Me ocupo del caso Zimapán por tres razones: en primer lugar, porque corrieron varias versiones en redes sociales y en algunos medios de comunicación en el sentido de que el bloqueo realizado el viernes 15 de los corrientes, en la carretera Pachuca-Actopan se generó por una movilización de integrantes del Movimiento Antorchista.
Otras versiones señalaban que “de un momento a otro a dicho bloqueo de mineros y transportistas de Zimapán se sumaría Antorcha Campesina”.
La Policía estatal fue la responsable del bloqueo de la carretera Actopan-Pachuca, violando los derechos de libre tránsito y manifestación.
Si fuéramos unos soberbios estaríamos deduciendo que quienes soltaron dichas versiones, seguramente instigados por siniestros funcionarios, estarían concluyendo implícitamente que es Antorcha la única organización social en el estado capaz de movilizar a miles de hidalguenses y plantarle cara a la actual administración estatal, como ha sucedido históricamente.
Pero no, ese no fue el propósito; su objetivo es mucho más avieso: cargarle a Antorcha la irritación social y de los automovilistas, que provoca una carretera cerrada por horas.
Además, si le sumamos ya la exasperación de los pachuqueños por tantos baches en sus calles y lo difícil que se ha vuelto transitar en la ciudad en las últimas semanas por las obras de pavimentación mal planeadas de algunas de las avenidas principales, el resultado, de perlas para los calumniadores: instigan el odio contra Antorcha y quedan libres de responsabilidad ante su ineficiencia e incapacidad para atender un problema, donde los afectados se ven en la necesidad de salir a las calles para ser escuchados y atendidos, pues prácticamente ningún problema de esta naturaleza se gesta y estalla en un solo día.
Además, de acuerdo con los líderes o dueños del transporte de materiales, su problemática (la irrupción de un sindicato foráneo con gente armada) fue planteada varias semanas antes al subsecretario de gobierno y al propio secretario Olivares Reyna, quienes se comprometieron a atenderla, pero, según denunciaron los trabajadores, los funcionarios no cumplieron.
Asimismo, el jueves 14, en la cabecera municipal de Zimapán, se llevó a cabo una manifestación de más de 4 mil mineros y transportistas, donde denunciaron la presencia de gente que portaba armas de alto poder, quienes estaban impidiendo la entrada a las diferentes minas del municipio.
Ante dicha denuncia, el gobierno tampoco se inmutó; ni un dedo movió, ¿por qué? Se dice que el sindicato foráneo es afín a Morena.
La segunda razón que me obliga a abordar el tema es el uso de eufemismos por parte de algunos medios de comunicación ante una violación flagrante de los derechos humanos de los manifestantes: se les impidió el libre tránsito y el derecho de manifestación.
Alrededor de las 12 horas la policía estatal cerró la carretera Actopan-Pachuca a la altura de lo que se llama “la subida de San José”, bloqueando así el acceso de los miles de manifestantes y de automovilistas a la ciudad de Pachuca.
¡Fueron la Policía y el gobierno del estado quienes bloquearon la carretera! Recordemos que la misma acción violatoria al libre tránsito y al derecho de manifestación pública pacífica aplicó el gobierno a la marcha de antorchistas el pasado 6 de septiembre. Es su modus operandi.
Y la tercera razón, el conflicto mismo, que sin quererle a hacer al nigromante, pero según lo expuesto por la comisión de empresarios del transporte de carga, que fue recibida por el subsecretario, en la respuesta que este les dio no se ve un compromiso firme para realmente resolver de fondo el problema; que de acuerdo con lo dicho por los mismos transportistas, es la irrupción de gente armada (que, dicen, pertenecen al “Sindicato del Cemento”), y que mantuvo bloqueados los accesos a las minas por al menos tres días, afectando así a todos los trabajadores, pues les impedían trabajar.
Así que, el peligro del cierre de las fuentes de trabajo provocó la unidad y movilización de los trabajadores mineros, de los propietarios de las minas, empresarios del transporte y comerciantes de la región y hasta del presidente municipal de Zimapán (aunque al parecer este, forzado por las circunstancias, se vio obligado a sumarse).
Ahora bien, parece que dicho “Sindicato del Cemento”, sí se encuentra operando en Zimapán, aunque de acuerdo con un comunicado dirigido a la población y a las autoridades del estado, según ellos, no con esos métodos porriles y aseguran que el origen del conflicto es que las empresas mineras están preparando el terreno para iniciar un despido masivo de trabajadores. El tiempo nos sacará de la duda.
Lo que sí queda claro, es que la actuación del gobierno estatal no fue oportuna ni eficaz, y que aprovecha la ocasión para culpar a Antorcha de los bloqueos; que se comprometió con los transportistas a hacer lo que por ley está obligado (mantener la seguridad de habitantes y trabajadores en el municipio) y garantizar “el cumplimiento de la ley” y los requisitos legales del nuevo sindicato, o sea, indirectamente, les está permitiendo la entrada.
De la investigación y del cumplimiento de la ley a los hechos violentos denunciados, nada se dijo, al menos públicamente, por lo que se puede intuir por los mal pensados que el gobierno protege o tiene acuerdos con el “Sindicato del Cemento”. Al tiempo.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario