En el proceso de campañas electorales de 2018, la famosa frase del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, de “vamos a acabar con la corrupción”, fue una de las que más pesó para que más de 30 millones de mexicanos le dieran su voto.
Y es que, si bien es cierto que México presenta altos niveles de corrupción desde tiempos inmemorables, algo tan arraigado e impregnado tan profundamente en la sociedad, de naturaleza totalmente sistémica, no cambiará, a diferencia de lo que cree el mandatario nacional (suponiendo que crea en lo que él mismo dice, que está por verse), con un decreto y buenos deseos.
Tan es así, que esa corrupción, la innombrable, pero omnipresente corrupción, continuó prosperando en este sexenio, no obstante los denodados, como inútiles, esfuerzos gubernamentales por ocultarla y justificar a las personas de confianza que el mismo presidente puso en el cargo; responsabilizando, como se ha vuelto costumbre en este sexenio, a los gobiernos neoliberales que lo antecedieron.
Y nos estamos refiriendo en este caso a la gran estafa del organismo de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Este organismo fue creado en enero de 2019 mediante un decreto del mandatario nacional, con el objetivo, dicho por él mismo, de dar seguridad alimentaria a los mexicanos más necesitados, dotándolos de granos y productos de la canasta básica a precios accesibles, así como la compra de productos a los pequeños productores, sin embargo, todo eso quedó en puros discursos; choro mareador, como dicen los jóvenes.
La situación ha sido completamente diferente, pues, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en Segalmex se han cometido fraudes por más de 9 mil 500 millones de pesos, ilícitos que han dado lugar a más de 100 denuncias contra la dependencia, sin que hasta ahora se haya castigado o declarado culpable a algún funcionario, ni siquiera a Ignacio Ovalle Fernández, quien encabezaba la institución, pero que, según declaraciones de López Obrador, solo era el presidente; “la culpa no fue suya, fue de los trabajadores que él contrató y lo engañaron”; es decir, que ni el presidente ni Ovalle Fernández son responsables de lo que pasa en este gobierno; parece que el mandatario olvida que es él quien delega funciones, comparte responsabilidades.
Y es que hablarle a la gente de millones de pesos desviados, como lo ha hecho una pequeña parte de la prensa, quizás no refleja la realidad tal y como es.
Acerquemos un poco la lupa. No es la primera vez que Ovalle se encuentra bajo los reflectores, según información de El Economista, en su nota del 30 de junio de 2023, entre 1988 y 1990, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue director de la ya desaparecida Conasupo, en cuya gestión se vio bajo los reflectores al ser acusado de introducir a México leche en polvo que, por fundada sospecha de estar contaminada por radiactividad proveniente de Chernobyl, no podía ser vendida en Europa. Pero hay más. También durante ese periodo compró maíz amarillo que debía ser consumido por animales y lo destinó a consumo humano.
Ahora lo que lo centra en la pluma de algunos periodistas que todavía defienden la verdad, es el mal manejo que, de nueva cuenta, hace en programas que “darán seguridad alimentaria a los mexicanos más necesitados”, planteamiento demagógico, pues vemos cómo entre 2020 y 2021 se generó un desabasto de leche en 26 de los 32 estados de la república, bajando al mínimo histórico la distribución, pues, en 2018, se distribuían en el país 892 millones de litros, pero en 2021 hubo una disminución del 25 por ciento, pues se distribuyeron sólo 664 mil millones de litros en todo el país; esto va forzosamente relacionado con la quiebra de millones de pequeños productores, pues en el periodo de 2018 a 2020 la cantidad se redujo de 8 millones a 3.5 millones, ¿la razón? Segalmex les retrasó el pago por más de tres meses lo que los obligó entonces a dejar de producir leche y a vender su ganado para no quedarse sin el necesario ingreso para la alimentación a sus familias.
Todo esto pasa uno o dos años después de que, el 9 de marzo de 2019, López Obrador aseguró que apoyaría con precios de garantía de 8.20 pesos al pequeño y mediano productor, pues dijo, ya no existirán intermediarios, “la ayuda se les dará directamente a los beneficiarios y así lograremos acabar con la corrupción”, pero al parecer, ni llegó el recurso ni se terminó la corrupción.
Y, evidentemente, todo lo que trae consigo la desatada corrupción de este gobierno ha despertado el descontento y coraje de la clase trabajadora, tan es así que campesinos se han manifestado ante las oficinas de Segalmex en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Jalisco, entre otros, exigiendo respuesta y solución inmediata a tan grave situación; sin embargo, la respuesta ha sido de indiferencia, negando apoyos y alternativas viables a los más afectados, a esos por los que el presidente juró trabajar durante su mandato, y que lo único que han recibido como respuesta es la declaración, palabrería, pues, de que el gobierno no permite chantajes “y menos de gente acostumbrada a la corrupción”.
Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el pueblo exige que López Obrador cumpla con su palabra de defender los intereses de los más pobres del país y que trabaje para dar con el dinero desviado para atender las necesidades de los campesinos y los pequeños y medianos productores, lo único que han logrado es que se proteja a responsables de desfalcos, como el caso hoy comentado, de quién, versión oficial, solo era el director y uno de sus allegados que también estaba convencido de acabar con la corrupción al estilo del mandatario nacional, porque, sin duda alguna, el presidente nos quiere hacer creer que en su gobierno efectivamente, ¡se acabó la corrupción! Nada más alejado de la realidad. La verdad es, más bien, aquello que algunos dicen que dijo don José Zorrilla: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”. Uno de ellos… es la corrupción gubernamental.
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