Para todos es conocido el recorte presupuestal que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, hizo al presupuesto de egresos en lo que lleva de su mandato, y también la cantidad inagotable de programas sociales que le arrebató al pueblo de México. Esto a pesar de las sobradas recomendaciones por parte de institutos de gran prestigio en estudios socioeconómicos sobre que es necesaria la reducción de las desigualdades socioeconómicas y que debería ser esta una prioridad política para la región que persiste como la más desigual del planeta en el reparto de ingresos.
La Presidencia de la República publicó el 22 de noviembre de 2019 en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo del presidente López obrador por medio del cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del gobierno. Este establece que las obras del gobierno consideradas de interés público son todas aquellas que involucran a los sectores de salud, hidráulico, energético, medio ambiente, comunicaciones y telecomunicaciones, aduanero, puertos, fronterizo, turístico, ferrocarriles, aeropuerto, en suma, todos aquellos que se consideren prioritarios para el desarrollo y la “seguridad nacional”.
Pero, aunque frente todo foro al que se presenta se llena la boca diciendo que su gobierno se ha dedicado a limpiar el país de impostores y corruptos, defendiendo “la necesidad de priorizar la conclusión de las obras y que quien critique la falta de transparencia en este sentido es porque “no sabemos de generosidad”, lo cierto es que pruebas sobran de que no solo de quita a los mexicanos derechos humanos si no que nos miente el señor de la presidencia. Me ceñiré a tres ejemplos que expresan la calidad de este gobierno.
En primero lugar está la misma declaración que se hace en el DOF antes mencionado donde, sin llenar la documentación legal necesaria, López obrador indicó a las instituciones administrativas generales que otorgaran provisionalmente la autorización y agilizar el proceso para ejecutar las obras lo más pronto posible, es decir, no cumple con la “transparencia” de la que tanto habla y presume. En segundo lugar, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso en mayo del año pasado, sobre la cancelación del Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se gastaron 113 mil 327 millones 700 mil pesos, obra que se suplió por el nuevo y recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que, para no entristecer a la audiencia, no mencionaré la cantidad de irregularidades de funcionamiento que tiene, solo mencionaré que la ASF detectó irregularidades por 236.3 millones de pesos dentro de los que se encuentran la falta de documentación que justifique la adquisición de 49 predios aledaños al aeropuerto; los contratos cuya suma monetaria representa casi la cuarta parte del costo total (portal Diario de Yucatán del 21 de marzo) sin hablar de lo que mencioné previamente sobre las irregularidades de documentación. Tercero; la misma Auditoría ha presentado este año tres informes de la cuenta pública 2020 donde suman 60mil millones de pesos que siguen sin aclararse por obras del gobierno: 461.6 millones en la primera entrega, 12 mil 253 millones en la segunda y, 13 de febrero del año en curso, 48 mil 114 millones 900 mil pesos en la tercera entrega. En esta última se desglosan gastos de gobierno estatal municipal en la construcción del AIFA, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, sector salud, el Banco Bienestar, la CFE, programas sociales de Cuarta transformación entre otros (El financiero, 21 de febrero).
Sabemos también que la desigualdad y la pobreza extremas son resultado de la necesidad existencial del sistema económico actual mismo que deja a nuestro pueblo sin trabajo y, los que tienen, con sueldos escasos que, con la inflación agraviante en la que vivimos, no alcanza para la canasta básica y menos para pagar los muy elevados servicios de luz, agua, internet, etc. A todo esto, el Comité de Oxford de Apoyo Contra el Hambre (OXFAM) explica ampliamente como la disfuncionalidad del sistema, que ofrece escasos salarios, exige necesariamente medidas gubernamentales que les proporcionen a los individuos obras y servicios para poder satisfacer necesidades que no podrías satisfacer con su sueldo como salud, educación, luz, electricidad, drenaje, etc. Además, está comprobado que una sociedad alcanza un mayor desarrollo cuando todos sus individuos reciben estos servicios e infraestructura públicos. En México las condiciones apremian que se tengan programas sociales de este tipo, del tipo de las que López Obrador nos ha quitado a los mexicanos para llevarlas a sus obras cuyas irregularidades son impresionantes. El lema principal y agotado del mandatario de presidencia nacional es “primero los pobres”, pero de ser así, ¿dónde se está aplicando la promesa que hizo en campaña y continúa haciendo de que en su periodo la pobreza iba a disminuir porque iba a dar mejores oportunidades? ¿Dónde la disminución de la gasolina, el apoyo a las mujeres, el apoyo a las familias mexicanas? No hay, no existe con este gobierno.
Esto tiene una repuesta; el señor no sabe como se maneja la economía del país ni sabe identificar que el problema que nos aqueja no es moral, ni se trata de si somos buenos o malos. El pueblo debería aprender a analizar el discurso de López obrador e informarse sobre la verdad y la razón de fondo de su situación económica y social; mientras los pueblos no tengan lo servicios y la infraestructura totalmente cubierta, habrá mayor pobreza mental y económica.
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