Este 2 de junio, nuestro país vivirá uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Más de 20 mil posiciones gubernamentales serán “elegidas” por el pueblo de México, para que nos guíen durante tres y seis años respectivamente, entre ellas la Presidencia de la república.
Como opinamos los antorchistas, serán sin duda años de lucha y exigencia por los más pobres y desprotegidos de nuestro país. Gane quien gane, quienes se beneficiarán serán las clases privilegiadas, como ya lo hemos visto en este y todos los sexenios anteriores.
Los partidos políticos utilizan cualquier medio, herramienta, artimaña e incluso ilegalidad para que sus candidatos logren consagrar el poder, entre ellas, la explotación infantil.
¿Cómo es posible que los candidatos a legislar en nuestro país sean quienes, en primer lugar, cometen actos de explotación infantil? ¿Qué podemos esperar del resto de empleadores?
Escucharemos constantemente promesas de los candidatos sobre la libertad, igualdad, fraternidad, justicia, prosperidad, paz y seguridad. Todas estas para avanzar hacia un México más próspero, justo y pacífico que garantice derechos que solo se podrán alcanzar si comenzamos por asegurarlos para uno de los pilares fundamentales de nuestras sociedades: los niños y niñas.
Ellos constituyen un tercio de la población en México, con un total de 38.2 millones, y reflejan la gran diversidad y riqueza del país: el 49.3 % son mujeres y el 50.7 % hombres; el 32 % tiene entre 0 y 5 años, el 34 % entre 6 y 11, y el 34 % entre 12 y 17; el 5.3 % habla alguna lengua indígena; el 75.1 % reside en áreas urbanas y el 24.9 % en comunidades rurales (Ramírez, Nancy, “Derechos de las niñas y niños en el contexto electoral”, Animal Político, marzo de 2024).
Según Unicef, en México, el 7.1 % de los más de 29 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) que tienen entre cinco y diecisiete años, lo que equivale a 2.1 millones, realizan trabajos no permitidos. Pese a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, fracción III, estipula: “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo en los casos que lo aprueben las autoridades educativas competentes”, desafortunadamente la pobreza y desigualdad obligan a que los menores de edad deban integrarse al mercado laboral bajo condiciones no reguladas y que además transgreden la normatividad de horarios, sueldos, prestaciones, desarrollo y desde luego seguridad.
Ante esta problemática, lejos de que algún candidato de cualquiera de los muchos niveles proponga combatir el trabajo infantil, se aprovechan de la necesidad de las familias más vulnerables para “emplear” a cientos de jóvenes y niños para que realicen actividades de difusión, promoción y propaganda, colocando lonas, entregando volantes en las calles, parándose en semáforos con espectaculares promoviendo el voto en favor de algún candidato, partido o coalición.
En 2015 y 2018, fue señalado ante el INE y demás autoridades que los partidos políticos estaban haciendo uso de menores de edad para llevar a cabo sus campañas electorales en los estados de México, CDMX, Puebla, Guerrero y Quintana Roo.
En Querétaro, no es muy diferente. Decenas de jóvenes de nivel secundaria y preparatoria son vistos por las calles de Corregidora a todas horas, realizando estas mismas labores en favor de muchos de los actuales candidatos. Según testimonios de algunos de ellos, se les contrata para trabajar por más de doce horas diarias, de lunes a domingo, por 800 pesos semanales, es decir, menos de diez pesos la hora, sin ninguna prestación, seguro de algún tipo, ni contrato que respalde su actividad, optando por abandonar sus escuelas para obtener este ingreso.
¿Qué clase de persona, sea o no candidato, permite que un niño, niña o adolescente descuide, abandone, o ponga en segundo término su educación básica?
La clase política tradicional, a la que estamos acostumbrados, la que promete sin descaro a sabiendas de que no cumplirá nada, pues sólo le interesa su bienestar personal y el de sus afines, sin olvidar a quienes los patrocinan para llegar al poder.
¿Cómo es posible que los candidatos a legislar en nuestro país sean quienes, en primer lugar, cometen estos actos de explotación infantil? ¿Qué podemos esperar del resto de empleadores de nuestro país si quienes se supone serán los encargados de defender nuestros derechos son los primeros en pisotearlos?
Hacemos un llamado urgente a las autoridades para tomar medidas decisivas que erradiquen la explotación infantil en México, además de exigir que se castigue a los candidatos y partidos que cometan este delito.
Es fundamental reforzar las leyes e incrementar la vigilancia, pero sobre todo, la aparición de una nueva clase política, una de nuevo tipo, que luche y defienda los intereses de las clases más desprotegidas, a quienes por muchos años ha tenido bajo el yugo de la explotación, y los niños y niñas no quedan fuera de esta terrible situación.
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