También repercute de gran manera en el campo, pues cada vez es más difícil producir lo necesario con menos agua, y trae como consecuencia la escasez y el aumento en los precios de los productos alimenticios. La sequía deja sin ocupación a miles de pequeños productores y jornaleros agrícolas, que ante la falta de agua no pueden ejercer su actividad productiva. En Puebla, de acuerdo con la Conagua, el 55% de su territorio (110 de 217 municipios) se encuentra anormalmente seco, provocando que la presa Manuel Ávila Camacho se encuentre prácticamente seca, siniestrando una superficie de 34 mil hectáreas cuya producción en el mercado asciende a los mil millones de pesos. Ante esta catástrofe, el gobierno del estado a través de la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, anunció un apoyo de 72 millones de pesos a los productores, cantidad que no representa ni el diez por ciento del valor de las pérdidas. En Sinaloa, la empresa ProducePay publicó en mayo pasado, que la sequía afectaría el rendimiento de las cosechas y al suministro de frutas y hortalizas para el mercado nacional y de exportación, ocasionando una pérdida aproximada de 12,500 millones de pesos. En Guerrero, la Conagua, informó en marzo pasado, que 46 municipios están anormalmente secos, la sequía causó que la presa de Ajuchitlán del Progreso se secara, dejando a las poblaciones aledañas sin agua para el consumo, causando la muerte de miles de peces, y dejando sin trabajo a cientos de pescadores.
La sequía ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, ha propiciado hambrunas, la movilización de pueblos completos y en ocasiones su decadencia y desaparición, aunque también ha sido el motor de desarrollo tecnológico al impulsar los avances científicos para mejorar la dirección y el uso del agua. En nuestro país, los gobiernos y sus órganos encargados de hacer frente a la escasez de agua, se limitan a divulgar el problema y hacer llamados generales para su cuidado, rehuyendo así, la responsabilidad constitucional que les obliga a garantizar el abasto de agua a los ciudadanos. En apariencia la problemática concierne a todos, sin embargo, existen serias diferencias en la responsabilidad de la agravación del fenómeno. Ejemplo de ello es que el 70% del agua existente está concentrada en el 2% de los usuarios, un hecho injusto, permitido por las autoridades en turno, amparados en una ley de aguas nacionales obsoleta, que tolera pagos ridículos. El abandono de los sistemas de distribución del agua por parte de los gobiernos, ocasiona que en las ciudades se pierda el 40% de agua debido a las fugas, y en el uso agrícola la pérdida es del 50%. Por otra parte, la mala calidad del agua entubada que llega a los hogares, induce a la población al consumo de agua embotellada, en la que el 81% de los mexicanos realiza esta práctica, proporcionando una ganancia a las empresas embotelladoras de 13 mil millones de dólares anuales. En las actividades agropecuarias, en las que se destina la mayor parte de la cantidad de agua con que cuenta el territorio nacional, se permiten de igual forma, prácticas que deberían ser combatidas para atenuar las consecuencias de la sequía. El acaparamiento del agua a través de adquisiciones de tierras a gran escala constituyen la apropiación de este elemento con claro destino a las inversiones de la agroindustria de grandes empresas, muchas de ellas transnacionales que producen en lo fundamental para el mercado extranjero. Los pequeños productores mexicanos que cultivan un aproximado de 16 millones de hectáreas, poco tienen que ver en el gran consumo de agua en la actividad agrícola, pues su actividad la realizan de forma temporal aprovechando las lluvias que la naturaleza les otorga.
Las recientes imágenes de la sequia en el estado de Nuevo León, que en algunos momentos provocó enfrentamientos físicos y verbales entre los habitantes de Monterrey, anuncian problemas que pueden desencadenar conflictos mayores si las autoridades en unidad con los ciudadanos, no toman las medidas pertinentes. Los hombres y mujeres de ciencia, que estudian el fenómeno de la sequía en nuestro país, cumpliendo con su deber, proponen medidas que deberían ser escuchadas y aplicadas por los gobiernos, como por ejemplo, garantizar que todos los hogares mexicanos tengan acceso a agua entubada de buena calidad. Eliminar la anarquía en el otorgamiento de concesiones de explotación del agua. Regular enérgicamente el uso agrícola, exigiendo que las grandes empresas que usan nuestra agua para producir y exportar productos agrícolas no sobreexploten los mantos acuíferos. Aplicar un extenso programa de construcción de represas para uso agropecuario, entre otros. Desde luego que modernizar la infraestructura hidráulica y prepararnos ante futuras sequías, requiere de un gran presupuesto que el gobierno debe destinar en la solución de esta problemática. Sin embargo, el gobierno de la 4T, ha demostrado en los casi cuatro años de gestión que tiene otras prioridades. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, recomienda que para alcanzar la sustentabilidad y seguridad hídrica a nivel nacional se necesitan al menos 21 años, con un ritmo de inversión anual de 49 mil millones de pesos, cantidad muy superior a los 18 mil millones de pesos que la Conagua está manejando en el presente ejercicio fiscal. Como podemos darnos cuenta, el modelo económico que prevalece en nuestro país, protegido por un sistema político que miente y compra conciencias, se beneficia con la sequía extrayendo una enorme riqueza que engorda sus bolsillos. En tanto, los trabajadores de la ciudad y del campo se empobrecen continuamente, debido a que con la sequía, tienen que destinar más recursos económicos para la compra del agua que usan para el consumo doméstico, los productos alimentarios se encarecen, y tanto jornaleros como pequeños productores no pueden ocuparse en sus labores agrícolas. Estas realidades se reproducen desafortunadamente en perjuicio de la vida de los trabajadores. Para combatir estas desgracias, la sequía y la pobreza, es necesario el predominio de un modelo económico y político que se aboque al dominio de los fenómenos naturales y sociales, mediante el uso correcto de la ciencia para no equivocarse en su tarea. Este instrumento no ha estado en el pasado y tampoco ahora con la 4T. Será obra de los trabajadores, obreros, campesinos, amas de casa, jóvenes, organizados y educados en un gran movimiento político que los conduzca a la toma del poder político de nación, para trabajar y cuidar la tierra que los vio nacer.
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