Según un reciente análisis emitido por el Monitor de Sequía de México, hay 11 estados en emergencia y más del 70% de sus municipios padecen esta problemática. Las entidades que presentan mayores afectaciones por el fenómeno natural son Aguascalientes, Baja California y Sonora, debido a que el 100% de sus municipios presentan algún nivel de sequía, y le siguen Coahuila, Chihuahua y Querétaro con el 94% de sus demarcaciones.
No obstante, si el parámetro bajo el que se mide la información es el número neto de municipios involucrados, ocho de los 32 estados de México: Chihuahua con 64 (95.5%), Coahuila con 36 (94.7% de sus municipios), Guanajuato con 33 (71.7%), Hidalgo con 40 (47.6), Oaxaca con 62 (10.9%), Puebla con 41 (18.9), San Luis Potosí con 47 (81%) y Sonora con 72 (100%) son los más afectados por la escasez de agua, y 1,546 de los 2,463 municipios del país sufren una sequía entre extrema y moderada según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Situación particularmente grave se vive en Monterrey, segunda ciudad más grande y uno de los centros económicos más importantes de México. Ahí toda la zona metropolitana, de unos cinco millones de habitantes, está afectada por la sequía de más de 90 días, provocando el cierre de actividades económicas y centros educativos.
Con las pocas precipitaciones, las 210 presas del país han registrado una muy ligera recuperación, por lo que el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas reportó un escaso almacenamiento del 11% por debajo del promedio histórico para la fecha.
Evidentemente, son las consecuencias del cambio climático provocado por la humanidad del que los científicos no dudan de que el calentamiento global altere los patrones de lluvia en todo el mundo y el aumento de sequías.
Además, de acuerdo con la información climática, cada año se observa el fenómeno de la canícula, que se caracteriza por una disminución en la cantidad de lluvias, calentamiento del aire y cielo despejado entre los meses de julio y agosto, especialmente en las regiones del centro, oriente y sur de México.
Pero qué han hecho los gobiernos para combatir el problema de la falta de agua, de la que el 76% es de consumo agrícola y ganadero, 14% de consumo humano, 5% de generación de energía y otro 5% de la industria?
Absolutamente nada. En Querétaro, por ejemplo, seguir concesionando el servicio de agua entre empresarios y desarrolladores a costa de dejar sin este vital líquido a las comunidades originarias y dueñas de los manantiales de donde se traslada a los centros urbanos como la capital y municipios metropolitanos que concentran más del 60% de la población del estado.
El Gobierno federal, por su parte, a lo más que han llegado es a acordar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa para el año 2022, en que se señala que los concesionados podrán, es decir, si quieren:
“Dar aviso a la Autoridad del Agua, para proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas”, y/o, “ceder o transmitir temporalmente, sus derechos y solicitar la interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no utilicen, en tanto subsiste la emergencia.
La verdad es que el problema del agua en México nunca ha sido prioridad nacional para el consumo humano de los mexicanos ni para los sectores primarios de la producción, agricultura y ganadería, como se refleja en la falta de planeación, inversión en infraestructura y coordinación entre la Federación y los estados, además del recorte de 8 mil millones de pesos, pues mientras en 2018 la Conagua operó con 32 mil millones de pesos, en 2021 fue con 24 mil millones de pesos, disminuyendo el presupuesto para agua potable, tratamiento y alcantarillado en 60%.
AMLO emprendió una campaña junto con el gobierno de Samuel García para abastecer a Monterrey de agua (Foto: Cuartoscuro. Presupuesto para infraestructura para la captación de agua (presas), tratamiento de aguas residuales, manejo del agua destinada a agricultura (revestimiento de canales y optimización en técnicas de riego), saneamiento a los organismos operadores y mejoras en las redes de distribución (para que el agua no se desperdicia en fugas, que representa el 40%).
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