Según datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), el monto previsto para todas las entidades del país, propuesto por el Gobierno federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, es de dos billones 432 mil 771 millones de pesos, 9.9 por ciento más que el que se aprobó para el ejercicio 2022. De acuerdo con ese proyecto de presupuesto, que se espera se apruebe antes del 15 del presente mes, a Yucatán le asignarían 41 mil 421.1 millones de pesos, un incremento del 11.2 por ciento en términos reales en comparación con lo recibido este año.
También, de acuerdo con esos datos vertidos, Guanajuato, Yucatán y Nayarit, serán los estados que el próximo año recibirán un incremento mayor al 10 por ciento en los recursos federales otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mientras las demás entidades, aunque también recibirán incrementos, serán en menor magnitud. El incremento considerado para Yucatán incluye las partidas correspondientes de los ramos 28 y 33 que contemplan participaciones, aportaciones, convenios de descentralización, recursos para salud pública y del Ramo 23, que se encarga de las provisiones salariales y económicas.
El ramo 28, que es relativo a las participaciones federales, tendrá un incremento real del 19 por ciento; mientras que el ramo 33 que tiene como finalidad fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y municipales en el ejercicio de los recursos etiquetados en atención de las demandas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa, tendrá una variación positiva de apenas 3.6 por ciento, incremento totalmente insuficiente para resolver las grandes necesidades que presenta la población yucateca más vulnerable.
Si consideramos que el 49.5 por ciento de la población yucateca vive en pobreza al sufrir carencias de diversa índole, el incremento de recursos federales para el estado debería ser mayor y de esa manera contribuir a paliar la pobreza existente; sin embargo, encontramos que, en lugar de eso, el Proyecto de Presupuesto para 2023 prevé incrementar de forma desproporcionada los recursos destinados a los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que tan solo al Tren Maya se le destinan 145 mil 565 millones de pesos, cantidad que supera en más de tres veces la totalidad de los recursos que se asignarán a Yucatán para el próximo año.
Además, si bien se observan incrementos en las aportaciones federales, en subsidios y proyectos de inversión, se pueden identificar importantes disminuciones, mismas que ascendieron en términos reales a -22.2 por ciento respecto al presupuesto de 2022, entre los que destacan el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (-2.3 por ciento); en materia de Agricultura y Desarrollo Rural (-59.7 por ciento); los destinados a educación pública (-86.9 por ciento); en Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (-4.8 por ciento); y de Apoyos a la Cultura (-100 por ciento).
Ante este panorama desolador, se pone de manifiesto, una vez más, que al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, encabezado por López Obrador, nunca ha considerado prioritario el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los más necesitados, a los que mantiene adormecidos otorgando apoyos monetarios mediante programas clientelares que están lejos de sacar a los pobres de las condiciones de miseria, rezago y desigualdad en la que viven millones de mexicanos, entre ellos, a un millón 156 mil 900 yucatecos.
Por tanto, el PEF deja nuevamente en la orfandad e indefensión a quienes más necesitan, y otorga elementos para que el gobierno local siga argumentando falta de recursos para atender las necesidades de vivienda, educación, recursos para el campo, salud, servicios básicos, empleos mejor pagados, apoyo al deporte y la cultura, que tanto apremian a los yucatecos humildes.
A los antorchistas y a los pobres en general, no nos queda otro camino más que entender que estamos lejos de tener gobiernos preocupados verdaderamente por el sufrimiento de las grandes masas populares, no importa que se autodefinan gobierno de los pobres; debemos disponernos a mantener nuestra unidad y acrecentarla llamando a todos a tomar consciencia de la situación que vivimos y luchar por transformarla.
El modelo económico que Antorcha plantea para erradicar la pobreza, contempla cuatro aspectos fundamentales y que los gobiernos en turno deberían considerar seriamente: 1) Creación de empleos suficientes para todos aquellos en edad de trabajar y que quieran hacerlo; 2) Mejores salarios, que sean suficientes para resolver las necesidades de alimento, salud, educación y vivienda entre otras; 3) Aplicación de una política fiscal progresiva, donde todos paguen acorde a lo que ganan, que paguen más quienes más ganan y menos quienes cuenten con menores ingresos; y 4) Que el gasto social del gobierno favorezca más a las clases menesterosas del país mediante obras y servicios, indispensables para una vida digna.
Por eso, hay que decir que si bien el PEF no combatirá a fondo la pobreza, sí servirá al menos como paliativo a las numerosas necesidades que sufren los sectores más vulnerables, y el pueblo yucateco debe saber que, el incremento del 11.2 por ciento de los recursos en 2023, es totalmente insuficiente para remediar medianamente los males que aquejan a los 893 mil 200 yucatecos que sufren pobreza moderada y menos todavía a los 263 mil 700 yucatecos que viven en pobreza extrema, ya que estos están destinados esencialmente al aparato burocrático, mientras que se siguen deteriorando sectores esenciales para el desarrollo y las condiciones materiales de vida de las clases trabajadoras.
Esta es la realidad que vivimos millones de mexicanos y, por tanto, todos debemos actuar en consecuencia: concientizar la situación, organizarnos y luchar por una vida digna, la cual es necesaria y posible.
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