En diciembre de 2021 el gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez recibió la recomendación 146/2021 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para derogar del Código Penal el delito de ultrajes a la autoridad. El mandatario al recibir dicho documento dijo de dientes para afuera en una conferencia de prensa que su gobierno estaba dispuesto a acatarla en todos sus términos. Su postura desde el principio fue que “La aceptación es en sus términos, no se puede aceptar a medias; si lo vas a aceptar, lo aceptas completamente. Bueno, también hay aceptaciones parciales, y en ese caso hay que argumentar por qué no aceptas, pero nosotros no”.
Una respuesta así a una institución que está emitiendo una recomendación merecía la atención en proporción al problema. Sin embargo, la actitud del gobernador desde el inicio, fue la defensa de las leyes que mandó a hacer ex profeso para sus enemigos políticos. Ya que gracias a esta ley avalada por la bancada morenista en el congreso del estado se ha podido encarcelar a diversos dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales con los que Cuitláhuac García no comulga.
El problema escaló a nivel nacional por su inconstitucionalidad y una clara violación a los derechos humanos y políticos de los veracruzanos. A esta protesta se unieron diversos dirigentes de partidos políticos nacionales como Dante Delgado y Ricardo Monreal hasta conformar una Comisión Especial para investigar las violaciones ejecutadas contra 1,030 personas que fueron encarceladas por este delito. Dicha comisión claudicó por acuerdos políticos que Morena no ha cumplido ni hay señales de que los cumplirá.
Por eso, en los días que corren Cuitláhuac García ha salido a declarar que no va a quitar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal. Al mismo tiempo, hace señalamientos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a todos sus críticos que, al derogar dicho artículo, ellos serán los culpables de que los criminales anden sueltos y que afectará estados como Tabasco, Tlaxcala, Guerrero, Colima, Hidalgo, Baja California y Nayarit, todos ellos morenistas o claramente confabulados con el gobierno federal. Incluso los ha acusado de hacer negocio con la justicia por defender a criminales. Pero habría que hacer un par de preguntas para ver la efectividad de dicha ley.
¿Cuántos capos de la droga ha detenido? ¿Cuántos vehículos de tierra, mar o aire ha atrapado? ¿Cuántas toneladas de armas y drogas ha incautado para decir que tiene éxito su ley? Y, por último, cuando habla de que la ley es un negocio ¿La justicia y toda su estructura es gratuita en Veracruz?
Lamentablemente el gobernador de Veracruz ha perdido el piso al tratar de ser un remedo mal hecho del presidente de la República. Porque desgraciadamente es su ignorancia y arrogancia no se da cuenta de que lastima una de las profesiones más complicadas en nuestro país y que se vuelven más difíciles cuando mandatarios como él la denigra y ofende. ¿Eso es ayudar a la justicia y aquellos que luchan día y noche para tener un país más justo?
En cambio, los veracruzanos se sienten más inseguros, hay 1,030 inocentes en la cárcel que desconocen la razón por la que están privados de su libertad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dicho al gobernador Cuitláhuac García que el delito de ultrajes a la autoridad viola el principio de taxatividad, que significa que este tipo de delito no es suficientemente claro al establecer conductas prohibidas; por lo tanto, la sociedad no podrá saber en qué momento podría o no estar incurriendo en un delito. Los veracruzanos no sabrían porqué o de qué los acusan, en cambio el gobierno podría acusarlos de delitos graves que ellos no cometieron y aplicarles una condena totalmente injusta.
Por lo tanto, el gobierno veracruzano se empecina en acusar a todos los que se oponen a la aplicación correcta de la ley. En su atraso defiende lo indefendible, porque no es culpa de los acusados ni que quienes piden se derogue dicha ley porque comete atropellos en contra de los derechos de los ciudadanos y se utiliza como traje a la medida de sus opositores; es culpa de sus legisladores de la bancada morenista que la aprobaron a sabiendas de que esta ley fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por inconstitucional en el 2016.
Por otra parte, miente Cuitláhuac García cuando dice que todos los criminales andarán sueltos porque la SCJN le está dando facilidades a los criminales. El gobernador falta a la verdad por ignorancia o conveniencia porque la SCJN desde que declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad dejó claro que ese organismo “no válida en modo alguno las agresiones físicas que pudiesen cometerse en contra de las autoridades con motivo o en ejercicio de sus funciones, así como tampoco que comparta o aplauda las agresiones verbales en contra de funcionarios”.
Si estas cosas elementales no las sabe el gobernador de Veracruz debe dedicarse a otra cosa, tal vez a dar clases de salsa o donde sobresalgan sus dotes, pero no tiene derecho a someter la vida de los veracruzanos con leyes hechas a modo. De antemano, se sabe que esta ley no se derogará como lo exige la SCJN y la CNDH y las diversas barras de abogados en el estado, que solo hará una pequeña modificación que le permita seguir sometiendo a sus oponentes políticos.
Esta actitud perversa del Gobierno morenista en Veracruz debe tener atentas a todas las fuerzas progresistas para luchar en contra de un gobierno autoritario y represor. Pero esas fuerzas progresistas no deben olvidar que la lucha tiene que ir respaldada por el pueblo organizado, educado y consciente. Sólo así, se podrá hablar de democracia y justicia ante los tiempos difíciles que le esperan al estado con este tipo de gobernantes. Que conste.
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