Entre pueblos desplazados, muertes, renuncias y amenazas, transcurre la recta final de las campañas proselitistas rumbo a las elecciones del 2 de junio, colocando a Guerrero como el estado con mayor índice de actores políticos asesinados durante el proceso electoral, con un total de seis asesinados, entre ellos dirigentes de partidos políticos, candidatos, expresidentes municipales, exsíndicos y exregidores.
Ante el elevado número de actores políticos asesinados, el consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Arturo Millán Sánchez, consideró que se trata de una situación sui géneris y exigió a las autoridades federales poner atención en los municipios donde se registraron estos casos y garantizar la seguridad el día de las elecciones.
Guerrero es el estado más peligroso para aspirar a un cargo público; los candidatos revelan que sin el permiso del narco no pueden hacer campaña, lo que significa que la democracia está secuestrada.
Entre los lamentables casos está el asesinato del candidato a regidor de Coyuca de Benítez por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aníbal Galeana Cortés, y su esposa Rubí Bravo Solís, quienes fueron localizados desmembrados en Acapulco.
El más reciente ocurrió este sábado 25 de mayo, con el asesinato del coordinador de la coalición PRI-PAN-PRD en Marquelia y exregidor del municipio, Arquímedes Díaz Justo, quien fue privado de la vida cuando regresaba de un mitin político.
La coalición condenó los hechos y reclamó que mientras las autoridades no garanticen la seguridad del pueblo, las ejecuciones serán el pan nuestro de cada día. También criticaron que los gobiernos actuales ven con indolencia desde un monitor cómo aumentan las cifras de la violencia, sin que hagan nada para revertirla.
La violencia contra aspirantes a algún cargo en el proceso electoral ha dejado hasta el momento 30 candidatos asesinados, lista en la que siguen a Guerrero: Chiapas con cinco casos; Michoacán con tres; Jalisco con tres; Guanajuato, Veracruz y Estado de México con dos casos; Puebla, Colima, CDMX, Morelos, Tamaulipas, Oaxaca y Sinaloa con un caso cada uno, según cifras del Colegio de México.
La violencia electoral sigue frenando las campañas políticas en varias zonas del estado, como Costa Chica, Norte y Tierra Caliente, donde los candidatos a presidentes municipales y a diputados no hacen campaña por amenazas y se limitan a realizar proselitismo a través de las redes sociales y vía telefónica.
En los municipios de San Marcos y Las Vigas, este último de nueva creación, la situación de inseguridad también es complicada, ya que los candidatos a presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Néstor Daniel Juárez y Cristóbal Salgado, respectivamente, fueron amenazados aunque ambos argumentaron cuestiones de salud.
De acuerdo con cifras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), participan 8 mil 336 candidatos que buscan un cargo electivo, de los cuales 585 al cargo de diputaciones por el principio de mayoría relativa, 275 por representación proporcional, mil 107 al cargo de presidentes municipales, mil 186 al cargo de síndicos y 5 mil 183 para cargos de regidores, hablando de candidaturas propietarias y suplentes, enmarcados en quince partidos políticos, siete con registro nacional y ocho partidos locales.
La violencia electoral sigue sacudiendo el actual proceso electoral. De un total de 468 candidatos de los diferentes partidos políticos, renunciaron 454 antes del 2 de mayo, fecha límite para que los institutos políticos pudieran hacer las respectivas sustituciones; en el caso de las renuncias realizadas después de la fecha, no procede la sustitución.
Las últimas catorce renuncias se presentaron en Tlacoapa, municipio de la región Montaña, donde renunció toda la planilla que había registrado el PRI. También se registró la renuncia a una diputación por el principio de mayoría relativa del Distrito 21, del Partido Fuerza por México; la renuncia a la candidatura suplente en el municipio de Tlapa por Alianza Ciudadana; las sindicaturas propietaria y suplente, así como la primera regiduría suplente del municipio de Teloloapan, postulados por el Partido México Avanza.
Ante esta situación, el IEPC ha recibido 40 solicitudes de seguridad para candidatas y candidatos a presidentes municipales de los municipios de Huamuxtitlán, Alcozauca de Guerrero, Pilcaya, Cochoapa, Zihuatanejo, Eduardo Neri, Metlatónoc, Acapulco, Leonardo Bravo, Cuajinicuilapa, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Iguala, San Nicolás, Igualapa, Copanatoyac, San Marcos, Cuautepec y Florencio Villarreal, y para candidatas y candidatos a las diputaciones locales de los distritos 15 con cabecera en San Luis Acatlán; 21 con cabecera en Taxco de Alarcón; 9 con cabecera en Acapulco; 23 con cabecera en Huitzuco de los Figueroa; 25 con cabecera en Chilapa de Álvarez y el Distrito 13 con cabecera en San Marcos.
Guerrero es el estado más peligroso para aspirar a un cargo público; los candidatos revelan que sin el permiso del narco no pueden hacer campaña, lo que significa que la democracia está secuestrada por grupos delincuenciales.
Las cifras ya son escalofriantes de la violencia electoral que se agudiza conforme se acerca la fecha de las elecciones mientras el Gobierno morenista estatal y varios municipales están enfocados en la reelección, en detrimento de los candidatos y de la ciudadanía en general, que tienen derecho a salir a emitir libremente y sin miedo su voto.
Es necesario que las autoridades tomen medidas radicales para garantizar la gobernabilidad que hasta el momento se ha vulnerado.
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