Han pasado 11 días del sismo que sacudió al estado de Guerrero y parte del país. El 16 de septiembre, el gobernador del estado Héctor Antonio Astudillo Flores anunció que dará inicio el censo para atender a los afectados por el sismo del pasado martes 7 de este mes. Más de una semana se tardó el Ejecutivo estatal para anunciar el inicio del mencionado plan. En ese lapso, junto con el presidente de la república, se la pasaron anunciando que no dejarían a su suerte a los damnificados. Lo misma actitud asumió la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román. Fue éste el municipio más afectado, pues a ocho kilómetros del puerto se detectó el epicentro del sismo. Sin embargo, es hora que ninguna autoridad se ha preocupado por atender a los que perdieron sus viviendas; por desgracia, los más afectados son humildes ciudadanos de las comunidades de las Cruces, Cacahuatepec, Apalani, Espinalillo, El Cantón, el Campanario, etc., que vieron derrumbarse sus viviendas, hechas de adobe y tejas, que por las características del material no resistieron el movimiento telúrico que alcanzó una magnitud de los 7.1 grados en la escala de Richter. Lo mismo sucedió en las colonias populares de la ciudad, pues esta pobre gente ahí sigue esperando la ayuda gubernamental, mientras tanto no se atreven a entrar a las viviendas ni tampoco abandonarlas al temor de perder sus pocas pertenencias, y prefieren dormir en el patrio, o en la calle, según sea el caso, en campamentos improvisados, hechos por ellos mismos, soportando las lluvias que por desgracia en esta semana han arreciado.
Pero nuestro sistema de gobierno funciona tan lento, que seguramente pasaran meses para que se tenga el censo, otros meses para el dictamen y otro tanto para que llegue la “ayuda directa a los damnificados”, la evaluación la realizará, como siempre sucede en estos casos, el “ejército” incondicional del presidente, nada más y nada menos que los servidores de la nación, haciendo a un lado al gobierno estatal, por aquello de que las cosas se hacen “sin intermediarios.” Los resultados ya los estaremos viendo en su momento, tenemos la experiencia de Tabasco, de Veracruz etc. donde la ayuda fue puro discurso. Siendo francos y realistas, el gobierno federal no tiene destinados recursos para atención de las emergencias por los desastres naturales, sus prioridades son otras. No es cierto que ¡!primero los pobres!!, ese fue el slogan de campaña.
Es cierto que el país está atravesando una grave crisis económica, producto, no precisamente de la pandemia, algo tiene que ver, eso es cierto, pero no es la causa determinante. Pues debemos de recordar que en las administraciones federales pasadas, el nivel de vida de los ciudadanos ya estaba muy deteriorada. Lo criticable de la administración actual, es que prometió enderezar el rumbo y resultó peor el remedio que la enfermedad, pues está haciendo todo lo contrario de lo que dijo en campaña. El movimiento telúrico que acabamos de experimentar los mexicanos que vivimos en el sur del país, así como las inundaciones en el estado de México, Hidalgo y Veracruz, y los incendios forestales, nos demuestra la vulnerabilidad del ser humano ante los desastres naturales, pero no todo es culpa de la naturaleza; gran parte es responsabilidad de las autoridades en los tres niveles, y también, el ciudadano común algo tiene que ver en las consecuencias y efectos de los fenómenos naturales. El gobierno está obligado a realizar obras de infraestructura que eviten desgracias después de un fenómeno natural, así como la falta de prevención para controlar el crecimiento urbano de las ciudades, pero sobre todo la ausencia de un plan de vivienda, para las familias más vulnerables, que le permitan vivir con dignidad y decoro, en lugares sin riesgo de derrumbes, es una demanda y un derecho elemental de los ciudadanos mexicanos, eso está plasmado en la Constitución de nuestro país.
Estos acontecimientos nos permiten reflexionar sobre el verdadero papel que están desempeñando las autoridades que nos gobiernan, ellos, salvo raras excepciones, no les preocupan las necesidades del pueblo trabajador, el pueblo que genera la riqueza de este país, y que gracias a los impuestos que pagamos, el estado y los gobiernos pueden funcionar, pues el estado en sí no es generador de riqueza, los funcionarios son administradores de los impuestos. Por lo tanto, tienen la obligación de atender las prioridades, entre muchas que hay, los desastres naturales es una de ellas. Deben contar con un fondo de emergencia. Sin embargo, este gobierno con la mano en la cintura desapareció más de cien instituciones no gubernamentales, entre ellas el fideicomiso o Fondo de Desastres Naturales, que tenía recursos para estos casos, así que, debemos de levantar la voz y exigir que hay prioridades que no se pueden dejar para mañana, los damnificados del sismo y de las inundaciones necesitan la ayuda, no se puede esperar. Tanto el gobernador como la presidenta municipal saliente de Acapulco, tal parece que en estos momentos les preocupan más, componer el desorden administrativo y hacer cuadrar los números y lavarse las manos de lo que dejaron y pudieron hacer. Así que a los pobres no nos queda otro camino que exigir nuestros derechos, y obligar a las autoridades que cumplan con su función. Esperemos que esto lo entienda la administración estatal que entrará en funciones en el próximo mes de octubre, de lo contrario, el pueblo organizado en el Movimiento Antorchista en el estado, estaremos atentos y cuando sea necesario, como última instancia, exigiremos ese derecho del pueblo guerrerense, y siempre con respeto y apegado a la ley.
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