Desde un palacio, que habita a partir del inicio de su mandato (que por cierto nos cuesta a todos los mexicanos un total de 6 millones de pesos mensuales, eso sin contar gastos de seguridad y alimentación de él y de su equipo más cercano), el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó que para el año siguiente pasaremos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, como parámetro rector del gasto público. 

El anuncio dejó a todos muy preocupados porque el mandatario federal se ha distinguido por la aplicación de políticas públicas encaminadas, a pesar de su discurso de primero los pobres, a empobrecer gradualmente a los mexicanos, como si esa fuera su misión. 

Y como siempre, con información vaga y opaca, lanzó la amenaza dejando muchas dudas que ni siquiera el subsecretario de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Yorio, ha podido aclarar. Sin embargo, con lo poco que ha expresado como eso de que “el plan franciscano consiste, entre otras cosas, en utilizar de manera muy estratégica la liquidez y esto implica otra vez hacer algún tipo de barrido sobre los fideicomisos que existen todavía”, y sobre todo por la amarga experiencia  que su pésimo mandato ha ido dejando, podemos prever que no son buenas noticias para los mexicanos. 

Si el López Obrador quiere adoptar la pobreza franciscana como modo de vida, puede hacerlo en su esfera personal, pero el dinero público debe gastarlo con eficacia, eficiencia y transparencia y eso es algo que no ha hecho, pues se ha erigido como dueño de las arcas nacionales; él y Morena han dispuesto con dispendio de los recursos a su antojo. 

Desde su llegada a la presidencia de México, con bombo y platillo, anunció que el gasto público iba a conducirse por la ley de austeridad republicana, sobre la cual justificó una serie de recortes y reducción al gasto presupuestal en rubros de salud, educación, edificación de obra pública; además de que para los supuestos ahorros incurrió en una serie de despidos de personal en casi todas las dependencias de gobierno y así entorpeció, aún más, el funcionamiento de estas.

Aunado a que la llamada ley de austeridad no cumplió el cometido con que fue anunciada, de hacer eficiente el gasto público; en pocas palabras, no sirvió más que para empobrecer aún más a los ya de por sí empobrecidos mexicanos; ahora López Obrador decreta la pobreza franciscana, claro en los otros, porque él y su familia no son candidatos para aplicarse la misma medida.

Desde la entrada en vigor de esta ley, se duplicó la inversión en las obras públicas a capricho del López Obrador, por ejemplo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el berrinche más costoso de la historia de México, que fue construido a toda prisa y excediendo su presupuesto inicial, que ni siquiera  ha sido capaz de operar a su máxima capacidad, y qué decir del Tren Maya que también ha duplicado su gasto y además continúa su construcción, a pesar de no contar con un estudio de impacto ambiental.

La austeridad republicana ha pegado muy fuerte al sector salud, pues el desabasto de medicamentos es terrible y afecta a los  mexicanos a los que se les niegan  sus medicinas y con esto la mejora de su estado de salud o se les condena a la muerte; la violencia e inseguridad pública en el país continúan a la alza, y cada día son más mexicanos y más jóvenes al ver las nulas oportunidades en el país que se ven obligados a enrolarse en las garras del crimen.      

Por el codiciado ahorro de López Obrador y Morena, se eliminó el programa de Escuelas de Tiempo Completo, las estancias infantiles en donde se estima eran cuidados alrededor de 329 mil menores en todo el país y los recursos para refugios de víctimas de maltrato, en un país con un alto número de feminicidios, donde en 2021 se registraron mil 16 feminicidios, y en lo que va de 2022 se han contabilizado más de 600; y  todo esto con el objetivo de que el gobierno se ahorrara recursos y así,  descaradamente estos pasaran a agrandar sus costales de dinero para ser invertidos en  obras inoperantes y en compra de votos. 

Pero ¿qué es la sonada pobreza franciscana?, precisamente significa más austeridad, pues a López Obrador le urge, en los poco más de dos años que le quedan a su gobierno, terminar sus obras insignia y con estas medidas aseguran que ahorrarán 2 billones de pesos. 

Es genuina la preocupación de los mexicanos ante esta nueva amenaza que promete no reducir salarios a los trabajadores del gobierno, no despidos, no alza a los impuestos, pero como la experiencia nos aconseja debemos entender las promesas de AMLO, pero al revés, no dudemos que se avecinen más recortes al sector salud, ya de por sí dañado, a la educación, seguridad. 

Hay que estar al pendiente y no permitir que se sigan afectando las partidas destinadas al gasto social, debemos entender que los gobernantes en turno solo son administradores de los recursos que son de todos los mexicanos y no tienen derecho de adueñarse de ellos, el pueblo de México debe inconformarse y hacer valer sus derechos. 

Alcemos la voz y exijamos un gasto público inteligente, donde se favorezca el aumento de la calidad de vida de los sectores más desprotegidos, un  gasto público que invierta recursos en aumentar la calidad educativa, y hacer de México un país próspero.