La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo I, de las garantías individuales, artículo 4, establece lo siguiente: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. De esta manera, se entiende que el Estado, a través de sus instituciones, tiene la obligación de proveer, acercar e implementar programas o ayudas a la vivienda para todo ciudadano mexicano. Algo que, desde la creación de la Constitución en 1917 hasta la actualidad, se ha convertido en letra muerta la mayoría de las veces.
A nivel nacional y estatal el déficit de vivienda es una constante y se agudiza año con año. En Sonora, ¿de qué tamaño es el problema? El 21 de octubre del 2021 la diputada Elia Sallard Hernández, en ese entonces presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso de Sonora, declaraba para Televisa Sonora: “Infonavit tiene por ahora una demanda potencial de 105 mil personas que califican para obtener una vivienda, pero, en todo el estado hay solo una oferta de 6 mil viviendas”.
Es decir, tan solo en el sector formal que es el que cotiza y puede ser contemplado por Infonavit, hay un déficit de vivienda por 99 mil personas.
En cuanto al sector informal, referente a los que con sacrificios han logrado tener un espacio para vivir, de acuerdo con datos de la directora de SEDESSON, Wendy Briceño, de 836 mil 235 viviendas de Sonora, 21 mil 326 tienen piso de tierra; 39 mil 200 tienen un solo cuarto, 8 mil 484 no tienen energía eléctrica, 40 mil 872 no tienen drenaje.
Toda esta problemática social tiene un mismo origen, el modelo económico capitalista, un sistema de producción que trabaja bajo la consigna de la anarquía de la producción; es decir, no importa la demanda social sino la oferta sin control de mercancías que generen el mayor beneficio posible para el dueño de los medios de producción. Así, la construcción y venta de viviendas está supeditada a la necesidad del productor y no de los consumidores.
El empresario de la vivienda, en su desesperación por dinero, construye fraccionamientos o condominios al por mayor, sin contemplar el bajo nivel adquisitivo de las familias, la mala ubicación, la creciente inseguridad, la falta de recursos vitales como el agua potable; esto arroja como resultado de todo este conjunto de factores, que ciudades como Hermosillo presenten un abandono de viviendas que llega hasta cerca de 15 mil, de acuerdo con datos de la Promotora Inmobiliaria del Ayuntamiento en 2021.
En ocasiones, también el espíritu corrupto de los empresarios los lleva a construir fraccionamientos que no reúnen todos los requisitos legales ante el gobierno y esto deja estancadas y abandonadas a cientos de miles de casas.
Un tercer fenómeno se presenta entre la gente que vive en situación de calle, ellos también carecen de vivienda.
La desesperación por sobrevivir en la jungla de concreto ha dado al mundo ejemplos impactantes sobre cómo han logrado hacerse de un espacio para vivir. Aquí una historia; Esteban, un hombre de 53 años logró vivir durante 3 años arriba de un árbol en una de las avenidas principales de Hermosillo. Otro caso es el de Ángel, de 55 años, quien hasta hace poco vivía como los topos bajo tierra, en un agujero creado por un socavón al sur de la ciudad.
La realidad nacional bajo la administración de la Cuarta Transformación parece perpetuar este mal del siglo. Muy poco o casi nada se hace por remediar el déficit de vivienda, de tal manera que el presupuesto ligado a la vivienda en el PEF 2022 se redujo en 32 por ciento; es decir, menos dinero para atender el rezago de vivienda a nivel nacional.
Y todo el presupuesto reducido a las instituciones encargadas de apoyar a la vivienda social, ¿a dónde se redireccionó? Pues a los apoyos de transferencia monetaria que es básicamente la clientela electoral de la Cuarta Transformación y de López Obrador, puesto que está demostrado científicamente que dichos apoyos no generan riqueza, sino que perpetúan la pobreza y propician la dependencia gubernamental.
Existe una alternativa de vivienda social que promulga la concentración en manos del Estado, de la oferta de vivienda social, que hace a un lado la iniciativa privada, cuando menos en este aspecto, para que, a través de un estudio serio y propuestas integradoras de vivienda urbana y rural, se dote de vivienda digna a todas las familias mexicanas de bajos recursos.
Sólo que para lograr esto se requiere inevitablemente de reformas contra el gran capital inmobiliario y, en su momento, la lucha decidida del pueblo por defender y sostener esta nueva opción, ya que la reacción del capital ante la pérdida de sus influencias torna a la violencia o desestabilización social. Para afrontar esto se requiere de un pueblo más despierto y activo políticamente, a eso le apostamos en Antorcha.
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