Un presupuesto que asciende a un total de 864 millones 334 mil 305 pesos, asignados a siete organismos que, se dice, son los encargados de prevenir “delitos de corrupción”, el Congreso de Quintana Roo en este 2023 autorizó, sin embargo, se tiene la percepción de que será dinero tirado para engrandecer la burocracia que tanto daño ha ocasionado al estado.
Y como es de suponerse, impera la duda de que esa inmensa cantidad de dinero será aplicado correctamente porque las instituciones a las que es destinado el recurso son la Secretaría de la Contraloría (Secoes), el Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal de Justicia Administrativa (Tjaqroo), así como en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción estatal (Sesaeqroo), donde existe la sospecha de mal manejo de recursos por sus titulares, pero que ahora contarán con excesivo dinero incluso para agrandar, posiblemente su personal o bien destinarlo a excesivos sueldos de sus titulares.
Asimismo, es del conocimiento público que el Poder Legislativo se asignó un presupuesto de 485 millones 622 mil 930 pesos para dar atención a la política estatal anticorrupción, bajo el Programa “Legislar con Compromiso Social”; monto que representa el 56.2 por ciento del total de los recursos para combatir este delito durante 2023 en Quintana Roo.
Y todos nos preguntamos si es adecuado justificar ese gasto con que nuestros flamantes representantes del pueblo van a legislar con compromiso social, ¿acaso no es esa su función, de trabajar en hacer leyes para llevar mejores estadios de vida para los gobernados, para la gente que les entregó el voto y por el cual son diputados? Esa es la peor justificación para gastarse un elevadísimo presupuesto del que se dice estará libre de corrupción.
Entonces, para el pueblo es imperiosa la necesidad de que los legisladores vigilen con mucha honestidad cada peso destinado a las instituciones de gobierno, porque son recursos de los quintanarroenses al igual de no olvidarse el flagelo que hay que combatir es la pobreza, de la inmensa desigualdad que enfrentan los pobres, por ende se debe disponer de recursos suficientes, que deben ser utilizados en la introducción de servicios básicos como drenaje, electrificación, agua potable, clínicas, en las colonias y comunidades maginadas del estado, pero lamentablemente de este mal social no se dice absolutamente nada, hay silencio total.
Basta recordar que mientras un gran porcentaje de la población de Quintana Roo padece múltiples necesidades y carencias producto de la pobreza, por la ausencia de apoyo de los tres órdenes de gobierno, así como la nula oportunidad de empleo y de superación económica, el derroche de recursos en el Poder Legislativo es insultante, al grado de que también es la entidad donde los habitantes pagan más recursos para financiar y mantener a los diputados locales.
No podemos dejar pasar ni omitir la escandalosa cifra de poco más de 19 millones de pesos que es lo que cuesta cada legislador al presupuesto del Congreso, que es, sin duda, dinero tirado, sin provecho, pues es opaco el actuar de los legisladores mientras que las autoridades competentes, sentimos, que no fiscaliza a nadie. En ese sentido, miles de ciudadanos padecen hambre, sinfín de necesidades, no tienen trabajo, hay pobreza en sus familias y por eso no comprenden cómo forman parte de las estadísticas, de los números per cápita que tienen que mantener al Poder Legislativo, porque cada uno de los quintanarroenses tiene que financiar con 113.9 pesos, la tasa más alta del país.
Frente a esta situación, en el derecho económico, los legisladores, sin que sea su deber fundamental, estos deberían vigilar la correcta aplicación de los recursos que aprueban al Poder Ejecutivo del Estado, como a los presidentes municipales, los que casi siempre son ejecutados inadecuadamente, pero que deberían servir para contrarrestar la gran desigualdad que impera; porque la ciudadanía, en pleno siglo XXI, aún carece de vivienda, servicios básicos en sus hogares y peor aún, tampoco se piensa en crear empleos para que la clase trabajadora viva dignamente.
Ya veremos el resultado en los próximos meses, si los ciudadanos podremos ver, palpar, sentir esa legislación con compromiso social, porque para nadie es mentira que a los señores diputados controlado por Morena y aliados ni se les ve por su distrito una vez que obtienen la victoria electoral.
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