Durante la última semana, Tizayuca, uno de los municipios de Hidalgo que colinda con el Estado de México, se ha sumergido en un clima de inseguridad y temor, las calles lucen vacías, los negocios y escuelas cerrados y el transporte público inmovilizado.
Esta situación se tornó preocupante, luego de que el pasado fin de semana choferes del transporte público, en la demarcación, denunciaran presuntas extorsiones por parte de grupos criminales y culminará en el asesinato de un operador.
Tizayuca es la entrada a Hidalgo; este municipio, dada su cercanía al Valle de México, alberga a miles de trabajadores que al encontrar vivienda digna en la capital rentan o construyen sus hogares ahí, aun cuando las largas jornadas laborales y el tortuoso transporte público sólo les permitan permanecer con sus familias pocas horas que invierten en su mayoría en descansar.
Así, se vive un constante proceso de urbanización, que no sobra decir ha sido descontrolado y favorece a las grandes empresas constructoras. Las protestas por la falta de servicios básicos en las colonias nacientes son constantes, mientras los fraccionamientos se ven favorecidos con la cobertura de ellos.
Los habitantes de Tizayuca están ávidos de un verdadero desarrollo y bienestar social, que les permita encontrar fuentes de empleo dignas y cercanas a sus hogares, que se gaste el presupuesto público en la regularización e introducción de servicios básicos en las colonias más marginadas; sin embargo, las acciones de los tres niveles de gobierno han sido insuficientes. Cada día, se presumen acciones transformadoras en las redes sociales, fotografías de reuniones; eventos locales y en los municipios aledaños, pero las condiciones de marginación de los tizayuquenses no cambian.
En este panorama, la inseguridad no podía más que aumentar. La posición estratégica del municipio la favorece y las ineficientes acciones gubernamentales no han podido contrarrestar esta oleada de violencia. Resalta la respuesta del aparato gubernamental ante la huelga de los transportistas, sector más afectado por la inseguridad, que ha sido la implementación de un programa de transporte emergente que ciertamente apoya a la movilidad de la población, pero no resuelve la petición de seguridad de este sector.
En Tizayuca, los habitantes claman paz, se necesita un frente unido que exija a las autoridades la implementación de medidas efectivas para lograr la garantía de su derecho a una vida plena y segura para sus familias.
A nivel nacional, la inseguridad no es un fenómeno nuevo, pero alarma su acelerado crecimiento y revela un grave problema social que ni las estrategias de seguridad fallidas, ni la militarización o las políticas económicas promovidas desde el gobierno federal han podido resolver. Mientras no exista un nivel de vida aceptable para toda la población, las soluciones que solo palian las consecuencias o solo atacan la superficie no serán suficientes.
Las causas de la creciente inseguridad son el resultado de una descomposición social, es la manifestación de la putrefacción de una sociedad desigual que permite que, de cada 100 pesos de riqueza creada en el país, 21 pesos se vayan a las arcas del uno por ciento del grupo más rico, y que, en contraste, en el 50 por ciento de la población más pobre sólo se distribuyan 0.40 pesos.
La pobreza en el sector más vulnerable no hace más que crecer, 55.6 millones de mexicanos viven en pobreza, y los factores como el desempleo, los malos salarios, el injusto reparto del presupuesto nacional que ocasiona la escasa difusión de la cultura y el arte en todos los extractos sociales, la poca inversión en educación, salud; seguirán haciendo de nuestro estado y de todo México, terreno fértil para fomentar la inseguridad. Solo cambiar el modelo económico imperante hará que desaparezcan esas causas y con ello sus fatales consecuencias.
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