Como dice el adagio popular, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue; después de las elecciones del pasado 5 de junio, cuando en Quintana Roo fue electa la nueva legislatura local y el nuevo Gobierno del estado. El pasado 3 de septiembre, en el Congreso estatal rindieron protesta los nuevos diputados que integrarán la XVII Legislatura que tendrá una duración de 2 años.

Para ubicarnos un poco en el panorama histórico del Congreso del estado, de manera muy apretada quiero decir que, el Congreso de Quintana Roo es relativamente joven porque surgió con la creación del estado el 8 de octubre de 1974, siendo el primer electo el 10 de noviembre de ese año con carácter de constituyente que entró en funciones el día 25 del mismo, posteriormente fue elegida la primera Legislatura. Actualmente se encuentra, como dije arriba, en ejercicio la XVII Legislatura.

Este órgano, depositario del Poder Legislativo del estado, estableció en su legislatura constituyente que se integrara con siete diputados propietarios y sus respectivos suplentes, debiendo quedar instalada el 25 de noviembre de 1974. Hoy día, se integra por un total de 25 diputados; 15 electos por mayoría relativa en cada uno de los 15 distritos electorales uninominales en los que se divide la entidad, y 10 son electos por el principio de representación proporcional, mediante un sistema de listas registradas por los partidos políticos.

 Al paso el tiempo, este órgano legislativo estatal, sobre todo en las XV y XVI legislaturas han identificado al Congreso local como uno de los más caros del país. Según el Informe Legislativo 2022 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cada congresista anualmente recibe 19.4 millones de pesos, superando por mucho la media nacional que es de 12.5 millones de pesos por diputado; es decir, el costo per cápita es de 113.9 pesos por cada ciudadano. Pero no sólo eso, el IMCO reveló que, aunque el estado de Quintana Roo asigna mucho presupuesto a los diputados, estos no cumplen con sus funciones.

Por su parte, el Censo Nacional de Poderes Legislativos 2021 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) ubicó al Congreso de Quintana Roo en el top 10 nacional de las instituciones más caras del país, con 469.2 millones de pesos, y el peor órgano con decretos aprobados y publicados. Según el IMCO en 2020 cada uno de los 25 diputados de la XVI Legislatura de Quintana Roo obtuvieron ganancias netas de 19 millones 917 pesos. En 2019 fue la segunda ocasión que el Congreso apareció entre los más caros del país en los estudios del IMCO ya que cada diputado recibió 18 millones 724 mil 338 pesos.

Como podemos ver, el Congreso de Quintana Roo ha sido uno de los más caros del país por varios años consecutivos, pero el problema fundamental es que el ingreso que reciben los diputados, producto de los impuestos de los ciudadanos, no coincide con su desempeño porque todos sabemos del mal trabajo de los representantes de este poder de gobierno.

Los diputados de la XVI legislatura en su mayoría morenitas y aliados, que debieron haber hecho un mejor trabajo y demostrar a los quintanarroenses un cambio para bien, con una nueva forma de legislar, haciendo honor al cambio verdadero producto de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), esto no ocurrió, no hicieron caso al presidente Andrés Manuel López Obrador que predica la austeridad republicana; al contrario, como pudimos ver, no sólo se sirvieron con la cuchara grande, sino que se convirtieron en paleros del Gobierno del estado y dejaron muy lejos la encomienda de representar a los ciudadanos quintanarroenses y vigilar por sus intereses. Todo fue más de lo mismo.

Entonces, ¿Qué esperamos de la XVII Legislatura? Como todo ciudadano que aspira a una vida mejor, esperamos estar bien representados por legisladores que conozcan los problemas del pueblo, sean sensibles a ellos, que busquen todos los medios para hacerse escuchar y que, como consecuencia de su trabajo, haya mejores condiciones para el pueblo que representan, pero esto no ocurre, los diputados sólo buscan sus intereses personales y de grupos o partidos. Usan a los ciudadanos como trampolín político para ir escalando puestos que sólo le sirven para un mejor estatus personal.

La XVII Legislatura, a su inicio, ya presentó algunas fisuras que nos indicaron que empieza con el pie izquierdo; tan sólo el día de la toma de protesta no se presentó la diputada morenista Maribel Villegas quien dijo, una hora antes en rueda de prensa, que estaba esperando una mejor oferta de la futura administración estatal o, por ejemplo, a menos de 48 horas de tomar protesta la diputada Diana Laura Nava Verdejo del partido MAS, solicitó licencia temporal para separarse del cargo como diputada local de la actual legislatura, lo cual refuerza lo que digo, que la mayoría de los diputados sólo buscan sus intereses y de grupos.

Los ciudadanos quintanarroenses lejos de conformarnos con tener un Congreso con diputados que sólo están a disposición de sus partidos o del Poder Ejecutivo estatal, debemos organizarnos para exigir que cumplan con su compromiso de un verdadero órgano de representación, de ser la voz del pueblo y que trabajen para beneficio de éste, de otra manera, no nos sorprendamos que sigamos teniendo más de lo mismo, pero de diferente color.