Como lo había anunciado reiteradamente por las necesidades de la campaña de Morena para la presidencia de la república y el resto de los cargos en disputa el 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de veinte reformas constitucionales que, más que cambiar radicalmente al país, serán utilizadas como promesas para atraer votantes para su grupo político.
No es nueva para los mexicanos la táctica política de prometer y no cumplir grandes transformaciones para el país. Destaca entre estas iniciativas la modificación legal que propone para las pensiones que reciben los trabajadores que llegan al fin de su vida laboral.
Tampoco es ninguna novedad que la inmensa mayoría de los trabajadores que llegan a la edad en que sus capacidades y su salud disminuyen y deben retirarse reciba un ingreso que no les alcanza para mantener una vida digna y viven sus últimos años en la pobreza.
Al calor de las nuevas iniciativas legales, vale recordar las palabras de Napoleón: “Las leyes de la mayoría de los países están hechas para oprimir al desgraciado y proteger al poderoso”.
El sistema capitalista de producción los explota mientras producen grandes cantidades de riqueza, los deja exhaustos y luego se deshace de ellos sin gastar nada o gastando el mínimo posible. Esa es la realidad.
Dice en la iniciativa presidencial al respecto: “La presente iniciativa busca prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con los regímenes pensionarios de 1997 y 2007, en el cual serán los sectores más vulnerables de la población nuevamente los más afectados; un escenario que se prevé a 30 años de la entrada en vigor del sistema privado de pensiones, una de las reformas neoliberales y clientelares en materia de seguridad social, copiada del régimen chileno de Augusto Pinochet en la década de 1980”. Hasta aquí, muy bien, muy convincente y justiciero.
Pero vámonos más despacio. La iniciativa se refiere, dicho sintéticamente, a las reformas en el sistema pensionario de las fechas que se señalan en la cuales se le retiró la carga de las jubilaciones al presupuesto nacional y se hizo recaer sobre los ahorros que durante su vida laboral pudiera ir haciendo el trabajador.
Con esos cambios, el Estado se retiraba en lo fundamental del gasto de jubilaciones; el trabajador pagaría su jubilación con sus propios ahorros. Fue, en efecto, una parte importante de las reformas impuestas por el modelo neoliberal que pretendía apartar al Estado de la intervención en la economía y dejarla al libre juego de la fuerzas del mercado, eufemismo usado para esconder la sujeción de los trabajadores a las empresas y, sobre todo, a las más poderosas.
El presidente de la república propone con la aprobación de las reformas que se complete el escaso ingreso que tendrán los trabajadores jubilados pues sus ahorros acumulados (y jineteados por las llamadas Afores durante muchos años), no alcanzarán para gran cosa. ¿Con qué piensa el presidente López Obrador que se van a completar los ingresos de los trabajadores jubilados? Con lo que él ha llamado un “fondo semilla” que, según dice, arrancará con 64 mil millones de pesos y que se llamará oficialmente Fondo de Pensiones para el Bienestar (no podía faltar la palabra bienestar) y se integrará con aportaciones del gobierno federal.
Esas aportaciones saldrán supuestamente de recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fonatur, de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos y ¿para qué seguir? de otras bolsas, desmantelando y hurgando aquí y allá.
Con tantos organismos y métodos de aportación de los recursos (hasta de la “austeridad republicana”), no queda claro cuándo, finalmente, estará reunido y a disposición de los trabajadores jubilados el mentado “fondo semilla” y, tampoco se explica cómo y cuándo va a germinar porque la realidad es que ese dinero, en caso de que llegue a reunirse, nunca se va a recuperar y menos a crecer.
Además, la cantidad anunciada es apenas la mitad de los 125 mil 937 millones de pesos que se van a entregar a las Fuerzas Armadas sólo durante este año para que se aparente que el Tren Maya está funcionando.
El régimen de la llamada Cuarta Transformación, que se pretende perpetuar, no permite y menos facilita ni promueve la organización popular independiente, consciente y vigorosa que posibilite que los trabajadores mexicanos se defiendan y exijan sus derechos que, en última instancia, se sintetizan en conquistar para siempre un auténtico mejor reparto de la riqueza que producen. Nada de eso.
Sólo pretende colocarlos nuevamente como recipiendarios de la generosidad del gobernante que tiene a bien completarles su jubilación quincenalmente. Al calor de las nuevas iniciativas legales, vale recordar las palabras de Napoleón: “Las leyes de la mayoría de los países están hechas para oprimir al desgraciado y proteger al poderoso”.
“Otorgar becas a estudiantes de familias pobres” es la síntesis de otra de las leyes que se pretende aprobar. La traigo a colación porque no es más que otra modalidad de mantener, ahora a los jóvenes, recibiendo dinero en efectivo para que lo gasten como quieran y vivan agradeciendo constantemente al gobernante magnánimo.
¿Por qué no se invierte en infraestructura, maestros y servicios asistenciales para la educación, la cultura y el deporte para los jóvenes? ¿Qué gran sistema educativo, en qué país, se ha construido repartiendo dinero a los muchachos? Si es tan bueno y efectivo el método, ¿por qué no entregar dinero quincenalmente también a los jóvenes aspirantes a oficiales del ejército y ya luego sólo aplicarles examen para verificar la capacitación que obtuvieron por su cuenta en algún lugar?
Si tienen algo en común las recientes inciativas del presidente de la república, lo encontramos en nuevas, más variadas y generalizadas formas de que el pueblo pague con sus impuestos la vieja esclavitud de la mano de obra asalariada. El pueblo pagando su propia manipulación.
¿Quién debería pagar las jubilaciones de los hombres y mujeres que llegan al final de su vida laboral? Pues quien se ha quedado con la riqueza inmensa que han producido, o sea, los empresarios. Mientras existan. No tiene vuelta de hoja. No veo por qué tenga que pagarla con sus impuestos, por ejemplo, una señora que vende pollo en un tianguis o un obrero de fábrica al cual apenas le alcanza su salario para mantener a su familia.
Si analizamos el fenómeno económicamente, la solución es muy clara: los impuestos que pagan los empresarios deben aumentar significativamente. México es un paraíso fiscal para los empresarios, es uno de los países en los que los empresarios pagan los más bajos impuestos o no pagan nada. La medida es indispensable y urgente para acercarnos a un mejor reparto de la riqueza y, por supuesto, porque de eso estamos hablando, para sufragar una jubilación digna a los trabajadores.
Pero se sabe bien: Andrés Manuel López Obrador nunca ha querido tocar a los empresarios ni con el pétalo de un 1 % de aumento a sus impuestos. Que se hayan enriquecido escandalosamente, es, incluso, uno de sus máximos orgullos. Oxfam informa que 180 mil millones de dólares se concentran en nuestro país en las familias de catorce ultrarricos, lo cual equivale a fortunas individuales de más de mil millones de dólares.
Para no incomodarlos, Andrés Manuel López Obrador propone al congreso modificar la ley para que quede bien establecido que las jubilaciones se pagan con los impuestos de los mexicanos que viven de su trabajo y que el encargado de entregarlas en mano propia es el gobernante, para que a él se le agradezca y se le rinda culto. Caravana con sombrero ajeno. Ojo, mexicanos.
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