Salaverna es una comunidad rural de Mazapil, municipio ubicado en la zona norte del semidesierto de Zacatecas, cuyos habitantes enfrentan hoy acciones de desalojo físico y presiones legales de una compañía minera del empresario Carlos Slim Helú, debido a un litigio que data de 2014.
El problema legal se inició ese año, cuando los pobladores de Salaverna, en su mayoría pobres y carentes de servicios urbanos, denunciaron a la empresa Minera Tayahua –subsidiaria del Grupo Frisco, propiedad de Slim Helú, y desde 2016 denominada Ocampo Minning– porque las cotidianas explosiones con que extrae oro, plata y cobre han reblandecido la estructura de sus casas, hundido suelos y contaminado fuentes de agua.
Pero en lugar de atender las demandas de la pequeña y humilde comunidad rural, la empresa minera ha reaccionado con prepotencia y, en fecha reciente, parte de su personal emprendió acciones violentas para forzar el desalojo de los habitantes. Las agresiones escalaron luego de que la Ocampo Minning interpusiera una demanda contra el defensor de Salaverna, Roberto de la Rosa Dávila, y su hijo para distraer a la administración de justicia del grave problema social y ecológico que está causando en esa región de Zacatecas.
Como parte de esta maniobra de distracción legal, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, acaba de citar a De la Rosa y a su hijo a una audiencia de orden penal, que celebrará el próximo 28 de febrero a las 11:00; y que los pondrá en riesgo de prisión porque la empresa de Slim sigue empeñada en extraer minerales preciosos a costa de derribar y contaminar casas, escuelas e iglesias en Salaverna y otras comunidades de Mazapil.
Además de estos daños, la compañía minera ha cerrado caminos o prohibido el paso sin importarle arrebatar a los habitantes de estas comunidades el libre acceso a sus hogares y mercados, y sin que las autoridades estatales y federales hagan nada para impedir sus arbitrariedades. En esta situación se hallan los pobladores de Nuevo Mercurio, Concepción del Oro, Vetagrande, Noria de Ángeles y Fresnillo, en donde los problemas de destrucción, despojo y contaminación son incluso más graves.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extracción de plata en Zacatecas se recuperó en 2021 y en mayo reportó una variación porcentual positiva del 199.4 por ciento. En números reales se obtuvieron 200 mil 773 toneladas de plata, cifra muy superior a la registrada en mayo de 2020, cuando se extrajeron 67 mil 52 toneladas. El mismo estudio reporta que Zacatecas se ubicó en el segundo lugar nacional en extracción de oro con mil 932 toneladas, cifra superior a las 350 toneladas de 2020.
Pueblos fantasmas, la otra cara
La riqueza que genera la extracción de minerales no beneficia por igual a sus protagonistas, a los más humildes incluso (los excavadores y extractores genuinos), solo les aporta salarios miserables, enfermedades de todo tipo, la destrucción de sus entornos vecinales y bienes ambientales.
Las “bonanzas” mineras siempre duran poco porque, luego de que sacan “todo el oro y toda la plata” dejan atrás pueblos fantasmas. Por esta experiencia han pasado muchas regiones de México, desde los tiempos de la colonia española, entre ellas el área donde se sitúa Zacatecas, que a la fecha padece los saqueos.
El referente obligado en esta entidad es la comunidad de San Felipe de Nuevo Mercurio, también en el municipio de Mazapil, cuya veta estuvo en auge de 1940 a 1970, cuando su población llegó a 10 mil habitantes; pero una vez agotada, el 95 por ciento de sus habitantes huyó del pueblo.
Hoy, Nuevo Mercurio es un pueblo fantasma con solo 300 pobladores que viven rodeados de 400 toneladas de residuos contaminantes que afectan su salud. En esa comunidad, la empresa estadounidense Rosicler extrajo oro, pero el yacimiento “tomó vuelo” hacia otros lados.
En el municipio Noria de Ángeles se encuentra abandonada la mina Real de Ángeles, que fue operada por el Grupo Frisco. Su explotación se efectuó a cielo abierto para extraer oro y plata hasta 1998, cuando se dejó después de casi 20 años de bonanza.
Hoy este lugar da la impresión de pertenecer a un planeta como Marte o un satélite como la Luna; pues solo hay cráteres y tierra gris donde nada crece; porque en las cientos de hectáreas que fueron de cultivo y pastoreo, solo quedó la contaminación que dejó la minera, que previamente desplazó de sus casas a los habitantes originales.
En el área donde estuvieron el caserío y la represa (noria) hoy se encuentra un enorme cráter, varios montículos de tierra, jales y acequias colmados con residuos de selenio, arsénico, plomo, mercurio y flúor, químicos con los que se tratan los minerales con plata, plomo, cobre y zinc.
Cerca de allí, a unos 20 kilómetros, se halla la mina El Coronel, asentada en el municipio de Ojocaliente, también propiedad de Slim. Su explotación es a tajo abierto, del que se extraen a diario 55 mil toneladas de roca, de las que se separan barras doré (lingotes con peso aproximado de 25 kg) de oro y plata.
Hace más de un año, los pobladores de varias comunidades, entre ellas San Juan de Carboneras, exigieron la reparación de sus viviendas, que están a punto de caer debido a los daños estructurales provocados por las explosiones de la empresa minera.
