El fenómeno de la pobreza es un flagelo social creciente, que no sólo afecta a los quintanarroenses sino a millones de seres humanos en México y el mundo.
Los orígenes de este problema, y sus terribles consecuencias, son resultado de una sociedad dividida en clases: por un lado, la clase trabajadora, productora de la riqueza; por otro lado, los dueños de los medios de producción quienes se quedan con la mayor parte de la riqueza producida, esta división social provoca gran desigualdad económica.
Este modelo de sociedad capitalista existe actualmente en México: un reducido número de empresarios, dueños del dinero, concentran poder y riqueza, mientras millones de trabajadores viven sumidos en una espantosa pobreza.
Es menester tener en cuenta que la causa de la pobreza y la marginación que afecta a millones de mexicanos no tienen su origen en la “corrupción”, como lo suele repetir a cada rato el presidente Andrés Manuel López Obrador. La causa real es la desigualdad social que impera en el sistema capitalista, pues la riqueza se produce con base en el trabajo de la mayoría, no obstante, el fruto del trabajo genera ganancias, las cuales no se reparten equitativamente, es decir, los ricos “capitalistas” se quedan con una gran parte de las ganancias distribuyendo entre los trabajadores migajas, apenas suficientes para subsistir.
Ese aparato estatal y el gobierno que lo representa sólo vela por los intereses de los ricos, no por los de los trabajadores. La explotación capitalista, predominante en nuestro país es la causa real de la pobreza, y la desigualdad económica de millones de mexicanos.
Para darnos una idea de la magnitud de la desigualdad en México, pongo como parámetro los “datos” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que refiere que hay 3.8 millones de pobres más en el país, al pasar de 51.9 millones en el 2018, a 55.7 millones de personas en el 2020, es decir, 43.9 por ciento de la población total del país. Esto de acuerdo con datos amañados y respaldados desde Palacio Nacional, porque al parecer la verdadera cifra es de 97.7 millones de mexicanos que son pobres, cifra de México Evalúa, contra los 55.7 millones de personas del Coneval.
Aun así, los datos de la institución son abismales; un crimen de Estado que el gobierno federal no está atendiendo: al contrario, se sigue acrecentando con sus políticas neoliberales.
La tesis “lopezobradorista” sobre el origen de la “desigualdad social” se contrapone al consenso mundial al que cada vez más gobiernos, analistas y organismos internacionales se adhieren y sostienen que la desigualdad económica y social en nuestros días es producto de la acelerada concentración de la riqueza producida en unas cuantas manos, como resultado del modelo económico neoliberal que hay que corregir y acotar mediante un sistema social que distribuya mejor las riquezas; no con decretos trasnochados como los del mandatario, que declaró formalmente, como por arte de magia, la muerte del neoliberalismo.
Para el funcionamiento del sistema dominante —un mal necesario para su desarrollo y para su funcionamiento— requiere la existencia de una buena cantidad de obreros desempleados, que funciona como válvula de presión sobre los trabajadores que sí tienen empleo, pues los obliga a someterse a las condiciones laborales que sus patrones les imponen, engendrando mayor grado de sometimiento y, por lo tanto, mayor generación de plusvalía (trabajo no pagado) en provecho de los dueños del capital.
Todo intento de subversión en contra de la explotación es rápidamente sofocada con el despido de los obreros descontentos que son reemplazados por personas del ejército de reserva.
El gobierno de Quintana Roo sigue al pie de la letra los dictados de la “cuarta transformación”: manipula datos, la pobreza alcanza a más de la mitad de la población, el desempleo e inseguridad se siguen disparando, etcétera.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a reconocer lo mal que está conduciendo al país, porque implicaría admitir que en sus cinco años de gobierno su política no ha funcionado; que su cacareado cambio social en favor de los más necesitados se diluye como el agua; que sus programas no benefician a quien verdaderamente lo requiere, porque dejan fuera de ellos millones de pobres, es decir, que la pobreza cubre con su manto a la gran mayoría del país.
Grosso modo, la situación se replica en Quintana Roo. El gobierno estatal sigue al pie de la letra los dictados de la “cuarta transformación”: manipula datos, la pobreza alcanza a más de la mitad de la población, el desempleo e inseguridad se siguen disparando, etcétera. Se diluye la falsa esperanza de la lucha al lado de los más pobres.
Sin embargo, cada vez el panorama se aclara: esto ha ocasionado que la población que vive en pobreza y pobreza extrema se las vea cada vez más difícil porque no se les está atendiendo su grave situación económica y con ello no se frena el crecimiento de los cinturones de pobreza; al mismo tiempo, la falta de oportunidades lacera a las personas, que viven con un sinfín de carencias y lo peor de todo es el nulo apoyo gubernamental pues no se invierte o se hace muy poco para combatir la miseria.
También he de decir que esa gente, que sufre y que está abandonada a su suerte por parte de la autoridad estatal, no tiene dinero y no tiene qué comer.
Las riquezas obtenidas de la actividad turística, la principal fuente de ingresos económicos en la entidad sólo beneficia a los grandes magnates, a empresarios nacionales y extranjeros; por ello, no está demás decir que un ser humano con hambre es capaz de hacer muchas cosas y por lo mismo no podemos quitar el dedo del renglón.
La autoridad estatal usa los recursos públicos transformados en tarjetitas, para entretener y manipular al pueblo necesitado. Como el gobierno federal, usan al pueblo para sus ambiciones electorales; no les preocupa el llamado de auxilio y la desesperación de la gente humilde de diversas colonias y comunidades marginadas que tienen hambre y que además, en muchos de los casos, no cuentan con agua potable, energía eléctrica, calles pavimentadas ni servicios médicos.
Sin duda alguna, es bastante evidente la marginación social en la que se encuentran y son precisamente esas demandas que Antorcha le planteó a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, cuando atendió en octubre del año pasado a la dirigencia estatal antorchista.
Fruto de esa reunión en la que estuvo todo el gabinete de gobierno (a excepción de la gobernadora), es que ofrecieron resolver de menos a más las necesidades más urgentes de los colonos, campesinos, estudiantes y profesionistas organizados. Sin embargo, tras un año de los acuerdos pactados, nada, pero absolutamente nada se ha resuelto.
Por eso y más, derivado de la mentira, sordera e irracionalidad gubernamental, los antorchistas quintanarroenses iniciarán este 27 de octubre su lucha estatal. Por lo pronto, un contingente de 500 colonos y campesinos organizados protestará pacíficamente por las principales calles y avenidas de la capital quintanarroense, para demandar justicia y progreso social, lucha que el pueblo organizado no está dispuesto a renunciar, hasta que el gobierno les brinde mejores oportunidades de vida.
Por último, hago una extensa invitación al pueblo quintanarroense, a los maltratados, menospreciados y marginados por el sistema para que se decidan a organizarse y luchar con Antorcha para que, con más mentes y brazos dispuestos, juntos ganemos la batalla para lograr cambiar el estado de cosas.
Es menester luchar para que en Quintana Roo y en todo México, al pueblo productor de riquezas se le respete, se le proteja y se le dé lo que por derecho le corresponde, para ello, deben conocer a fondo las causas de la desigualdad económica y social y se propongan a luchar para conseguir un verdadero cambio de modelo económico, que arranquen de raíz el flagelo de la miseria y desigualdad social. Contra ese mal estamos luchando los antorchistas.
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