De acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), que publicó la respuesta de Pemex, vía solicitudes de acceso a la información pública, se detectó que el robo y trasiego de hidrocarburos no sólo no disminuyó, sino que se intensificó en Hidalgo, pues en los primeros nueve meses del año anterior se contabilizaban tres mil 383 tomas.

El Observatorio Ciudadano IGAVIM también encontró que, de las ocho mil 115 tomas detectadas en todo el país de enero a septiembre de 2022, el 49.7 ocurrieron en territorio hidalguense, por lo que esta actividad ilícita, que ya involucra a varios grupos regionales, permea sin que la autoridad federal responsable la pueda contener (La Jornada,noviembre 2022).

El huachicoleo no es un delito aislado que solo afecte el abasto de combustible, sino que deriva en otras incidencias como atentado a la seguridad, ya que no sólo las personas que incurren en este ilícito arriesgan su vida, sino que además ponen en riesgo a los habitantes, genera cobro de derecho de piso, por parte de los grupos delictivos, además de que incurren en otras incidencias más que son actividades inherentes de la delincuencia. No hay que olvidarnos que de explosión de un oleoducto debido a una toma clandestina causara la muerte de 137 personas en enero de 2019 en Tlahuelilpan. 

Aunque la inseguridad no es un fenómeno nuevo, sin embargo, sorprende su acelerado crecimiento en Hidalgo, y en general en todo el país. Día a día, en las noticias, en las conversaciones entre vecinos, en la televisión, la radio, en todos lados escuchamos nuevos casos de violencia, de robos. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que de las dos mil 639 denuncias presentadas en el año 2021; febrero de 2022 se registraron tres mil 875 hechos delictivos, es decir, mil 236 más.  Lo que corresponde a un incremento de la inseguridad en Hidalgo de un 46.2 por ciento en un año. 

Todos estos datos, sumadas a las trágicas historias de lo que diariamente sufren cientos de hidalguenses y a nivel nacional, son muestra de un grave problema social que ni las estrategias de seguridad fallidas, como la tan promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos, ni la militarización o las políticas económicas promovidas desde el gobierno federal han podido resolver. 

Lo anterior, debido a que estas soluciones solo atacan la superficie y no las causas que provocan la inseguridad, mismas que son inherentes al sistema económico imperante en nuestro país. Las causas de la creciente inseguridad son el resultado de una descomposición social en todas las capas sociales, es la manifestación de la putrefacción de la sociedad desigual en que vivimos. 

Mientras impere este modelo económico que permite que “en México, el 10 por ciento de la población más rica gane 30 veces más que el 50 por ciento del grupo más pobre” (de acuerdo con el informe World Inequality Report 2022), y que este grupo de mayor riqueza concentre el 57 por ciento de los ingresos totales en el país, mientras que la mitad de los más pobres poseen solo el 9 por ciento” (Animal Político /2021/12); la inseguridad no cesará, aumentará en crudeza y cantidad. 

Está lacerante pobreza, sumada a factores como el desempleo, los malos salarios, el injusto reparto del presupuesto nacional que ocasiona la escasa difusión de la cultura y el arte en todos los extractos sociales, la poca inversión en educación, salud; seguirán haciendo de nuestro estado y de todo México, terreno fértil para fomentar la inseguridad. Solo cambiar el modelo económico imperante hará que desaparezcan esas causas y con ello sus fatales consecuencias.

Las condiciones de desigualdad y pobreza de México que propician tantos males sociales como la inseguridad, solo las podrá cambiar un gobierno del pueblo y para el pueblo, un gobierno centrado en el bienestar del pueblo y eso solo es posible si el pueblo es el verdadero dueño del poder político.