A nivel nacional, la juventud enfrenta serios problemas: hay pocas oportunidades para que acceda a una educación superior de calidad y es presa fácil para la delincuencia e inseguridad pues no hay fuentes de empleo formales, incluso para aquellos que tienen un título universitario. La situación no es diferente en Hidalgo.
En cuanto a oportunidades para recibir educación de carácter superior y medio superior, si bien hay un número considerable de universidades, tecnológicos y centros de estudios superiores, de acuerdo con el listado de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y de las Escuelas Normales, en la entidad sólo hay alrededor de 29 instituciones universitarias públicas entre politécnicas, tecnológicos y normales; aparte de las que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Al limitado número de instituciones públicas para atender a 574 mil 360 jóvenes hidalguenses de 18 a 29 años que reportan los datos del Censo de Población del INEGI (2020), se añaden las dificultades económicas. Si bien estas instituciones son de carácter público, reciben recursos gubernamentales limitados, por lo que en cada periodo los estudiantes tienen que pagar una cuota de inscripción que va de los mil 400 a 3 mil pesos.
No sólo es difícil encontrar un centro universitario cercano a sus hogares y lograr ser aceptado, sino que cada semestre o cuatrimestre, los jóvenes y sus familias tienen que ahorrar y recortar gastos para pagar la cuota correspondiente. Y a esto hay que sumar los gastos diarios de transporte, alimentación y hospedaje, sobre todo en aquellos casos donde a falta de universidades en las comunidades se tienen que trasladar a las ciudades.
Esto explica, en gran medida, la tasa alta de deserción escolar registrada en los universitarios. De acuerdo con una nota de Milenio de mayo del año pasado, entre 2019 y 2022, las Instituciones de Educación Superior (IES) de Hidalgo registraron una deserción de 24 mil 333 estudiantes.
Para aquellos jóvenes que logran culminar sus estudios y egresar, no mejora la situación. Datos de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) revelan que apenas el 22.5 % de la población egresada de las universidades obtuvieron un empleo relacionado con su perfil profesional.
Nuestro estado también es de los que registran mayor número de egresados de las instituciones de educación superior que migran a otras entidades en busca de mejores oportunidades laborales y mayor remuneración económica, siendo los principales destinos la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y el Estado de México.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal (STPS) dio a conocer que el sueldo promedio en la entidad ronda los seis mil pesos mensuales para egresados de diferentes universidades, por lo cual se encuentra por debajo de las percepciones que se ofrecen en otros estados del país.
Un indicador importante que analiza el documento “Situación de las personas adolescentes y jóvenes en el estado de Hidalgo (2021)” es el de la población joven que percibe ingresos por debajo de la línea de bienestar, es decir, que con el ingreso no les es posible acceder a la canasta alimentaria básica y la canasta no alimentaria básica (transporte, vestido, etcétera). En 2020, se estimaba que el 53.9 % de las personas jóvenes en México se encontraba en dicha situación. En Hidalgo, el porcentaje es mayor, 56.6%.
Dicho informe también aborda el tema de la informalidad laboral, donde también nuestra entidad destaca por su alto índice: el 71.6 % de los jóvenes labora en la informalidad por lo que son afectados directamente su acceso a la protección de la salud y a la seguridad social.
Frente a esta situación no hay una política gubernamental seria que busque eliminar estos males de raíz. Ciertamente se invierte recurso en la juventud, sector electoral de suma importancia; sin embargo, los programas implementados no atacan los problemas fundamentales: la falta de oportunidades para acceder a una educación de calidad y la falta de oportunidades laborales.
“ Hidalgo destaca porque el 71.6 % de los jóvenes labora en la informalidad, lo que afecta directamente su acceso a la protección de la salud y a la seguridad social.
A ello hay que añadir el fracaso de los programas de la 4T. El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” no sólo ha recibido críticas, pues pocos jóvenes son contratados tras el periodo de capacitación, sino que no crea fuentes de empleo permanente, además de que se ha visto envuelto en polémicas de corrupción y uso indebido de los recursos.
Hace falta un gobierno diferente, que no se enfoque en conservar el poder ni proteger los intereses de los poderosos de siempre; un gobierno verdaderamente preocupado por construir un país más justo, y para eso es importante impulsar el desarrollo de la juventud.
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