La situación laboral, la explotación y maltrato a los obreros es un tema que muy pocas veces se logra colar en la agenda nacional, un sector tan importante, el productor de la riqueza del país se encuentra en el olvido; sin embargo, las pocas ocasiones que llega a trascender resulta por hechos catastróficos como el ocurrido en la mina de El Pinabete en el estado de Coahuila en agosto de 2022, que en los últimos días ha trascendido nuevamente porque después de dos años de amarga espera, han sido recuperados nueve cuerpos de los 10 trabajadores que murieron atrapados por el derrumbe e inundación, cuya culpabilidad y correspondida justicia se encuentran sepultadas bajo toneladas de tierra y burocracia.
Los trabajos de rescate, iniciados a año y medio después del accidente, reflejan el tráfico patrón con el que el gobierno federal y local han abordado el problema, donde la respuesta oficial tardía (las promesas de rescate, los planes y estrategias esbozados en conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador), se suma a la negligencia e impunidad. Y es que, además de que el presidente se había comprometido a terminar con los trabajos de rescate en diciembre de 2023 -prácticamente un año de retraso-, poco o nada se ha hablado de la responsabilidad de las malas condiciones en las que se tenía trabajando a los fallecidos, además de la presunta responsabilidad de la misma Comisión Federal de Electricidad “Un hombre fue arrestado en septiembre -de 2022- en relación con este accidente luego de que se descubrió que la mina aparentemente estaba registrada con diferentes nombres en los contratos de compra de la CFE” (sinembargo.mx, 21 de febrero de 2023).
Las minas en México y especialmente Coahuila, representan una zona roja en términos de seguridad laboral, son pozos oscuros de explotación donde los trabajadores no solo arriesgan su vida cada día, sino que lo hacen en condiciones infrahumanas, ni garantías mínimas de seguridad, “Las condiciones de trabajo eran infrahumanas y no cumplían los requisitos de seguridad más básicos, como un registro oficial de quién entraba y quién salía de las galerías”, (Elpais.com 16 de enero de 2024), todo esto por un mísero sueldo que en nada se compara con las millonarias ganancias que generan día a día sus dueños “El salario que recibían por tonelada era de 150 pesos, ellos producían de cinco a seis toneladas por turno lo cual equivale a aproximadamente, si tomáramos cinco toneladas a 750 pesos diarios, sin embargo a ellos los tenían registrados ante el IMSS con el mínimo que son 182 pesos” (vanguardia.com, 22 de septiembre de 2022).
En cuanto a la responsabilidad directa de las condiciones y explotación de los obreros -cuyas familias no han sido indemnizadas correctamente- no se ha presentado un responsable directo, más que dos supuestos prestanombres Cristian Solís Saavedra y Luis Rafael García Luna Acuña, aunque muchos aseguran que detrás se encuentran poderosos empresarios y ex políticos cercanos al morenista Manuel Bartlett “Los dueños de Pinabete son los socios de Régulo Zapata, que fue alcalde de Sabinas. Al que están poniendo como dueño [Solís Saavedra], que dicen que es el responsable, es un muchacho de 27 o 28 años, obviamente no es el dueño de la mina” (elpais.com 25 de mayo de 2023”.
Sin embargo, esto va más allá de un caso aislado. La explotación de mineros y obreros es un problema estructural que se ha perpetuado por generaciones. Ejemplos como Pasta de Conchos, donde a casi 20 años de la tragedia las familias aún esperan justicia, son testimonio de un sistema que prioriza los intereses de unos pocos sobre la vida de los trabajadores. Cada día sin justicia añade una lápida más sobre el recuerdo de aquellos mineros que quedaron sepultados. Bajo los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, la situación no ha cambiado, la defensa de los poderosos persiste y la explotación de las grandes mayorías sigue intacta. Resolver estas problemáticas no se logrará con discursos ni paliativos morales; es necesario un cambio de raíz. Se requiere un proyecto de nación que ponga en el centro a los más desprotegidos, que reconozca a los obreros como los verdaderos generadores de riqueza y les haga justicia. De lo contrario, México seguirá siendo un país donde la tragedia y el abuso se convierten en rutina.
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