No es la primera vez que lo digo, pero necesito repetirlo una vez más: urge reordenar el gasto público; es decir, que los gobiernos destinen más recursos económicos públicos a resolver las necesidades de los que menos tienen, por encima de lo que hoy destina, a los que incluso tienen de sobra.
Y no es éste un descubrimiento mío ni uno nuevo. Conforme a la deprimente situación social que ha padecido el país desde hace siglos, por exagerar un poco, hace ya casi una década que el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), lo viene repitiendo incansablemente en todos los foros que ha tenido a su alcance.
Con cuatro ejes fundamentales desde aquel entonces, el dirigente nacional de los mexicanos, agrupados en el MAN, delineó, grosso modo, las acciones que pueden, si se aplican con decisión y responsabilidad, salvar la situación que padecen los más desamparados de la patria. Resumidamente, las cuatro acciones son: 1) generar empleos suficientes, tantos como para ocupar a todo aquel que necesite y desee trabajar; 2) aumentar el salario lo suficiente, tanto como para que resulte verdaderamente remunerador; 3) una política fiscal progresiva, es decir, una política donde paguen más impuestos los que más riqueza acumulan, y exente, incluso, de impuestos a los que menos ganan. Y 4) reordenar el gasto social.
No necesito yo decir aquí, con cuanta urgencia necesita el país de que sus gobiernos escuchen a sus gobernados. Las consecuencias de las acciones fallidas del presidente Andrés Manuel López Obrador lo dicen a cada rato por sí solas. Es cierto que el mandatario federal se atribuye el aumento al salario o el aumento a las becas y pensiones a los adultos mayores, pero ¿de qué sirve hoy un salario aumentado que cada vez compra menos productos?; y, además, ¿qué hacer con el dinero de una beca, cuando hay menos oportunidades de educación, menos hospitales, medicinas, guarderías, infraestructura, y menos servicios públicos de calidad? Es cierto que el dinero siempre se gasta cuando se tiene, pero ¿en dónde, o cómo vivirán nuestros hijos en el futuro, cuando necesiten de la infraestructura indispensable para su existencia social mínima, cuando este gobierno que compra conciencias ya no esté? Recordemos que no sólo de pan vive el hombre, ni la mujer tampoco.
Pero dije en el título de este trabajo que hablaría de la urgente necesidad de reordenar el gasto social, y así lo haré. Colima es un buen ejemplo para entender, como es que el gobierno federal y estatal destinan muchos más recursos públicos para unos pocos potentados, cuando las grandes mayorías reciben sólo negativas para sus necesidades en medio de la inseguridad.
En una nota del periódico El Occidental, del 6 de noviembre pasado, leí sobre la construcción del tramo de la autopista Colima-Guadalajara llamado “Transvolcánica”. Se dice así en la nota: “La inversión que se hizo fue de 3 mil 270 millones de pesos, de los cuales 393 millones de pesos fueron destinados al tramo de montaña. Las obras se llevaron a cabo del kilómetro 103 al 120 y se requirió de 14 puentes y siete estructuras especiales, de acuerdo con datos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)”.
Y más adelante se dijo también que “el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez anunció que esta obra carretera se reactivó gracias a que la mandataria colimense, Indira Vizcaíno, y su gabinete se reunió con los ejidatarios de San Marcos, Jalisco, lo que culminó en un efectivo enlace entre el Gobierno de Colima y El Gobierno de México”. No se puede negar aquí, pues, la efectividad de la capacidad gestora de la señora gobernadora.
Luego, el día 17 de noviembre, el Diario de Colima publicó en su primera página lo siguiente: “Arranca ampliación a seis carriles de autopista Armería-Manzanillo”. Se dijo ahí, que Indira Vizcaino y Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dieron el banderazo de inicio. De la nota, llaman la atención dos declaraciones que hizo el funcionario federal sobre el tema. Con relación a las obras dijo: “Entre ellas la ampliación de cuatro a seis carriles, la construcción del puente Tepalcates II, entre otras, con una inversión superior a cuatro mil millones de pesos”; y sobre la verdadera intención de las obras afirmó: “Queremos mejores condiciones de circulación para que la carga pesada circule de manera segura junto con los vehículos y, por supuesto, apoyar al desarrollo del Gobierno del Estado.” Tampoco cabe aquí, entonces, poner en duda la capacidad gestora de la gobernadora.
Y cuando ya creíamos que en el centro de la atención de los gobiernos de la Cuarta Transformación y de la gestión de la gobernadora, estaba el interés y la seguridad de todos los colimenses, viene otra nota reciente a sacarnos del engaño y a ubicarnos en la realidad. “Invierten 230 millones de dólares en el puerto”, dijo así Diario de Colima. Y la nota informó que se inició la construcción de la Expansión Fase III de la Terminal Especializada de Contenedores de la Empresa Contecon, concesionaria del puerto de Manzanillo. Y como una muestra de agradecimiento ante la ingente cantidad de recursos públicos destinados, como ya dije, para incrementar los ingresos de los que ya tienen de sobra, al evento de arranque de las obras, asistieron, la gobernadora; el director general de Contecon, José Antonio Contreras; el comandante de la X Región Naval; el director de la Asipona; la responsable de la Segob; el secretario de Educación Pública y Cultura; la directora del DIF estatal e integrantes de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo.
Muy bien, pero, y para el resto de los colimenses que no son empresarios, ¿qué hay? Esos que esperen. Y ahí tenemos la carretera estatal que va de Tecomán a Cofradía de Morelos, que, ante su casi total deterioro, decidieron mejor cortar la vía a la mitad, de cuatro a dos carriles. Y que se aguanten. Y esta también de testigo de lo que digo, la carretera, también estatal, que va de Manzanillo a la comunidad de Chandiablo, que ya parece escenario de película de guerra, sin que haya oídos que escuchen las protestas de los manzanillenses que por ahí tienen qué circular. ¿Y la gestión tan eficiente de la gobernadora, donde quedó?
Y, ¿qué decir de la inseguridad? De esto, vale decir por ahora, que a los periódicos locales les hace falta paginas para poner en ellas el número de muertos y desaparecidos ocurridos por la violencia desatada. Urge que los gobiernos inviertan más recursos públicos en los que menos tienen. Ojalá nos escuchen. Seguiremos protestando.
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