A cinco años de gobierno de la 4T se puede comprobar, sin ninguna duda, el rotundo fracaso de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a incrementar el bienestar de la población.
En esta ocasión, el objeto de este artículo es denunciar lo que ha ocurrido en el sistema de salud. El 1 de diciembre de 2018, en el zócalo capitalino, frente a todos los mexicanos que tenían la esperanza de que el gobierno actual fuera distinto y resolviera su miseria, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se haría realidad el derecho a la salud.
“[…] poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”, sostuvo. Ahora, que ya es junio de 2023, somos testigos de que esto fue una falsedad.
En primer lugar, se eliminó el Seguro Popular porque, de acuerdo con él, no era “ni seguro ni popular”. En su lugar, creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que destacó por su ineficiencia y tan mal se desempeñó que lo tuvieron que desaparecer en abril de este año.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2020 creció la población sin acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2 por ciento a 28.2 por ciento; es decir, 35.7 millones de personas.
Además, de acuerdo con algunos investigadores, disminuyó cuatro años la esperanza de vida de la población. Esto quiere decir que, si antes era probable que un hombre mexicano viviera hasta los 72 años, tras el mal manejo de la pandemia y el mal sistema de salud, ahora solo es probable que viva hasta los 68 años. La población pobre de México que se quedó sin acceso a salud ahora está pagando de forma privada las consultas y los medicamentos; esto se llama “gasto de bolsillo” y aumentó en 40 por ciento. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 2018 en promedio se gastaban las familias 2 mil 358 pesos en salud, pero ahora las familias tienen que gastar 3 mil 299 pesos.
En segundo lugar, el gobierno ha disminuido los recursos destinados a la salud, si no lo hizo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, sí lo está haciendo al momento de no darles los recursos a las instituciones encargadas. En los primeros tres meses del 2023, los recursos que destina el gobierno federal para el sector salud disminuyeron 19.9 por ciento respecto al 2022. Lo que más cayó fue el recurso destinado a programas de atención y prevención de enfermedades, en 42 por ciento. Además, en el Programa de Vacunación se tenían que dar 701 millones de pesos, pero solo se dieron 174, es decir que se recortó el 75 V.
En la atención a la salud en el trabajo se recortó el 5.4 por ciento y en la inversión funcional en salud cayó 5.4 por ciento y en los recursos para las funciones del sector salud, cayó en 33.9 por ciento. En cuanto al sistema de salud de los derechohabientes (IMSS, ISSSTE, SSA, Sedena), no se les dieron 15.5 por ciento de los recursos que se les tenían destinados. Estos recortes de los recursos los padecerán la población más pobre de México y los trabajadores del sector de la salud, como se está observando en Campeche.
El 7 de noviembre de 2022, un grupo de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Campeche, protestó por falta de equipo médico, medicamentos y malas condiciones de infraestructura del edificio en que laboran.
El 24 de febrero de 2023 se manifestaron trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Salud (SSA) en Campeche, la causa era que les debían tres quincenas de salario a alrededor de 1500 compañeros de trabajo. El 5 de junio de 2023, protestaron enfermeras del Hospital de la Mujer porque no les han pagado más de un mes de sueldo y no hay claridad en sus contratos con el sector público. En este último caso, el culpable directo es la 4T y el desorden que tiene en el sistema de salud federal, pues la falta de pago se debe a que les cambiaron los contratos de uno estatal a uno federal y finalmente no terminaron de hacerles el contrato; es decir, no saben quién les tiene que pagar y tampoco si siguen contratadas, eso sí, se encuentran laborando gratis, a pesar de que son el sustento de su familia.
Ante toda esta problemática, no queda otra más que organizarnos y luchar por nuestros derechos estipulados en la ley; el artículo 4 dice que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. El gobierno de la 4T no resolverá las carencias de la población más pobre de México, pues así lo ha demostrado en sus años de gobierno.
Lo único que nos queda es hacernos conciencia de que nadie salvará al pueblo si no es el pueblo mismo el que tome el poder en sus manos y se disponga a construir un país mejor.
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