Los antorchistas quintanarroenses exigimos justicia en el estado de Guerrero, por el asesinato de dos de nuestros líderes Conrado Hernández y Mercedes Martínez, y de su pequeño hijo que apenas iba conociendo de la vida; nuestros camaradas fueron grandes luchadores sociales que dedicaron su vida a una patria más justa y equitativa a favor de las familias más empobrecidas.
Después del lamentable suceso, el Movimiento Antorchista a lo largo y ancho del país ha hecho múltiples denuncias como ruedas de prensa, marchas y cadenas humanas para dar a conocer a la opinión pública y sobre todo a las autoridades de Guerrero el grave crimen, para que intervengan de una vez por todas para dar con los culpables y que tras las rejas purguen su condena.
Al día de hoy se cumplen 50 días transcurridos después del cobarde crimen contra nuestros queridos compañeros, y fue gracias al llamado fraterno de nuestra organización nacional, a través de movilizaciones en todos los rincones de nuestra patria, que el Gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana escuchó nuestro reclamo, ofreció ayudar y se comprometió a instar a las autoridades de justicia de Guerrero para que se avance en las investigaciones.
En voz de nuestro compañero José Juan Bautista Hernández, líder estatal de los antorchistas guerrerenses, anunció que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ofreció intervención federal para hacer justicia ante el asesinato de los dos líderes y su hijo, al igual mencionó que se realizará una movilización el 6 de junio en el municipio de Chilpancingo, donde se sumarán más de cinco mil antorchista para conmemorar el “Día de los mártires antorchistas”, en el que la exigencia será la misma: cárcel para los asesinos de Conrado, Mercedes y su hijo.
Mientras no se haga justicia, los antorchistas seguimos de pie, firmes en la lucha, contra la inseguridad y contra el flagelo de la pobreza, por ello confiamos en la palabra empeñada del Gobierno federal y de Guerrero para que intervengan hasta donde sus facultades lo permitan para dar con los responsables y se les aplique el peso de la ley y además se procure justicia para todos por igual, porque ningún ciudadano de pie debe sufrir y mucho menos ser privados de la vida. La 4T está obligado a honrar su palabra para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y que ningún crimen quede en la impunidad.
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