Se calcula que la mina obtiene 13 millones de onzas de oro cada año, mientras que los comuneros y ejidatarios, por arrendar sus tierras, recibieron cinco mil pesos por hectárea durante 30 años, es decir a 50 centavos el metro cuadrado.
Un conflicto económico involucró, en 2020, a las autoridades municipales de San Juan Carboneras y al hombre más rico de México, cuyos representantes se niegan a pagar una tarifa más alta del impuesto predial porque el Ayuntamiento considera que la empresa de El Coronel aporta mucho dinero a su dueño y éste debe pagar un poco más de la riqueza que extrae de sus tierras a cambio de dejar solo montones de tierra removida y contaminada.
Con ese dinero, los habitantes de la comunidad piensan cubrir sus necesidades más urgentes de infraestructura urbana, cuyas obras ahora están paralizadas debido a los recortes presupuestales ordenados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien resultó ser muy amigo de Slim Helú y a quien atribuyen la prepotencia con que actúa frente a su pueblo.
Los habitantes de San Juan recuerdan, asimismo, que el cobro de una tarifa distinta del predial es por demás justa, ya que en 2007 se le obligó a pagar nueve millones de pesos (mdp) de acuerdo con un avalúo catastral a la extensión del terreno que ocupa y explota.
Otro caso de maltrato a los lugareños se podujo en la unidad minera Santa Cruz, que operaba en la cabecera municipal de Vetagrande. En mayo de 2020, dicha empresa suspendió sus actividades debido a una orden de Remediación Ambiental impuesta por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), que se inició en 2014 y afectó el ingreso de al menos 319 trabajadores, ya que la compañía les quedó a deber dos millones 800 mil pesos en salarios e indemnizaciones.
Tras el cierre de esta mina, la población quedó en la incertidumbre absoluta porque se combinó con la emergencia sanitaria generada por el Covid-19; los habitantes de Vetagrande descubrieron que, además de quedarse sin empleos e ingresos, la mayoría de sus casas, aunque construidas con materiales firmes, tenían daños estructurales de diferente magnitud (cuarteaduras en pisos, paredes y techos) y que ya no podrían reclamar a la empresa porque ya había huido.
Los daños causados por la minera en la comunidad de Santa Cruz fueron más graves debido a que los socavones se hallan justo debajo de las casas y las explosiones las afectaban en línea vertical y directa, como lo denunció en su momento el presidente municipal Manuel González Acosta en 2020, quien se confrontó por esa razón con la compañía minera.
Más proyectos mineros
De acuerdo con la información de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, en febrero de 2020 había 715 concesiones mineras vigentes que amparaban la explotación de 488 mil 370 hectáreas (el 6.26 por ciento del territorio estatal) y que Zacatecas ocupaba el tercer lugar nacional con el 15.09 por ciento del valor de la producción minera.
La inversión directa en el sector era de 543.9 millones de dólares (mdd). Actualmente, la minería genera 13 mil 456 empleos en el estado y el salario de los mineros es de 923.23 pesos, monto que supera con mucho al mínimo promedio del resto de los trabajadores, que corresponde a 373.00 pesos. Sin embargo, la mayoría de las contrataciones son temporales.
En este año se ha informado que existen varios proyectos de explotación futura. Entre ellos se encuentra uno de la empresa canadiense Orla Minning, que considera la posibilidad de que la estadounidense Newmont Corporation procese los minerales en la planta Peñasquito una vez que se extraigan de la mina Camino Rojo, asentada en Mazapil.
Emplea a mil 45 trabajadores en actividades de construcción, de los cuales solo 45 por ciento es zacatecano, 17 por ciento de comunidades cercanas y 28 por ciento de otras partes del estado. El 55 por ciento restante proviene de otras entidades de la República.
Roberto de la Rosa Dávila, defensor de los ejidatarios de Salaverna, considera que es urgente que los gobiernos del país modernicen su perspectiva sobre la explotación minera y, sobre todo, que exijan a las empresas que compensen mejor a los campesinos y municipios cuyas tierras explotan para evitarse conflictos sociales derivados de malos pagos y la generación de daños ecológicos.
Todos los problemas provocados por las compañías mineras en las poblaciones rurales de México –modificación del medio ambiente, contaminación de agua, desplazamiento forzado de pobladores, daños estructurales de los hogares y destrucción de pueblos enteros– podrían aminorarse sustancialmente si el Gobierno Federal impone reglas de operación justas y les exige su respeto absoluto.
También podrá evitarse mediante acciones preventivas de mediano y largo plazo para, una vez agotados los yacimientos, impedir que las empresas huyan de los sitios explotados y dejen todo destruido, pobreza, cráteres y residuos contaminantes, añadió De la Rosa Dávila.
Sin embargo, mientras los gobiernos de México se deciden a actuar con la debida corrección y justicia, las compañías mineras –sin duda las que mejor expresan con detalle la explotación extrema del sistema capitalista– harán mucho más ricos a unos pocos, destruyendo a la bondadosa naturaleza, casas, caminos y pueblos enteros, contaminando veneros, ríos y lagunas; y sin pagar impuestos.
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