Desempleo, hacinamiento de familias, desplome económico, pobreza, pobreza extrema, entre otros muchos, son los males que hoy distinguen a Quintana Roo, ocupando, desafortunadamente, los primeros lugares a nivel nacional, destacando también la falta de acción de los tres órdenes de gobierno para frenarlos y en apoyo a las familias más necesitadas.
Hoy más que nunca, ante el gris panorama que se pinta en el estado de Quintana Roo, es vital que tanto el gobierno estatal y federal se pongan a la altura de las circunstancias, exigan, emprendan y dejen a un lado los distingos partidistas, para bien de toda la ciudadanía, e implementen programas y acciones cuya finalidad sea contrarrestar los efectos negativos del mal económico que no se augura mejorías.
Ante este desalentador panorama se hace un atento y respetuoso llamado a la gobernadora Mara Lezama Espinoza, para que se convenza que en el Estado existe muchas carencias y desigualdades, y delegue, a la brevedad posible, a todas las dependencias gubernamentales, en su ámbito de competencia, atención y solución a las demandas que los antorchistas plantearon desde hace dos años y que la Secretaría de gobierno que encabeza la licenciada Cristina Torres Gómez, se comprometió a darle puntual atención y solución.
El pueblo está severamente golpeado por el desempleo e inflación –por lo mismo está desgastado, sin dinero– y es una triste realidad que no hay el recurso para que las familias humildes se alimenten como se debe, no hay siquiera para adquirir lo elemental para salir adelante.
Por eso la Gobernadora debe iniciar desde la titularidad del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobierno, acciones encaminadas a prestar, con urgencia, ayuda al pueblo que la llevó al poder político. Para nadie es un secreto las grandes necesidades que tienen las familias de Quintana Roo, la extrema pobreza que se vive en el medio rural, en las colonias de la periferia de la capital del Estado y en los municipios, donde desde hace más de dos años las familias han pedido ayuda, de obras y servicios básicos y que no llegan.
Más de 35 mil de esas familias no ocultaron su beneplácito cuando se enteraron que la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, tras dialogar con la dirigencia del Movimiento Antorchita, ofreció que atendería puntualmente las demandas de los “amigos antorchistas” y además porque es un compromiso de la mandataria estatal con el pueblo quintanarroense. Sin embargo, el tiempo pasa y las demandas todavía no se resuelven. Se ignoran los motivos de que se sigan postergando los acuerdos pactados, puesto que la mandataria, ante los propios ciudadanos, manifestó su intención, voluntad de contribuir para ayudar a los miles de familias que requieren ser apoyados.
Un buen gobernante delega responsabilidades, quizá en uno de esos eslabones, en uno de esos engranes quedó atorada la orden y por ende la voluntad de emprender las acciones acordadas, es cuestión de revisarlo y encaminarlas de nuevo.
Ése es el panorama de lo que se padece en Quintana Roo. El gobierno del Estado y de los municipios deben responderle al pueblo, a ése que les otorgó la confianza de su voto para gobernarlos.
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