El día viernes 17 de mayo, cuando la mayoría de nosotros estaba por culminar su jornada, llegó a nosotros la noticia de una nueva agresión en contra del antorchismo; en esta ocasión en el estado de Hidalgo.
Un boletín central nos informaba lo que acababa de ocurrir:
“El día de hoy [viernes 17 de mayo], a las 19:45 horas, cuatro individuos a bordo de dos motocicletas realizaron varios disparos frente a las oficinas del Movimiento Antorchista Hidalguense y frente al domicilio particular de la dirigente estatal de dicho Movimiento, profesora Guadalupe Orona Urías, en la colonia Luz de Carmen Ocón, en Pachuca, en un claro acto intimidatorio.
Ante tanta ola de violencia en nuestro país, pudiera parecer un acto más de violencia e inseguridad, pero en realidad se trata de un acto criminal que busca evitar que se reanuden protestas contra el gobierno estatal.”
Todo esto ocurre luego de que miles de colonos y campesinos antorchistas realizaran sendas manifestaciones simultáneas en la ciudad capital, Pachuca, y en el municipio huasteco de Huejutla el pasado 17 de abril, exigiendo, de manera pacífica como siempre se han caracterizado nuestras movilizaciones, que el Gobierno de Hidalgo, encabezado por el morenista Julio Menchaca Salazar, tuviera el decoro y un poco de sentido humano para recibir, escuchar y atender las demandas de miles de hidalguenses que lo único que hacen es luchar para conseguir mejores condiciones de vida.
Sin embargo, el mismo día de la manifestación (17 de abril), los hidalguenses encontraron las puertas del palacio de Gobierno tal y como las ha encontrado el pueblo en estos últimos años: cerradas.
Pero no sólo eso, sino que, además, ninguna autoridad gubernamental tuvo la seriedad o la decencia de salir a recibir y a hablar con los manifestantes; hicieron lo que muchos otros gobernantes: fingir no oír ni ver, para no atender.
Luego de ser ignorados nuevamente, los antorchistas hidalguenses instalaron su plantón en la plaza principal de Pachuca; plantones que también la ciudadanía conoce muy bien: siempre limpios, ordenados, con música que dé un poco de ambiente, mítines y pequeñas marchas diarias, sin que presente ningún inconveniente. Veinte días después, la dirigencia antorchista, encabezada por la profesora Guadalupe Orona Urías, recibió la petición del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, de que se levantara el plantón para que se pudiera llevar a cabo una mesa de diálogo con las autoridades y revisar las demandas de nuestros compañeros.
Con la experiencia que tiene nuestra organización, después de ya 50 años de existencia, tomó la decisión de levantar el plantón, pero siempre con la duda presente de “si ahora sí” serían atendidos por el señor gobernador; duda, además, perfectamente razonable, pues si en dos años nunca quiso escucharlos, ni recibirlos, ¿por qué en esta ocasión sería diferente?
Dicho y hecho: después de que el pasado 7 de mayo se levantara el plantón, no se volvió a escuchar nada de las autoridades, y ese fingido interés de querer resolver las demandas de los antorchistas desapareció nuevamente sin dejar rastro. Ante esta “nueva” actitud del Gobierno, nuestros compañeros anunciaron que reanudarían sus movilizaciones y protestas, que el pueblo hidalguense volvería a salir a las calles a exigir atención por parte del Gobierno de Morena.
Y aquí, querido lector, no vaya usted a creer que lo que piden son las perlas de la virgen, porque no es así. Los hidalguenses piden lo que cualquier otro mexicano exige: educación, hospitales con médicos, equipamiento y medicinas, agua potable en sus casas, drenajes, luz eléctrica, pavimentaciones, buenos empleos, salarios dignos, etcétera.
Pero cuál fue nuestra sorpresa que ante el anuncio de esas nuevas manifestaciones, el Gobierno reapareció, pero no como debería, no como se lo exige la Constitución, no como repitió el señor gobernador en su campaña, que estaría atento a los problemas de los hidalguenses; no, señor. Reapareció haciendo uso de la represión y la intimidación en contra de nuestros compañeros, pues como cité más arriba, fueron baleadas las oficinas del Movimiento Antorchista Hidalguense y el domicilio particular de nuestra compañera Guadalupe Orona Urías.
Y sí, tal vez ante la situación que atraviesa nuestro país y con la contienda electoral más violenta en la que cada día asesinan o amenazan a candidatos, esto podría parecer un fenómeno más del montón, no se confunda, no es así.
Nuestra organización, misma que aglutina en sus filas a más de 2 millones de mexicanos, se ha dedicado, durante toda su existencia, a luchar y ser la voz de mexicanos que buscan y quieren una patria mejor y más justa; nunca, jamás, hemos tenido problemas de ningún otro tipo con nadie, y nuestros dirigentes han dedicado toda su vida a una lucha ininterrumpida, sin desmayo ni claudicación en pro de los más desamparados de este país.
Así que no, no se piense ni por un momento que lo ocurrido en Hidalgo es un caso más entre todos los que están sucediendo. Esto es, a todas luces, un acto de represión que amenaza la vida de nuestra compañera y de los antorchistas hidalguenses.
Desde esta nuestra pequeña y humilde tribuna, y para quien nos alcance a leer, hacemos responsable al Gobierno del estado de Hidalgo de lo que le pudiera ocurrir a cualquiera de los compañeros que militan en nuestra organización en ese estado.
Pero que no se olvide: el antorchismo, ante estos ataques, que los ha sufrido durante toda su trayectoria, no se desmorona ni se debilita; todo lo contrario, se hace más fuerte y más unido. Que conste.
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