El día 10 de febrero de este año, se cumplieron tres años del brutal desalojo que sufrieron 80 familias que habitaban en las inmediaciones del fraccionamiento Valle Marlin, en San Vicente, Bahía de Banderas.
Casi 300 personas ocupaban el predio desde hacía dos años, y en múltiples ocasiones solicitaron la intervención del Gobierno del estado con el fin de entablar negociaciones con el propietario para pagar el predio, o bien para ser reubicados y tener un lugar definitivo donde establecerse.
A pesar de las insistentes peticiones de diálogo por parte de los colonos, el Gobierno del estado envió un fuerte contingente de fuerzas de seguridad, quienes con golpes, detenciones y la destrucción de las viviendas privaron a las familias de lo único que tenían.
La situación ha empeorado para las familias que carecen de vivienda en . Ahora, mediante una nueva ley, desaparecieron los “Fraccionamientos sociales progresivos”.
No es ocioso señalar que los que habitaban este asentamiento son de extracción muy humilde, trabajadores de la zona turística, albañiles, jardineros, empleados de hotelería, etcétera. En pocas palabras, productores de la riqueza de esta región del país.
Apenas unos días después de esta agresión, se llevó a cabo una reunión con el entonces director del Iprovinay, y con la presencia de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno se firmó un documento en el cual el instituto asumía el compromiso de resolver el conflicto social derivado de la acción violenta en contra de las familias.
Se llevaron a cabo entonces otras reuniones para revisar alternativas de predios y todo quedó en la nada. Han pasado tres largos años con el sufrimiento de las familias agredidas y al día de hoy seguimos en las mismas.
Lo único nuevo que ha pasado durante todo este tiempo es que ahora son otros funcionarios los que despachan en palacio de Gobierno, que llegaron al poder con la consigna de “primero los pobres” pero que en la realidad no han hecho nada para resolver este problema en concreto.
La situación ha empeorado para las familias que carecen de vivienda. Ahora, mediante la nueva ley promovida por la actual administración desaparecieron los “Fraccionamientos sociales progresivos”, que eran una opción muy accesible para las familias carentes de vivienda y su lugar ha sido ocupado por los “Fraccionamientos de interés popular”.
La diferencia no sólo está en el cambio de nombre; en el fondo se trata de poner un obstáculo mayor para que las familias puedan acceder a la vivienda, dado que ahora no sólo deben comprar el predio sino que, además, el grupo o el individuo debe urbanizar con sus propios recursos el nuevo fraccionamiento antes de ocuparlo.
“Queremos que la gente viva en fraccionamientos dignos”, señala la autoridad; sólo que el costo lo deberá asumir el colono mismo, de tal manera que el agua potable, la luz, el drenaje, banquetas, alumbrado público y la pavimentación entre otras, correrán a cuenta de los vecinos, además de toda la tramitología. Así, sin más ni más.
La gente se pregunta ¿y el Gobierno? ¿Y nuestros impuestos en que se utilizarán? ¿Y el Artículo 4º de la Constitución de la república? ¿Y el “primero los pobres” dónde quedó?
Así que si quieres vivienda, cumple con los requisitos y además, págala; si quieres servicio en los hospitales, págalos; si quieres medicamentos, págalos; si quieres buena educación para tus hijos, págala también, en la medida en que la educación pública básica está para llorar; si quieres mejor transporte público, págalo, si quieres mejores carreteras, pues págalas.
Ese es el verdadero fondo de la nueva ley de vivienda: que los que carezcan de este derecho elemental también la paguen.
Por otro lado, es evidente que los grandes desarrolladores de vivienda no paran; siguen construyendo vivienda de “interés social” para los trabajadores. El gran capital que ofrece verdaderas jaulas como vivienda para los más pobres sí tiene el apoyo de los que hoy detentan el poder, así que el endurecimiento de la ley no sólo libera al estado en el ofrecimiento de los servicios y alternativas de vivienda, sino que además orilla, empuja, a las familias a ir a parar a los brazos de los grandes capitales dedicados a construir vivienda “con todas las de la ley” y obligados por la necesidad a engancharse de por vida pagando su casa, que le venden en condiciones verdaderamente leoninas.
Así pues, tres años después del brutal desalojo de las familias pobres en Bahía de Banderas, no sólo no han obtenido respuesta a su necesidad; ahora los que deberían resolver el problema han endurecido su posición con respecto a ofrecer vivienda verdaderamente popular.
Ante tal panorama, a los pobres les queda como única alternativa la organización política para defender sus intereses y la lucha ante aquellos que tienen la obligación de ofrecer soluciones verdaderas a los intereses del pueblo. No hay de otra.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario