En muchas regiones, la falta de respuesta efectiva de las autoridades a las demandas básicas de la ciudadanía es una problemática persistente que afecta la calidad de vida y genera descontento social.
Este fenómeno no sólo deteriora la confianza en las instituciones públicas, sino que también limita el desarrollo integral de las comunidades.
La corrupción es señalada como uno de los principales obstáculos para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Los recursos que deberían destinarse a servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad a menudo son desviados para beneficios personales de funcionarios públicos.
La pobreza y la mala distribución de la riqueza, la corrupción ya existían antes de estas políticas pero el Gobierno de la 4T las incrementó con la bandera de “primero los pobres”.
Los recursos asignados para proyectos comunitarios son malversados, dejando a las comunidades sin las infraestructuras y servicios prometidos. La entrega de servicios y la ejecución de proyectos a menudo están condicionadas a prácticas corruptas, lo que genera ineficiencias y desigualdades.
La ausencia de una planificación estratégica y la mala priorización de las necesidades impiden que los recursos se utilicen de manera óptima. La falta de visión a largo plazo en la elaboración de políticas públicas conduce a soluciones temporales y poco efectivas.
Los recursos se asignan a proyectos de alto perfil o políticamente beneficiosos, dejando de lado las necesidades más urgentes de la población. La incapacidad de las autoridades para responder a las demandas básicas mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
La desilusión y la falta de confianza en las autoridades resultan en una menor participación en procesos democráticos y comunitarios.
El descontento puede manifestarse en forma de protestas, huelgas y movilizaciones sociales.
La falta de servicios básicos y oportunidades impide que las comunidades más vulnerables puedan salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Sin servicios de salud adecuados y educación de calidad, las oportunidades de desarrollo se reducen drásticamente. La inequidad en la distribución de recursos y servicios amplía la brecha entre ricos y pobres.
La insatisfacción de las necesidades básicas contribuye al aumento de la inseguridad y la violencia en las comunidades. La falta de oportunidades económicas y sociales empuja a las personas hacia actividades delictivas.
La frustración y la desesperación pueden desencadenar conflictos sociales y violencia.
Todo lo mencionado ocurre en el país y se han hecho más grandes los problemas. Las políticas de la 4T corresponden a políticas clientelares y de dar dádivas a cambio de perder la inversión en obras públicas, programas en el campo, inversión en la infraestructura en el sector educativo, en el sector salud.
Cada vez hay menos interés en que se resuelvan las demandas de la gente por medio de obras de impacto social y eso merma mucho más en la gente humilde.
Es cierto que la pobreza y la mala distribución de la riqueza, la corrupción ya existían antes de estas políticas pero el Gobierno de la 4T las incrementó con la bandera de “primero los pobres” o “acabar con la corrupción”.
Para ver los resultados que ha tenido este gobierno, hay datos y ejemplos de sobra para decir que su gobierno fue un total fracaso y que traicionó a quienes depositaron su confianza en el que decía ser un gobierno que los iba a representar.
El pueblo mexicano lo que necesita es trabajo bien pagado, que tenga los servicios elementales en sus viviendas, educación de calidad con arte y deporte, alimentación, que no tenga que pensar en qué van a comer mañana porque todo está caro y que lo que gana no le alcanza; que goce de un sistema de salud de alta calidad.
Todo eso es posible reorientando el gasto público a las necesidades de la gente y también con una política fiscal progresiva, que paguen más impuestos los que ganen más, es decir, los ricos.
El Movimiento Antorchista, a lo largo de su vida, ha dicho que la solución a los males del país no es acabar con la corrupción, darle dinero a la gente y tampoco promete la luna y las estrellas para que nos crean.
Nosotros proponemos un cambio del sistema económico, un sistema en donde no sea injusta la repartición de las riquezas. Además, que los que gobiernen sean gente salida de las entrañas del pueblo humilde y que representen realmente sus intereses porque ellos son los que saben los problemas que sufre su pueblo. Prueba de nuestro proyecto es el municipio de Tecomatlán, ubicado en la Mixteca baja poblana.
Por eso los invitamos a que unamos fuerzas, que se sumen al proyecto de Antorcha y unidos como un solo hombre y un solo ideal, como dice una de nuestras consignas, construyamos un país mejor.
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