MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

El gobierno de Colima enfrenta al pueblo contra el pueblo

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Me había resistido a escribir sobre el conflicto reciente entre taxistas y mototaxistas en casi todo el estado de Colima, porque descubrí desde el principio en él, intereses políticos y económicos que no valían la pena en verdad, detenerse ni siquiera a meditar en ellos con alguna utilidad social. Pero se ha involucrado ya a tal grado a la opinión pública en general, que me es obligado decir unas cuantas cosas acerca de esto, con el ánimo de que el colimense desprejuiciado, es decir, aquel ciudadano cuyo interés inmediato y fundamental, es el de tener las condiciones mínimas para salir a buscar el sustento diario de su familia, pueda tener algunos elementos más, para hacerse una idea crítica del verdadero fondo del problema. Acepto que pudiera ser que me equivoque en lo que digo, pero aseguro con sinceridad, que nada mueve más mi ánimo, que el deseo puro de que entendamos con claridad lo que realmente sucede en la actualidad.

De entrada, diré que no estoy muy de acuerdo en la solución que ofrecen al conflicto, el Gobierno del estado, algunos diputados del Congreso local y otros personajes de la política tradicional. Opino así porque creo que se equivocan en el enfoque de origen que están dando al problema, pues no nos encontramos sólo ante un problema político, legal o administrativo, sino, fundamentalmente, ante un problema netamente de origen económico.

Lo que sabemos hasta ahora, es sólo lo que se nos ha dicho a través de los medios de circulación local, es decir, que casi todo estaba bien en el sector del transporte urbano, hasta que aparecieron, no se dice bien de donde, los mototaxistas ofreciendo sus servicios, contraviniendo con esto, la ley de transporte estatal y sus normativas al caso. Hoy, curiosamente en pleno proceso electoral, el problema está desbordando en casi todos los municipios.

Veamos lo más reciente del caso. Luego de otras manifestaciones similares, el día 18 de enero pasado, los taxistas hicieron un nuevo bloqueo en el libramiento Ejército Mexicano y en la Calzada Galván de la capital, a la altura de Casa de Gobierno y del Congreso del Estado. La afectación a la población fue más que evidente. Y la respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Un medio local encabezó así su primera plana: "Tras bloqueo, va Gobierno contra mototaxistas”; y la cacería de mototaxis comenzó. Desde el punto de vista legal, la argumentación de los taxistas y de la autoridad correspondiente resulta lógica: "en la Ley de Movilidad Sustentable para el estado, no se contempla la modalidad de `motos adaptadas´ como opción de transporte seguro para las personas […]”. Se dijo que en los artículos 121 y 122 de la Ley de Movilidad, se establecen las especificaciones técnicas y físico-mecánicas para un vehículo de transporte público: contar con bolsas de aire, frenos ABS, y etcétera. Sin que sea literal lo que digo, esto fue, más o menos, lo que la Secretaría de Movilidad (Semov) declaró a los medios.

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Hasta aqu&iacute, podemos entender pues, que, al cancelar el servicio de mototaxis en todo el estado, el Gobierno no hace sino velar por la legalidad y la seguridad de todo el pueblo colimense. Sin tomar en cuenta otras aristas del problema, no veo error en su lógica. Pareciera pues, que a los taxistas les asiste la razón.

Veamos ahora qué dicen los mototaxistas. Luego de otras manifestaciones similares, y después de sufrir una cacería por varios municipios del estado donde les fueron decomisadas varias de sus unidades, los mototaxistas respondieron a su vez con otra movilización. El Diario de Colima cabeceó así su primera página del día de hoy: "Mototaxis paralizan movimiento de carga. Impide bloqueo del puerto salida de mil 300 tráilers.” Demandan los quejosos que les devuelvan sus unidades y que los dejen trabajar.  Además, denunciaron en rueda de prensa del día 19 de enero, que el gobernador Ignacio Peralta cedió a presiones políticas de los taxistas, por los compromisos políticos que tiene y por la elección que se avecina, donde no quiere perder el voto corporativo. Argumentan, además, que la operación de las mototaxis no es ilegal, dado que, en ninguna parte de la Ley de Movilidad del Estado, se señala explícitamente que las unidades son prohibidas.

Y recuerdo aquí que esto último que dicen los mototaxistas es cierto. El medio que ya cité arriba, difundió el mismo día, que el 11 de mayo de 2020, el gobernador turnó al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, con el objetivo de prohibir explícitamente el servicio de mototaxis en la entidad; el medio dice también que el presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso, afirmó que la aprobación de la iniciativa se ha pospuesto. Por lo que se puede ver entonces, que los mototaxistas también tienen la razón, los decomisos de sus unidades, pues, parecen ilegales.

Pero ya dije líneas arriba que el Gobierno y el Congreso se equivocan, porque olvidan el enfoque económico y social del problema. Y aquí nuevamente sostengo lo dicho. La Semov dice que la prohibición de las mototaxis, es por la seguridad de los usuarios y de la población en general, y aunque parece que tiene razón, yo pregunto: ¿ya consultaron estos señores, ¿qué es lo que dice a todo esto la población en general?, ¿acaso no entienden que, para que existan las mototaxis, es necesario y fundamental que exista también, un sector de la población que las necesita para sus servicios? Yo aseguro, sin temor a equivocarme, que el servicio de mototaxis dejará de existir, tan luego la población más empobrecida del estado, deje de necesitarlo. Resuélvase pues, la situación de pobreza en que se encuentra gran parte de la población, si es que en verdad se quiere resolver la situación de inseguridad en que se transportan a diario.

Pero, si se empeñan en prohibir el uso de las mototaxis, deberán entonces también, empeñarse en prohibir el consumo de comida chatarra y nociva para la salud de la población más pobre; del uso de la ropa de segunda y hasta de tercera mano con que se viste; del uso de jacales y otros similares donde habita; de vehículos muy viejos en que circula; de escuelas "patito” donde se educa; de medicina y clínicas similares donde se cura; de políticos reciclados por los que vota; y en fin, de todo aquello nocivo que usan los pobres para poder sobrevivir en su miseria. El uso de las mototaxis no es un gusto, señores políticos y gobernantes, no son sólo ganas de usar lo que es ilegal, es una necesidad, el único lujo que le han dejado los gobiernos que no cumplen con su verdadera tarea. Si en verdad les preocupa mucho la seguridad de toda la población, entonces promuevan empleo seguro y bien pagado para todos. Con mayores ingresos económicos, estoy muy seguro que los usuarios de las mototaxis, usarán entonces los taxis tradicionales, los camiones urbanos y hasta su propio transporte particular para viajar seguros por todo el estado. De lo contrario, dejen pues, que el pueblo pobre escoja, y que sobreviva con lo poco que aún tiene para su servicio. No olviden que ya está muy cerca el día de cobrar las cuentas, y entonces nos veremos en las urnas.

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