El desplazamiento forzado por la violencia es de los fenómenos más crueles que vive en la actualidad el pueblo mexicano y aunque no es nuevo sí se ha agudizado; consiste en el hecho de que las personas sean forzadas u obligadas a abandonar o huir de su lugar habitual de residencia, pero permaneciendo en el mismo país, como efecto o para evitar los efectos de violencia generalizada o conflictos armados.
Este fenómeno lo han sufrido ya más de 379,922 personas desde que se tiene registro, asegura la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su informe “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México 2021” publicado en diciembre de 2022.
Para dimensionar bien el problema: se trata de cientos de miles de seres humanos, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, que de la noche a la mañana vieron prácticamente destruida su forma de vida: perdieron casa y todo lo que en ella había, bienes de todo tipo robados o destruidos, tierras fértiles, ganado, trabajos, escuela, seres queridos que muchas veces ni siquiera tuvieron la posibilidad de recibir digna sepultura; son cientos de miles de compatriotas que fueron arrancados a la fuerza de su medio y se les dejó prácticamente en la indigencia, sin forma segura de ganarse la vida, con un profundo sentimiento de impotencia y dolor, pero también de rabia, indignación e injusticia. ¿Cómo sobreviven estas olas cada vez mayores de víctimas de una sociedad putrefacta que no cuida lo más valioso que tiene? No lo sabemos con precisión, pero debe ser cierto que para resistir este terrible golpe se ocupan sacrificio y valor dignos de admiración, pero sobre todo de solidaridad.
El fenómeno no está erradicado ni a la baja, sino que va al alza: según la misma fuente, mientras que entre 2018 y 2020 el número estimado de compatriotas desplazados por año no había superado los 11,500, durante 2021, último año del informe, se registraron 28,943 personas desplazadas por la violencia (idem), lo que representa la cifra más alta para un solo año. Un récord más que se anota la Cuarta Transformación.
En el período de 2016 a 2021, Sinaloa ocupa el tercer lugar nacional en número de episodios de desplazamiento forzado, solo por debajo de Guerrero y Chiapas; en cuanto a número de personas desplazadas, 8,733, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, solo por detrás de Michoacán, Guerrero y Chiapas (ibidem).
La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) del estado de Sinaloa ha informado que tiene un registro de 3,046 desplazados, por lo que estaría apenas contabilizando a la tercera parte de las víctimas de los últimos 6 años del citado estudio. Las cifras históricas muestran casi nulo retorno de los desplazados al lugar del que fueron expulsados y pocos que migran fuera de Sinaloa, lo cual quiere decir que podemos contar en estos momentos, más de cinco mil desplazados recientemente por la violencia que no están siendo registrados por el gobierno estatal. Y ya ni hablar de que se les esté ayudando de alguna manera.
“...es fundamental implementar un enfoque de prevención, no solo en el sentido de mitigar las causas estructurales y específicas que pueden generar desplazamientos con el fin de evitar la ocurrencia de estos, sino también garantizando previamente la disponibilidad de capacidades recursos y rutas claras de acción en los casos de desplazamiento inminente o cuando este se haya concretado, con el fin de paliar sus efectos”, reza en su parte final el informe de la CMDPDH.
Según mi modesta opinión, es correcto este enfoque como una solución temporal, pero la cruda realidad y las cifras nos dicen que ni en la mitigación de las causas estructurales se hace nada, pues la libertad con la que actúan los delincuentes hoy en día es notoria; ni en la atención de las víctimas hay avance o este es casi nulo.
En Sinaloa, un nutrido grupo de desplazados de diversos municipios del estado ha planteado al gobierno del estado la necesidad de contar con un lote para vivir, donde cada uno vuelva a construir con esfuerzo su patrimonio, vida y sueños, pero hasta el momento no hay ningún avance que les dé esperanzas de que pronto terminará su calvario de no tener casa propia después del despojo del que fueron víctimas. SEBIDES ha aplazado, una y otra vez, el nuevo registro que tanto ha anunciado mediáticamente y en cuya planeación ha dicho que han intervenido la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), UADO y muchos más. Los recursos que para este año aprobó el congreso local para atender el problema fueron 70 millones de pesos, lo que no alcanza para resolver, pero sí para mitigar la situación.
Es claro que la economía pujante, que crezca y que dé trabajo bien pagado a todos los mexicanos no se está forjando con Andrés Manuel López Obrador; se requiere otro modelo económico para ello, uno impulsado por un partido popular al que sí le interese la vida y la calidad de vida de la gente.
El sexenio ya casi se fue y la prometida transformación nunca llegó, como no sea en la cabeza de muchos fanáticos; el cambio de modelo económico no será en este sexenio, y lo más probable es que ni en el que viene.
Mientras tanto, los miles de desplazados por la violencia, uno más de los grupos ninguneados por la 4T, debieran organizarse y luchar como uno solo para que cese el escarnio en que se ha convertido el ofrecimiento de apoyo oficial para rehacer su vida, y se apliquen de una vez por todas los recursos aprobados para tal fin.
Así, quizás, con esta lucha inmediata, estaremos preparándonos para la lucha futura que habremos de dar ustedes y nosotros, todos juntos, por una patria realmente humana, que expulse de la tierra a la luna, como dijo Neruda de la pobreza, a la violencia que hoy nos asuela.
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